Proceso
Cierre de empresas públicas: Mi Teleférico y otras "sociales" se salvan, el resto será liquidado o transferido a terceros
A las empresas sociales como Mi Teleférico “no se las va a tocar”, mientras que el resto serán liquidadas o transferidas a terceros que ya expresaron interés en tomar el control, de acuerdo con la política definida para la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas que dependen del Gobierno central.
El Decreto Supremo 5727, aprobado la noche del jueves, traza el camino para definir la suerte de las más de 60 empresas estatales creadas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), de las cuales un número importante representa una carga económica para las arcas del Estado porque son deficitarias y tienen un pronóstico de viabilidad sombrío.
El ministro de Economía, Christian Morales, informó que una resolución detallará los pasos que se deberán seguir para dar cumplimiento al Decreto 5727, aunque adelantó que aquellas empresas con un enfoque social serán preservadas, justamente por el fin que cumplen, aunque no dio mayores detalles.
“Obviamente hay algunas empresas que no se las va a tocar porque tienen algún fin social, como por ejemplo Mi Teleférico, pero hay otras que están en el marco de este diagnóstico técnico que hizo la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) que vamos a determinar con esta resolución cómo proseguir”, explicó en el programa “Contacto Bolivia”.
De las 67 empresas públicas identificadas, al menos 20 tienen una situación crítica. Muchas de estas firmas tienen problemas relacionados con la falta de estudios de preinversión, ausencia de derecho propietario consolidado y dificultades para operar de manera sostenible, además de deudas tributarias acumuladas que superan los Bs 8.100 millones.
Parte de este análisis de reorganización, disolución y/o liquidación también contempla la posibilidad de entregar a terceros la administración de algunas de estas firmas. “Tenemos en algunas empresas algunas intenciones de que podrían ser administradas por un grupo de personas, incluso miembros de algunas comunidades, que obviamente van a permitir dar cierto margen de acción para ver cómo proseguimos”, adelantó.
Sin embargo, por el momento no están definidos los procedimientos, entre ellos, cómo se obrará con los activos de las empresas.
La administración de Paz declaró “de prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado”. Diferentes actores políticos, principalmente, exigían al Gobierno tomar decisiones sobre estas compañías como parte de las medidas para reducir gastos y achicar el Estado.
Morales informó que una resolución terminará de precisar el proceso y anticipó que también deberá contemplar el pago de beneficios sociales, porque los trabajadores de algunas empresas fueron contratados bajo la Ley General del Trabajo, así como el tratamiento de los activos, debido a que fueron creadas principalmente con créditos del Banco Central de Bolivia (BCB).
“Hay varias formas dentro de estas empresas. La gran parte sí está dentro de la Ley General del Trabajo y, obviamente, conlleva algunos costos adicionales”, explicó.