Debate
El Gobierno central y la Asamblea se encuentran ante la urgencia de aprobar leyes y la amenaza de una convulsión social
El Gobierno central y la Asamblea Legislativa se encuentran ante la disyuntiva de aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, las leyes sectoriales y la reforma tributaria, entre otras normas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta marzo del próximo año, en medio de una coyuntura política marcada por la convulsión social latente, según el análisis de los analistas Carlos Cordero y Germán Molina.
A 11 meses de haberse producido el cambio de la administración gubernamental y renovado la Asamblea, aún no se promulgó ninguna de las leyes anunciadas por el presidente Rodrigo Paz, con el propósito de reactivar la economía, reformar las instituciones y reducir la burocracia, entre otros objetivos.
Además, está el acuerdo suscrito con el FMI, en el que el Gobierno nacional asumió una serie de compromisos que deben ser cumplidos para garantizar el desembolso de recursos, en función de las metas alcanzadas.
Para el analista económico Germán Molina, los proyectos de ley que deben ser tratados en la ALP con carácter de emergencia son los de Inversiones y Hidrocarburos, que permita la apertura a la inversión extranjera; Minería, porque dentro de las exportaciones está sustituyendo, en términos de valor de exportación, al gas; y Electricidad, para que llegue inversión extranjera directa y se fortalezca la capacidad de producir energía eléctrica.
También incluyó en la lista un proyecto de ley de Compras Estatales, para que exista mayor transparencia en las compras realizadas por el sector público a nivel nacional e internacional; y el proyecto de ley del sector agropecuario, que permita que las inversiones en este sector puedan ser realizadas no solamente por inversionistas nacionales, sino también por inversionistas extranjeros.
En entrevista con Visión 360, Molina sugirió que se debe modificar la Ley General del Trabajo para que sea atractiva y permita que las inversiones lleguen a nuestro país, considerando que la norma de 1944 está destinada totalmente a la protección del trabajador, pero carece de estímulos para que la empresa privada nacional e internacional pueda realizar inversiones en el país.
Otro de los proyectos que es descrito como fundamental por el entrevistado se refiere a la remisión del PGE 2027 por el Ejecutivo a la ALP, que tiene un plazo definido por la Constitución Política del Estado, que vence el 31 de octubre.
Según Molina, el nuevo Gobierno debía remitir al Legislativo el Plan Económico Social y Productivo 2025-2030, que señala los objetivos y programas de desarrollo económico, pero la actual administración gubernamental no lo ha enviado hasta la fecha, aunque se estaba trabajando en ese documento durante la gestión del exministro de Planificación Fernando Romero, antes de que se decidiera la eliminación de esa cartera de Estado.
Además, el Gobierno tiene marcada una agenda que se basa en el acuerdo suscrito con el FMI y sancionado por la ALP, que permitió que el país se beneficie con un primer desembolso de $us 1.900 millones de ese organismo internacional.
“Dentro de ese documento, hay un memorándum técnico en el que se compromete Bolivia a través de sus instituciones, como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia y la ASFI fundamentalmente a realizar hasta marzo de 2027 y en el Presupuesto General del Estado 2027”, afirmó.
En ese documento, dijo que de manera implícita se hace referencia a las leyes sectoriales, además de la reforma tributaria, que deben ser tratadas por la ALP, y el Gobierno tiene fechas para aprobar estas normas, y la mayoría de las disposiciones están a marzo del 2027, además del PGE 2027.
“Para el próximo desembolso, que se debe realizar en la primera quincena de noviembre, como lo ha anunciado el ministro de Economía, va a ser desembolsado solo si el Legislativo ha mandado el Ejecutivo al Legislativo el proyecto del presupuesto 2027, con una serie de variables económicas que ha definido con el FMI”, advirtió.
Entonces, hay estos acuerdos marcados como país, y el Legislativo los ha aprobado, y ahora están dedicados a tratar proyectos de ley que no tienen mucha relevancia en el aspecto económico que debemos resolver, manifestó en relación con proyectos de ley que son importantes, pero no urgentes en esta coyuntura que vive el país.
“Nuestro país con la firma de este acuerdo con el FMI se ha comprometido a muchas responsabilidades que cumplir, que permitiría si se cumple el desembolso periódicamente por parte del FMI, más de $us 4.000 millones que tendríamos en los cinco años, destinados a la inversión en infraestructura e inversión en salud, educación”.
En el acuerdo con el FMI, las exigencias no eran tan exhaustivas como en el documento que se ha aprobado, que es bastante exigente. Si no se logra cumplir uno de los puntos acordados, no se desembolsan recursos, sino después de evaluaciones cada tres meses, y ese comportamiento podría ser asumido también por la CAF y el BID, porque no se está cumpliendo.
Molina sostuvo que, además de la aprobación de estas leyes, el PGE 2027 y la reforma tributaria, se debe aprobar una ley de focalización de sectores vulnerables, porque este ajuste económico “es fuerte, es duro y va a afectar a sectores de ingresos medios y bajos de la población y para paliar de alguna manera, se tiene que identificar a estos sectores, porque en enero se va a eliminar la subvención a la gasolina”, afirmó.
Para Carlos Cordero, la agenda legislativa, los proyectos de ley que deben ser aprobados y las reformas que deben introducirse en el orden normativo son atribuciones y competencias de los partidos políticos con representación legislativa. Los ciudadanos, los medios de comunicación o los analistas pueden sugerir y opinar, pero la decisión les corresponde a ellos.
En entrevista con Visión 360, Cordero sostuvo que, si bien el Gobierno puede decidir las leyes que considera necesarias para su administración y considera que la Asamblea tiene que obedecer, eso es dictadura. Además, consideró que la aprobación de leyes y la definición de la agenda legislativa son parte de un proceso permanente de negociación, acuerdo y concertación entre los partidos con representación parlamentaria.
También se refirió a la oposición, que, desde su análisis, tiene un papel fundamental en la elaboración de la agenda legislativa, y señaló que el contexto también es importante. Dijo que entiende la preocupación respecto a que la ALP está perdiendo el tiempo, pero no se toma en cuenta el contexto ni el tiempo de la gestión del Gobierno, que es de cinco años y de la que ni siquiera se ha cumplido un año.
Dijo que, en estos primeros 11 meses de gestión, el Gobierno de Paz enfrentó una crisis de casi dos meses de paralización por los bloqueos de carreteras protagonizados por la Central Obrera Boliviana y otros sectores, pero, más allá de eso, aseguró que “se han propuesto distintas reformas estructurales, para la economía, para la justicia, pero no son problemas que han surgido las últimas 48 horas o meses, son problemas estructurales”.
Según el análisis de Cordero, la Asamblea está en pleno proceso de negociación y quien puede definir todo eso son los partidos políticos, el Gobierno y los jefes políticos de la Alianza Libre, Jorge Quiroga; de Unidad, Samuel Doria Medina; y los jefes de bancada.
“Es un tema muy complejo, depende de los acuerdos que pueden existir entre esas fuerzas y, sin embargo, han aprobado nombramientos en la política exterior, han aprobado el estado de excepción, han aprobado créditos”, dijo.
Sin embargo, destacó que se hayan aprobado créditos de organismos internacionales, lo que, a su criterio, es una buena señal, porque el último Gobierno del expresidente Luis Arce estuvo bloqueado por el propio MAS y no se aprobó un solo crédito. En un año se han aprobado algunos y está llegando algún tipo de alivio al país. Además, cuando se necesitó la destitución de Roger Mariaca, también hubo un acuerdo.
La Asamblea está funcionando, pero llega a acuerdos por temas muy puntuales. Tal vez va a seguir aprobando créditos porque tienen una orientación específica; es decir, este dinero va a servir para construir carreteras y no puede invertirse en hospitales, o puede invertirse en carreteras y hospitales, pero no en salarios. Esos son los acuerdos, manifestó.
Consideró que en eso se le fueron los 10 u 11 meses: en superar una crisis de dos meses. Ahora está enfrentando la incertidumbre sobre si será un octubre rojo o no, y si va a haber movilizaciones. En ese escenario, es muy difícil que el Gobierno tenga tiempo para negociar, acordar y trabajar.
Desde su punto de vista, los proyectos de ley más importantes que deberían ser considerados son las reformas parciales a la Constitución en algunos temas. El más importante es el económico, como lo ha manifestado el Ejecutivo y también de acuerdo con la oposición, pero no están profundizando en ese debate porque una reforma constitucional es un proceso más largo y requiere de acuerdos más complejos.
“El orden sería, reformas en el orden económico, para temas muy puntuales, sobre todo créditos, y reformas en la justicia, pero de manera muy puntual, reformas constitucionales de más largo aliento, es un proceso más largo, más complejo”, puntualizó.
Esto requiere de la participación no solamente de los partidos políticos y los ciudadanos, sino también de otras organizaciones que no están en la Asamblea, porque no se puede excluir a los sectores sociales, la Central Obrera Boliviana, las Fuerzas Armadas, la Policía y el sistema judicial, que tienen mucho que decir en el tema de reformas profundas.
Además, precisó que la actual legislatura terminará en noviembre y que todo esto será parte de la agenda legislativa 2027. Para 2027 se anuncian graves problemas y movilizaciones; también hay anuncios de que se va a levantar la subvención a la gasolina. Ese contexto político tal vez postergue nuevamente el tratamiento de leyes estructurales en la economía y en la justicia.