Exportaciones
Exportadores de madera esperan para fines de octubre nueva audiencia en Chile para conocer dónde se harán contrapericias
Para finales de octubre está fijada la audiencia en Chile, en la que un juez de garantías definirá el laboratorio en el que se realizarán las contrapericias a las muestras de las 23 empresas exportadoras de madera, que fue incautada porque presuntamente contenían cocaína, informó el gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, Walter Rioja.
Sostuvo que esperaban más del Gobierno, que asumió la denuncia de tráfico de sustancias ilícitas como un problema entre privados, cuando el problema lo provocó el Estado de Chile. En entrevista con Visión 360, consideró que el fiscal Mario Carrera hizo una acusación sin tener pruebas y sacrificó a todo un sector.
El representante demando al Gobierno del presidente, Rodrigo Paz, que defienda la reputación de los bolivianos, y que incluya en la agenda bilateral con Chile, este caso que afecta a todo un sector de la economía boliviana.
Rioja manifestó que la decisión judicial en Chile, favorece a los exportadores, porque se han precautelado las cargas restantes de madera en San Antonio y Valparaíso. De acuerdo con informes de la Cámara de Exportadores de La Paz, alrededor del 80% de la madera incautada en Arica, fue destruida y solo queda un 20%, que intenta ser preservada por los empresarios bolivianos.
“Es decir, estas cargas no van a ser quemadas, por lo menos en un plazo no menor a 60 días, un plazo que es efectivamente prolongable también. Y lo más importante es que se ha autorizado que se realice una contrapericia por una entidad diferente al ISP, que eso es algo que hemos venido pidiendo desde el inicio de este caso. Es algo a lo que se negó la Fiscalía desde entonces", afirmó.
Dijo que, además de eso, se fijó otra audiencia para aquí a 10 días donde esperan ya se defina otra vez con resultados favorables cuál será la institución donde se realicen estas contrapericias.
Rioja destacó que también se definió que habrá un veedor por parte de los madereros, uno de los ex agentes de la DEA que hizo los informes que han atacado fuertemente al Instituto de Salud Pública, dijo en referencia a las observaciones realizadas sobre la presencia de trazas de sustancias controladas y no droga en grandes cantidades en la madera boliviana.
Consultado sobre la Ley 20.000 que regula las funciones del IPS, que pondría en riesgo a todos los productos exportadores por los puertos de Chile, Rioja consideró que el problema no es la mencionada norma.
“El problema es la irresponsabilidad de un fiscal que sin tener una prueba sólida o contundente decidió acusar a más de 20 empresas bolivianas y básicamente sacrificar a todo un sector de la economía de otro país”, afirmó.
A consecuencia de esa falta de responsabilidad, dijo que el fiscal Mario Carrera, causo un daño terrible, debido a que se afectaron 200.000 mil empleos, porque todas las empresas, ya sea de manera directa o indirecta, se han visto afectadas. “Lamentablemente se han perdido ya 20.000 empleos hasta el mes de agosto”, advirtió.
“Por esta acusación sin fundamento, hay 20.000 familias en Bolivia que ya no pueden llevar el pan de cada día a la mesa. El problema no es la ley 20.000, el problema es la irresponsabilidad de las autoridades, en este caso del fiscal Mario Carrera de la Comisión de Arequipa de Parinacota”, aseguró.
Sostuvo que, se debe actuar con responsabilidad, porque un funcionario no hace ese tipo de acusaciones, sin tener evidencia sólida; el fiscal debía leer primero los informes del ISP, antes de dar declaraciones, porque estos informes nunca hablan de impregnación y nunca habla de cantidades del 10, 20, 30, como él lo dijo.
“Prácticamente, se ha inventado esta hipótesis en su declaración de prensa. Y una persona responsable no se basa sólo en un análisis cualitativo, sino también en un análisis cuantitativo, que es lo que verdaderamente nos permite saber cuánto de sustancias controladas había y si esto califica como tráfico de sustancias ilegales. Porque recordemos que trazas menores al 5% puede ser un 0,0001”, explicó.
Rioja mencionó que, todos los billetes de dólar del mundo tienen trazas de sustancias controladas y eso no quiere decir que porque alguien tenga un dólar en la billetera va a ser automáticamente narcotraficante; y es básicamente esode lo que nos están acusando.
Con relación a la posición asumida por el Gobierno, reconoció que, se esperaba más. “El Gobierno nacional mantiene una línea de que este es un problema entre privados, pero esto claramente no es un problema entre privados porque no es un problema que estábamos teniendo con el puerto, que es una concesión a una empresa privada. Es un problema que inició el Estado chileno a través de su Ministerio Público y de su Fiscalía Regional Arica y Parinacota”, afirmó.
Desde su punto de vista, no es correcto asumir o adoptar una posición, en sentido de que el problema que está viviendo el sector forestal en Chile es un problema entre privados, porque no lo es, porque una de las partes es el Estado chileno.
Rioja pidió al Gobierno que defienda la reputación de los bolivianos, que ponga en agenda a los exportadores, porque “no se puede hablar de normalizar relaciones con un país que te acusa a todo un sector de tu economía de ser narcotraficante”, advirtió.
Sin embargo, reconoció que se hicieron solicitudes para reunirse con el Gobierno, que lastimosamente no han llegado a buen puerto, porque no se pudieron reunir con el Presidente.