lunes 9 de noviembre de 2026

Recursos naturales

Comunarios de Chipihuayco y mineros se enfrentan por un ojo de agua que abastece a la población

Como consecuencia de las agresiones, cinco personas resultaron heridas: dos de ellas, quienes trabajarían para la empresa minera, uno que dijo ser de Santa Cruz y otro de nacionalidad uruguaya; además, dos varones y una mujer de la comunidad originaria.
Chipihuayco, comunidad que se halla en el ayllu Talina, que defiende un ojo de agua de la minería aurífera. Foto: Mi querida tierra Chipihuayco
Chipihuayco, comunidad que se halla en el ayllu Talina, que defiende un ojo de agua de la minería aurífera. Foto: Mi querida tierra Chipihuayco

Comunarios de Chipihuayco, ubicada en el ayllu Talina, en el municipio de Villazón, departamento de Potosí, se enfrentaron con trabajadores de una empresa minera que opera en la zona por la defensa de un ojo de agua que abastece a esa población, según el informe del comandante de Frontera Policial de Villazón, Luis Fernando Cardozo.

Los habitantes, que se dedican a la agricultura, ya denunciaron el pasado 12 de octubre que estaban enfrentados con una empresa minera porque corrían el riesgo de quedarse sin agua debido a la explotación aurífera y al uso de ese recurso, destinado al consumo humano, para el lavado del mineral.

Según la denuncia, la empresa minera Katerin tiene cuatro tanques en la comunidad, con una capacidad de 10 mil litros cada uno, donde cargan agua destinada al consumo humano. “Es agua potable y ellos han llevado a su estanque, a la cisterna para hacer el lavado del oro. Lamentablemente nuestra comunidad de Chipihuayco se quedó sin consumo básico que es el agua”, denunció uno de los dirigentes en esa ocasión.

Sostuvo que hay carencia de agua y animales muertos. Inclusive, está en riesgo el cementerio, que se encuentra ubicado a menos de 60 metros de donde opera esa empresa, a pesar de que lo prohíbe la Ley de Minería.

El domingo pasado se registraron agresiones físicas entre los pobladores y los mineros. Si bien existe un problema de fondo por la explotación minera en esa zona, en esta ocasión el conflicto se habría iniciado por la defensa de un ojo de agua que abastece a esa comunidad.

Los comunarios manifestaron que la empresa estaba intentando sacar agua de un ojo que no estaría contemplado en su cuadrícula, por lo que reaccionaron y recibieron una respuesta por parte de los trabajadores, lo que derivó en agresiones físicas mutuas, informó el jefe policial a El Diario Informativo Villazón.

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De acuerdo con Cardozo, dos personas, presuntamente de nacionalidad extranjera, fueron conducidas por los comunarios al lugar de reuniones de Chipihuayco, en una acción directa de aprehensión por particulares, y posteriormente fueron trasladadas al hospital San Roque de Villazón. Además, tres personas de la comunidad, dos varones y una mujer, también resultaron heridas.

El jefe policial aclaró que uno de los aprehendidos se identificó como boliviano, de Santa Cruz, y el otro como de nacionalidad uruguaya, aunque ninguno contaba con la documentación correspondiente.

El caso fue remitido al Ministerio Público, que deberá determinar si las identidades proporcionadas por los dos hombres son correctas y deberá informar sobre su relación con la empresa minera y el motivo de su presencia en esa comunidad.

Desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre el uso de armas de fuego o armas blancas, porque no se encontraron armas de fuego ni heridos por armas punzocortantes, aunque sí se evidenciaron residuos de petardos que fueron reventados. Las heridas fueron provocadas por objetos contundentes, como palos y piedras, precisó.

Recordó que anteriormente se había firmado un acta de no agresión para esperar los informes de las instituciones competentes, como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Autoridad de la Madre Tierra, sobre los ojos de agua, las cuadrículas y la legalidad de la empresa.

Sin embargo, aclaró que el conflicto de este domingo será tratado como un caso aislado porque, según los comunarios, no se originó por la explotación minera en sí, sino por el agua que estaría fuera de la cuadrícula.

Informó que en este momento una patrulla se encuentra en la comunidad y que en horas de la tarde se realizará el relevo. Aunque aclaró que se solicitó el apoyo de personal para que haya una presencia permanente, a fin de prevenir posibles enfrentamientos.

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Este conflicto se registró días después de que la AJAM interviniera en esa zona, el 29 de octubre, cuando identificó a más de 50 personas realizando labores simultáneas de extracción aurífera, más de una decena de pozos abiertos en un cerro y una poza artificial para la concentración de mineral.

El operativo fue activado a partir de denuncias que alertaban sobre actividades extractivas en las cercanías de la comunidad de Chipihuayco, las cuales pudieron ser confirmadas posteriormente por la AJAM.

En la inspección del área minera denominada “Juanita Ruiz I”, se encontraron decenas de excavaciones sobre la ladera del cerro, grandes cantidades de tierra removida y personas que utilizaban picotas, palas, baldes, mangueras y otros implementos para extraer oro, informó esa institución.

Además, se identificaron 30 motocicletas utilizadas para el traslado de los trabajadores y, mediante un dron, se pudo identificar una poza artificial destinada a la concentración del mineral, informó la institución.

Según el informe, la intervención estuvo marcada por hechos de extrema gravedad, ya que los funcionarios recibieron amenazas de ser rociados con gasolina y prendidos fuego.

“Estamos frente a una actividad extractiva que no solo opera al margen de la normativa, sino que compromete los recursos que pertenecen a todos los bolivianos. La AJAM tiene la responsabilidad de intervenir y hacer cumplir la ley, porque ninguna actividad minera puede estar por encima del Estado”, afirmó el director departamental de Potosí de la AJAM, Óscar Santos Orellana.

Según la AJAM, el sector intervenido se encuentra únicamente en trámite de solicitud de Contrato Administrativo Minero, una condición que no habilita el inicio de actividades extractivas.