Riesgo

Coordinadora de la Mujer advierte sobre brechas y riesgos para los derechos de las bolivianas en el nuevo ciclo político

La organización identifica deudas pendientes en autonomía económica, lucha contra la violencia, derechos sexuales y reproductivos, justicia ambiental y participación política. En lo que va de 2026, el Ministerio Público reportó 66 feminicidios y 32.444 denuncias en el marco de la Ley 348.

Bolivia mantiene brechas en el ejercicio de los derechos de las mujeres, pese a los avances normativos y a una mayor presencia femenina en espacios de decisión, advirtió la Coordinadora de la Mujer en su balance por el Día de la Mujer Boliviana, que se conmemora cada 11 de octubre.

El boletín ¿Qué cambió en la vida de las mujeres? Bolivia 2026: avances, brechas y riesgos en un nuevo ciclo, elaborado por el Observatorio de Género de esa organización, analiza cinco ámbitos: autonomía económica, protección frente a las violencias, derechos sexuales y reproductivos, justicia ambiental y participación política. El documento examina los avances y las desigualdades persistentes en un contexto de crisis económica y un nuevo ciclo político.

En materia laboral, los resultados preliminares de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que, durante el segundo trimestre de 2026, la participación laboral urbana de la población de 14 años o más alcanzó el 69,3% entre las mujeres, frente al 79,1% entre los hombres. Además, el 84,4% de las mujeres ocupadas en el área urbana trabaja en la informalidad, sin una relación laboral formalmente reconocida ni acceso a la seguridad social de corto y largo plazo.

Para la Coordinadora de la Mujer, estas cifras reflejan las limitaciones que enfrentan las mujeres para alcanzar autonomía económica, en un escenario marcado también por la desigual distribución de las tareas de cuidado.

Violencia y derechos sexuales y reproductivos

La persistencia de la violencia constituye otra de las principales preocupaciones de la organización. En lo que va de 2026, el Ministerio Público reportó 66 feminicidios y 32.444 denuncias en el marco de la Ley 348. Según el análisis, estos datos ponen en cuestión la capacidad del Estado para prevenir los crímenes, proteger a las víctimas y responder oportunamente.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, el boletín identifica una reducción de los embarazos en adolescentes como un avance de largo plazo. Los registros del Ministerio de Salud muestran que los casos entre adolescentes de 10 a 19 años bajaron de 82.416 en 2015 a 28.115 en 2025. El 8 de octubre, esa cartera informó que en 2026 se contabilizaban 17.403 casos preliminares.

Sin embargo, la organización advierte que los embarazos a edades tempranas pueden afectar la salud, la continuidad educativa y los proyectos de vida de niñas y adolescentes.

El documento también aborda las interrupciones legales del embarazo por violencia sexual. Entre 2021 y agosto de 2026, el Ministerio de Salud registró 2.691 procedimientos por esa causa. La Coordinadora de la Mujer señala la necesidad de superar las barreras institucionales que pueden restringir el acceso a este derecho y garantizar información adecuada, atención oportuna y decisiones libres de presiones.

Contaminación por mercurio y protección de los territorios

La crisis ambiental también figura entre las preocupaciones del diagnóstico por sus efectos en la salud y los medios de vida de las mujeres.

El boletín cita una investigación difundida por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en abril de 2026, centrada especialmente en mujeres en edad reproductiva de comunidades amazónicas. El estudio reportó niveles promedio de hasta 5,5 partes por millón de mercurio en la población estudiada de la cuenca del río Beni, además de alteraciones en la sangre y daños hepáticos.

La Coordinadora de la Mujer vincula estas alertas con la necesidad de proteger el agua, la alimentación y los territorios, como parte de las condiciones para garantizar los derechos de las mujeres.

Persisten las brechas en la participación política

Aunque la elección de dos gobernadoras representa un hito en la participación política de las mujeres, su presencia continúa siendo limitada en los gobiernos municipales. De los 335 municipios del país, solo 31 eligieron alcaldesas, equivalentes al 9,3%.

En las asambleas departamentales, las mujeres ocupan 103 de los 275 escaños, es decir, el 37,5%, según el análisis del Observatorio de Género.

A estas brechas se suman el acoso y la violencia política. Durante la campaña subnacional, un monitoreo de la Coordinadora de la Mujer identificó 9.221 comentarios hostiles o estereotipados en plataformas digitales contra 44 candidatas.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó el 11 de octubre que, entre mayo y la primera semana de septiembre de 2026, se registraron 39 renuncias de mujeres que ejercían funciones político-públicas y 12 denuncias por acoso y violencia política contra mujeres en el ámbito subnacional.

Ante este panorama, la Coordinadora de la Mujer plantea que la igualdad de género se incorpore en las decisiones y los presupuestos del nuevo ciclo del país, con metas verificables que permitan garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

La organización considera necesario fortalecer la autonomía económica de las mujeres, proteger sus vidas y territorios, asegurar la paridad sustantiva en el acceso y ejercicio del poder, y garantizar espacios efectivos de diálogo e incidencia de las organizaciones de mujeres en las reformas institucionales.

“Los derechos no se regalan. Se organizan, se defienden, se exigen y se amplían”, afirmó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, organización que recientemente cumplió 40 años de trabajo por los derechos de las mujeres en Bolivia.

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