SOBOCE enfrenta requerimiento de pago de Bs 744 millones a favor de FANCESA y advierte impacto para las empresas

La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) informó este jueves que fue notificada por el Juzgado Público Civil y Comercial 11 de Sucre con un requerimiento de pago por Bs 744.315.432 a favor de la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA), en el marco de un proceso por supuesta competencia desleal.

Según el comunicado difundido por la empresa, la notificación establece un plazo de 20 días para cumplir con el pago. SOBOCE advirtió que, una vez vencido ese periodo, podría activarse un proceso de ejecución coactiva.

La compañía cuestionó esa posibilidad y sostuvo que la resolución que se pretende ejecutar continúa sometida a control constitucional. En particular, señaló que está pendiente de resolución una solicitud de medida cautelar presentada ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la que busca paralizar la ejecución mientras se resuelve una queja por el supuesto incumplimiento de la Resolución Constitucional 136/2025.

Un proceso que se remonta a 2013

El conflicto judicial entre ambas empresas tiene antecedentes que se remontan a la década pasada. En 2013, FANCESA obtuvo una sentencia favorable en un proceso por competencia desleal contra SOBOCE. Ese fallo fue posteriormente confirmado por otras instancias judiciales.

El litigio derivó después en una demanda de resarcimiento de daños y perjuicios. En junio de 2026, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante el Auto Supremo 1190/2026, declaró infundado el recurso de casación presentado por SOBOCE y mantuvo la decisión que establece el pago de Bs 744.315.432 a favor de FANCESA.

La resolución del TSJ fue emitida en cumplimiento de la Resolución Constitucional 136/2025, que había dejado sin efecto un fallo anterior y ordenado emitir una nueva resolución con una fundamentación sobre los cuestionamientos planteados por SOBOCE.

En el Auto Supremo 1190/2026, el TSJ sostuvo que la cuantificación de los daños había sido establecida mediante la actividad probatoria desarrollada durante el proceso. El fallo también recoge que FANCESA reclamó daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivados de la competencia desleal.

SOBOCE cuestiona el concepto de “daño al proyecto de vida”

Uno de los principales cuestionamientos de SOBOCE está relacionado con la inclusión del denominado “daño al proyecto de vida” dentro de la cuantificación de los daños.

La empresa sostiene que ese concepto fue incorporado pese a que, según su interpretación del proceso, no formaba parte de la demanda original y considera que su aplicación a una sociedad comercial constituye un precedente que podría generar incertidumbre jurídica para otras empresas.

El Auto Supremo 1190/2026 recoge una interpretación distinta: señala que la demanda comprendía daños patrimoniales y extrapatrimoniales y que la cuantificación final debía establecerse a partir de la prueba producida durante el proceso.

SOBOCE sostiene ahora que la eventual ejecución de la sentencia generaría un precedente negativo para la seguridad jurídica y podría afectar las condiciones para la inversión y el financiamiento empresarial en Bolivia.

La empresa alerta sobre sus obligaciones financieras

Otro de los argumentos expuestos por la cementera está relacionado con su condición de participante del mercado de valores.

SOBOCE señaló que mantiene obligaciones frente a tenedores de bonos, entidades financieras, inversionistas, proveedores y otros acreedores, por lo que una ejecución por Bs 744,3 millones tendría, según la empresa, efectos sobre sus niveles de liquidez y capacidad de inversión.

La compañía también afirmó que una eventual ejecución podría tener repercusiones sobre empleos y sobre distintos sectores vinculados a su actividad industrial.

SOBOCE evalúa acudir a instancias internacionales

La cementera anunció que analiza nuevas acciones para defender sus derechos y que contempla agotar las vías legales nacionales y evaluar mecanismos de arbitraje internacional.

También aseguró que adoptará medidas destinadas a preservar los derechos de sus trabajadores y garantizar la continuidad de sus operaciones, así como el cumplimiento de sus obligaciones con clientes, proveedores, acreedores y tenedores de bonos.

El caso vuelve así a una etapa decisiva: mientras FANCESA cuenta con una resolución judicial que mantiene el pago de Bs 744,3 millones, SOBOCE sostiene que existen actuaciones constitucionales pendientes que deberían ser resueltas antes de ejecutar el cobro.