Frontera
Argentina limita el comercio fronterizo con Bolivia y crece la preocupación en localidades de Salta
Las nuevas disposiciones aduaneras de Argentina para el comercio vecinal con Bolivia comenzaron a generar cuestionamientos en las localidades salteñas de Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde el intercambio comercial constituye una de las principales actividades económicas. Autoridades locales y representantes del sector advierten que las restricciones podrían perjudicar a comerciantes formales y exigen aclaraciones sobre su aplicación, según informaron El Tribuno y El País de Tarija.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los cambios mediante la resolución general 5910/2026, publicada en el Boletín Oficial argentino. La normativa, cuya vigencia comienza este sábado, busca reforzar los controles y evitar operaciones reiteradas o fraccionadas que permitan desviar mercaderías hacia circuitos comerciales no autorizados.
Entre las principales disposiciones figura un límite de 150 dólares diarios por persona para el valor de los productos que pueden salir de Argentina bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo. También se prohíbe la salida de alimentos, como harina y azúcar, en envases superiores a 10 kilos o su equivalente en volumen, además de la venta de combustibles a compradores bolivianos cuando sean transportados en bidones, tanques suplementarios u otros recipientes.
Aguas Blancas cuestiona la efectividad de las medidas
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, calificó la decisión como inconsulta y expresó dudas sobre su capacidad para frenar las prácticas que las autoridades argentinas buscan combatir.
Aunque consideró razonable la prohibición del transporte de combustible en recipientes, sostuvo que la restricción no impediría que una persona cruce la frontera en su vehículo particular, cargue combustible y regrese a Bolivia, incluso de manera reiterada.
Zigarán también advirtió sobre las posibles consecuencias económicas de las nuevas reglas, especialmente en la recaudación y el movimiento comercial de la zona. En ese contexto, señaló que el puesto de control inaugurado en Caraparí, en Salvador Mazza, está vinculado con operaciones comerciales que podrían verse limitadas por las disposiciones.
A su juicio, si las restricciones no están acompañadas de un mayor control de los pasos clandestinos, algunas operaciones podrían trasladarse hacia circuitos ilegales en lugar de desaparecer.
Comerciantes solicitan una prórroga de 30 días
En Salvador Mazza, la presidenta de la Cámara de Comercio local, Norma Gareca, cuestionó la falta de precisiones sobre la aplicación de las nuevas medidas y planteó dudas respecto a su compatibilidad con las políticas nacionales que promueven el comercio y la circulación.
La representante del sector advirtió que algunos comerciantes realizaron compras con anticipación y que la entrega de mercaderías puede demorar entre 10 y 15 días. Por ello, considera que la implementación inmediata de las restricciones podría generar dificultades para cumplir compromisos comerciales previamente asumidos.
Ante esta situación, la Cámara de Comercio presentó una solicitud de flexibilización transitoria por 30 días y prepara nuevas gestiones con asesoramiento jurídico. También mantiene contactos con entidades comerciales de otras localidades fronterizas y con representantes del sector boliviano.
Incertidumbre sobre los límites y los controles
Entre las principales dudas del sector comercial figuran la interpretación de los límites por peso y volumen, el tratamiento de los productos líquidos y los procedimientos que utilizará la Aduana para controlar las cantidades permitidas.
Los comerciantes consideran que las particularidades del intercambio fronterizo requieren reglas claras para evitar interpretaciones que puedan afectar las operaciones legales. Además, no descartan acudir a la vía judicial si no reciben respuestas de las autoridades competentes.
Mientras tanto, ARCA sostiene que las disposiciones buscan impedir el fraccionamiento de operaciones, la reiteración sistemática de movimientos y el desvío de productos hacia mercados no autorizados.
El conflicto plantea interrogantes sobre cómo compatibilizar el control aduanero con la actividad económica de las poblaciones fronterizas, donde el comercio con Bolivia representa una fuente de ingresos para numerosos trabajadores y establecimientos.
El Gobierno argentino reivindica el Plan Güemes
En paralelo a las nuevas restricciones, la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, defendió la continuidad del Plan Güemes, un dispositivo de seguridad destinado a reforzar la vigilancia en la frontera norte.
Mediante una publicación en la red social X, la funcionaria recordó que diseñó e impulsó el plan cuando se desempeñaba como secretaria de Seguridad. Además, calificó su implementación como un “éxito total” y aseguró que los operativos afectaron los intereses de organizaciones vinculadas con el narcotráfico y el contrabando.
“Sabíamos que los narcotraficantes y contrabandistas se iban a molestar porque fuimos directamente contra sus intereses. Mala suerte para ellos”, manifestó.