Nuevo decreto
¿Qué representa el Decreto Supremo 5727? Analistas señalan que es un “punto de inflexión” y un “paso concreto” para reducir el déficit
El economista Gonzalo Vidaurre señaló que la promulgación del Decreto Supremo 5727, por parte del Gobierno, es un punto de inflexión en la gestión pública para reducir el déficit fiscal. En tanto, Fernando Romero, economista y secretario de Economía de la Gobernación de Tarija, sostuvo que la norma es un “paso importante y concreto” para terminar con el gasto público que se destina a las empresas públicas.
El jueves en la noche, el presidente Rodrigo Paz puso en vigencia el Decreto Supremo 5727, que establece como prioridad la “reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas del nivel central del Estado” y establece el procedimiento que deberá seguirse para definir el futuro de cada una.
En contacto con Visión 360, Vidaurre indicó que la norma promulgada es “un punto de inflexión” en la gestión pública para reducir el déficit fiscal, pero agregó que el decreto aún es insuficiente.
“Estamos de acuerdo con que estamos en una tremenda crisis fiscal y que tenemos que superar el déficit. La norma planteada marca un punto de inflexión muy importante en la política gubernamental, porque todos estábamos esperando señales de reducción efectiva del gasto público, pero hasta el momento no veíamos nada. Este decreto marca un punto de inflexión en la gestión pública para tratar de reducir lo que más nos molesta, que es el déficit fiscal”, señaló el economista.
Agregó que el decreto es “una medida necesaria, pero todavía es insuficiente, porque hay que ajustar” las más de 60 empresas estatales que “la Oficina de Empresas Públicas ha identificado y que más de 10 estaban con pérdida técnica acumulada”.
En tanto, para Romero, el decreto busca organizar las finanzas del Estado y tratar de reducir el déficit fiscal, porque “los gastos que ha tenido el Estado han sido mayores que sus ingresos desde hace dos años consecutivos”.
“Hoy se toma un paso importante con ese decreto, se toma un paso concreto, porque precisamente busca organizar las finanzas estatales a través de uno de los factores que ha generado, o ha sido un pilar, yo diría importante, el déficit fiscal que estamos viviendo ya dos años consecutivos y que por temas más ideológicos o políticos se han creado o se han mantenido empresas públicas o estatales las cuales no han generado más que un daño económico y han sido inversiones totalmente nefastas”, sostuvo Romero.
Explicó que el Decreto Supremo 5727 no es un paso para privatizar las empresas públicas porque estas son “activos de todos los bolivianos”, y que lo que se busca es que el “déficit fiscal” se reduzca.
En abril de esta gestión, el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, señaló que al menos 15 de 67 empresas públicas creadas durante los dos gobiernos del Movimiento Al Socialismo están en quiebra técnica y reportan pérdidas por Bs 2.655 millones.
“La OFEP presenta los números reales. De 67 empresas públicas bolivianas, la mayoría opera con pérdidas permanentes, con insuficiente generación de ingresos propios y creciente dependencia de deuda. Hoy ya tenemos 15 empresas con quiebra técnica, éstas acumulan una pérdida de 2.655 millones de bolivianos, un patrimonio negativo de 1.901 millones de bolivianos”, detalló Camacho en ese entonces.
El decreto establece que las decisiones sobre la reorganización, disolución y/o liquidación deberán basarse en el diagnóstico técnico elaborado por la OFEP, que posteriormente deberá ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública.