Decisión
Paz promulga ley y libera a las gobernaciones de pagos por más de Bs 209 millones
Más de Bs 209 millones fueron liberados de las obligaciones de pago de las gobernaciones, lo que representa un alivio inmediato a la difícil situación financiera departamental. Se trata de los prediarios para los reclusos y del bono de vacunación que, junto a otras responsabilidades, dejarán de pagar las gobernaciones al transferirse estas competencias al Gobierno central.
En un acto en el viejo Palacio Quemado, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley que restituye a la administración central competencias que se transfirieron a las gobernaciones durante el gobierno del expresidente Evo Morales, apoyadas en los ingresos que recibían provenientes, principalmente, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
La declinación de la producción hidrocarburífera representó menores ingresos y hacía complejo el cumplimiento de asignaciones que no habían sido acompañadas con presupuesto, por lo que la ley puesta en vigencia este miércoles representa un alivio directo en las cuentas de las gobernaciones de Bolivia.
Se trata de más de Bs 209 millones de los que ahora podrán disponer las gobernaciones. “Felicitar a los gobernadores porque asumieron en una mesa de consenso [esta ruta]: no es imponiendo, es consensuando; no es amenazando, es sentándonos y diciéndole al país que entre bolivianos podemos sentarnos a la mesa, consensuar y construir un nuevo Estado”, afirmó Paz.
Los gobernadores de siete de los nueve departamentos estuvieron en el acto de promulgación de la ley, además del presidente del Senado, Diego Ávila. A partir de la vigencia de la norma, el Gobierno asumirá el pago de prediarios, del bono de vacunación y de otras responsabilidades relacionadas con el lago Titicaca, la Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo y los servicios de mejoramiento de la navegación amazónica.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó a nombre de sus colegas que este es un paso importante en la profundización de la autonomía y en la generación de mayor holgura en los presupuestos departamentales, sobre todo en un momento económico complejo, no solo para el Gobierno nacional, sino para el resto de los subgobiernos.
La ley se da en momentos en los que comenzó un proceso hacia la construcción de la agenda para la redistribución de los recursos públicos bajo la fórmula 50-50. Las autoridades de las gobernaciones y alcaldías exigen agilizar este trabajo y que comience ya en 2027, dentro del Presupuesto General del Estado.
“El 50-50 es irreversible, como el federalismo”, afirmó el presidente en el acto que precedió a una reunión con alcaldes de las nueve ciudades capitales, más El Alto —efectuada el martes—, y con siete de nueve gobernadores.