Cochabamba: instituciones gubernamentales inspeccionan un río afluente de Misicuni y solicitan informes

La Gobernación de Cochabamba, la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y la Alcaldía de Quillacollo inspeccionaron el río Serketa, afluente que alimenta la represa Misicuni, luego de identificarse actividades mineras ilegales en la cuenca. Además, solicitaron informes a la Empresa Misicuni y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Sin embargo, la asambleísta departamental Claudia Martínez criticó la demora en las acciones de dichas instituciones.

La inspección comenzó cerca de las 09:00 en la cuenca del río Serketa, en el sector donde operaba la empresa El Dorado. En la actividad participaron asambleístas de Alianza Unidos por los Pueblos y funcionarios de la Gobernación, según confirmó el legislador departamental Saturnino Nina.

“Estamos yendo a inspeccionar al Misicuni. Estamos yendo asambleístas y de la Gobernación, luego vamos a dar una conferencia de prensa para dar a conocer la situación”, indicó el asambleísta en un breve contacto con Visión 360.

En una reunión realizada el 12 de este mes, la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos conminó al Sernap y a la Empresa Misicuni a “remitir la información solicitada en un plazo de 24 horas respecto a las actividades mineras existentes al río Serketa”.

La inspección de la ALD se realizó cuatro días después de que la legisladora Martínez denunciara actividades mineras en la cuenca del río Serketa. En una entrevista con este medio, criticó “el lento accionar” de las autoridades departamentales y de otros asambleístas.

“Ayer hubo una inspección por parte de la AJAM con concejales del municipio de Cercado. Han ido a constatar un movimiento minero ilegal importante justo a pocos metros del río Serketa, más propiamente en las laderas, donde había una afectación de más o menos tres hectáreas que habían sido cercenadas por el movimiento minero. Y hoy están yendo los asambleístas del bloque mayoritario, pero es lamentable que se hayan tenido que esperar cuatro días, en los que ha llovido, cuatro días en los que han podido hacer desaparecer maquinaria. Las maquinarias que estaban ahí, ya no están. Se retiraron”, indicó Martínez.

La denuncia sobre la presencia de asentamientos mineros fue realizada el pasado 9 de este mes mediante la publicación de un video en su cuenta de Facebook, en el que aseguró que las aguas que consumen los cochabambinos están contaminadas con mercurio.

Posteriormente, la AJAM constató la presencia de actividad minera ilegal en inmediaciones de la cuenca del río Serketa. El director ejecutivo de la entidad, Jaime Sanabria, informó que la empresa que explotaba el lugar contaba con derechos mineros otorgados en 2005, pero que estos no fueron renovados.

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“Las cuadrículas y el derecho minero han sido otorgados por la AJAM del Gobierno del MAS. Este derecho preconstituido ha sido otorgado el año 2005, pero ha dejado de pagar patentes mineras desde el 2014. El acto productivo es un empresario unipersonal cuyo nombre es José Luis Eulogio Mir Franco, cuya empresa se llama El Dorado, que está ubicado en la provincia Quillacollo, municipio de Quillacollo”, sostuvo Sanabria.

Tras identificar la actividad, Sanabria manifestó que se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por el delito de minería ilegal y anunció que se revertirán los derechos mineros.

“Vamos a proceder al decomiso o destrucción de la maquinaría y del arresto de los que resultaren autores o encubridores de este hecho. La AJAM ha implementado un proceso de reversión para el área minera, lo que significa que vamos a extinguir los derechos en el área”, dijo.

Para Martínez, las decisiones asumidas por la AJAM representan “un avance pequeño”, debido a que las personas que trabajaban en el lugar y la maquinaria pesada ya no se encuentran allí.

“Estamos contentos con el resultado, un avance pequeño, pero es algo, sin embargo, esto va a costar demasiado, no es solamente que hoy día no los han encontrado, porque han huido del lugar, no están las personas ni la maquinaría. Estoy segura que esa gente va a volver, porque hace falta presencia del Estado en esos lugares”, sostuvo.