Solicitud
Defensoría pide mesura ante situación del Ministerio Público y advierte sobre riesgos para la ciudadanía
La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades públicas a actuar con “responsabilidad institucional y mesura” ante la situación que atraviesa el Ministerio Público, y pidió evitar cualquier acción que interfiera en su funcionamiento o genere incertidumbre en la ciudadanía.
Durante las verificaciones realizadas por la institución, se evidenció la presencia de fiscales de materia y personal de apoyo desempeñando sus funciones. Asimismo, se constató la recepción de trámites y la atención continua de causas, en resguardo del debido proceso y del acceso ininterrumpido a la justicia.
A través de un pronunciamiento oficial, la Defensoría señaló que la autonomía institucional constituye una garantía no solo para el órgano encargado de ejercer la acción penal pública, sino también para la sociedad y para toda persona sometida a una investigación.
En ese marco, consideró fundamental preservar la continuidad y regularidad en el funcionamiento del Ministerio Público, a fin de garantizar la atención a la población y el ejercicio de sus derechos. Por ello, exhortó a las instancias competentes a adoptar las medidas que correspondan en el marco del ordenamiento jurídico vigente, con transparencia, fundamentación y seguridad jurídica.
La institución también recordó que toda actuación investigativa o procesal debe desarrollarse con independencia, objetividad, imparcialidad y debida diligencia, en estricta observancia de las garantías constitucionales.
La Defensoría reafirmó su compromiso de realizar el seguimiento correspondiente, dentro del ámbito de sus competencias, para velar por la protección de los derechos humanos y el respeto al Estado Constitucional de Derecho.
El pronunciamiento se conoce en medio de la situación que enfrenta el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuyo alejamiento se complica mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional analiza alternativas para evitar un vacío en la conducción del Ministerio Público. Horas después de iniciar el tratamiento de la situación de Mariaca, los legisladores determinaron que es necesario modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, específicamente en lo relativo a las causales de cesación y destitución del fiscal general.
A partir de esa decisión, las cámaras de Diputados y de Senadores comenzaron sesiones por separado para avanzar en el trámite de modificación de la normativa.
El Gobierno de Rodrigo Paz exige que Mariaca sea alejado del cargo y se active el proceso de designación de una nueva autoridad, luego de que fuera identificado como parte central de una estructura delictiva vinculada al narcotráfico.
Fue capturado el miércoles, junto al exfiscal de Santa Cruz Alberto Zeballos y al fiscal superior de Sucre Martín Irusta. La Fiscalía los imputó por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, y pidió seis meses de detención preventiva.