Ampliado
Fencomin exige destitución del ministro de Minería y lo acusa de fomentar el paralelismo sindical
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) se declaró en estado de emergencia y amenazó con movilizaciones si el Gobierno del presidente Rodrigo Paz no destituye a los ministros de Minería y Trabajo. Tras un ampliado en Oruro, la organización acusó a las autoridades de fomentar el paralelismo sindical, exigió la abrogación del Decreto Supremo 5716 y demandó soluciones inmediatas a la escasez de combustible y explosivos que paraliza al sector.
Además, exigió que se dé vía libre a la importación de explosivos con arancel cero y el abastecimiento garantizado de combustible, y rechazó la política económica de decretos, ante la falta de un plan de Gobierno serio que permita enfrentar la crisis económica que afecta al país; y pidió transparentar los acuerdos con el FMI y demandó una reducción drástica del gasto público, advirtiendo con medidas de presión en caso de no ser escuchados.
La Fencomin, en un ampliado realizado en la ciudad de Oruro, exigió la destitución de los ministros de Minería, Marco Antonio Calderón, y de Trabajo, Williams Bascopé, a quienes responsabiliza de fomentar el paralelismo y el debilitamiento de esa organización y de convalidar resoluciones contrarias e inconstitucionales que afectan al cooperativismo minero.
Ratificó que solo existe una Fencomin, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley de Cooperativas, por lo que rechaza cualquier intento de división, paralelismo o desconocimiento de la representación del movimiento cooperativo, en referencia a la participación de la Federación Regional de Cooperativas Auríferas (Ferreco) y la Federación de Cooperativas Auríferas del Norte de La Paz (Fencoman) en las reuniones promovidas por Calderón, que sustituyeron a la Cumbre Nacional de Minería.
El encuentro refrendó la unidad del sistema cooperativo, representada por Fencomin, las federaciones departamentales, regionales y cooperativas de base, preservando su institucionalidad, estructura orgánica, autonomía y representación nacional.
Entre otras de las demandas está la abrogación inmediata del Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención del diésel, cuyo precio fue fijado en Bs 17,95, por considerar que esa disposición gubernamental afecta negativamente a los sectores vulnerables de la población y particularmente a las condiciones económicas y sociales de las familias que integran la actividad productiva del país.
La organización exige al Gobierno el abastecimiento de combustible destinado al desarrollo normal de las actividades productivas de las cooperativas mineras; además, se exige establecer mecanismos ágiles, transparentes y permanentes de abastecimiento que eviten la paralización de las operaciones mineras.
También demanda garantizar el suministro suficiente de material explosivo, conforme a la normativa vigente y a los procedimientos legales establecidos para garantizar la continuidad normal de las actividades productivas de las cooperativas mineras.
Plantea que se les permita la libre importación de material explosivo, modificando para la Ley 400, además de la implementación de un régimen simplificado para la adquisición de material explosivo destinado a actividades mineras autorizadas, con el acceso cero para la importación y cero por ciento de carga tributaria.
Otra de las demandas del sector es que se transparente y se hagan conocer las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, incluyendo información sobre el monto total de la operación, tasas e intereses aplicables, plazos y condiciones de pago.
También exige al Ejecutivo la adopción de medidas efectivas de racionalización y reducción del gasto público, priorizando la optimización de los recursos del Estado de inversión productiva, servicios esenciales, detención de las necesidades de la población.
“La crisis económica que tenemos afrontada, entre todos, desde el presidente, ministros y funcionarios del Estado, que aún continúa recibiendo jugosos sueldos, mientras la población volvía a la tiranía y era sufriendo por el incremento de la canasta familiar”, argumenta.
Exige la revisión y evaluación de la renta vitalicia otorgada a expresidentes, en el marco de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, como parte de las medidas de autoridad y racionalización del gasto público.
Además, decidió conformar un comité nacional en defensa de la soberanía y respeto al pueblo boliviano, que estará integrado por representantes de las federaciones departamentales y regionales, bajo coordinación de Fencomin, y advierte con asumir todas las medidas de presión, en el marco del estado de excepción vigente, en caso de no ser escuchados por el Gobierno.
“Este comité tendrá la responsabilidad de coordinar con otros sectores sociales y proponer conforme a las determinaciones orgánicas y al desarrollo de la realidad del país, la oportunidad, modalidad, tiempo y lugar de las acciones de movilización que correspondan”.
Rechaza que el Gobierno continúe gobernando a través de decretos supremos, lo que muestra la ausencia de un plan de Gobierno serio y, como resultado de esas medidas improvisadas, ante la ausencia de un plan, no se afronta con responsabilidad la crisis económica que viene afrontando el país, que afecta a los sectores más empobrecidos.
La organización se declara en estado de emergencia ante el incumplimiento de la agenda definida con ese sector y la falta de atención oportuna por parte del presidente y sus ministros, a objeto de adoptar acciones en contra de las políticas que afectan a ese sector.