Cuando “ordenar la casa” es cargar el ajuste en la espalda de los bolivianos

El presidente Rodrigo Paz, apoyado en el relato construido por el exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, impulsa la narrativa de estar ordenando la casa. Sin embargo, los datos no acompañan el cuento. Veamos.

A julio de 2026, el Estado boliviano registra un déficit fiscal global de Bs 1.761 millones. A primera vista, representa una reducción considerable respecto al año pasado, algo innegable. Además, el Estado presenta un «superávit corriente» —es decir, ingresos corrientes superiores a los gastos de funcionamiento— de un poco más de Bs 3.500 millones.

Sin embargo, un análisis más detallado nos muestra el panorama completo, bastante más oscuro para el régimen de Paz: el cierre de la brecha fiscal la está pagando el boliviano de a pie.

Lo primero y más importante: si excluimos a las empresas públicas, el discurso de «ordenar la casa» se cae. En esta categoría, denominada técnicamente «Gobierno General», el déficit no solo es global, sino también corriente. Es decir, estas entidades gastaron Bs 1.114 millones más en su funcionamiento de lo que lograron recaudar.

¿Cómo se explica, entonces, el superávit corriente del conjunto del Estado? Por el superávit de las empresas públicas, que superan los Bs 4.600 millones. ¡Pero, momento! ¿Acaso las empresas públicas se volvieron de repente eficientes y ahora generan mayores ingresos? La respuesta es simple y contundente: no. Las empresas públicas siempre tuvieron superávit fiscal corriente agregado. El resultado de este año se explica por el incremento del precio de los combustibles y la caída de la producción de las propias empresas.

Primero, el gasolinazo de diciembre y los tres dieselazos que culminaron con el retiro «total» de la subvención del segundo. Las ventas de hidrocarburos registran un enorme crecimiento: más de Bs 8.600 millones respecto a julio del año pasado (56%).

¿Estamos exportando más gas natural? Definitivamente no. Esos mayores ingresos para el Estado, a través de YPFB, se explican por el incremento del precio del diésel, de Bs 3,72 a Bs 17,95 por litro, y de la gasolina, de Bs 3,74 a Bs 6,96 por litro. En otras palabras, el ajuste lo está pagando la población.

Los propios datos del reporte refuerzan esta conclusión: la producción y las ventas de las empresas públicas se desploman.

Las compras de bienes y servicios de estas empresas —que, en general, se traducen en materias primas, insumos y costos logísticos para la producción— se redujeron en Bs 3.270 millones. Es decir, hay menos producción.

Esto se refleja directamente en las ventas: los ingresos por la producción de las empresas públicas sin YPFB cayeron de Bs 10.073 millones a Bs 7.249 millones. Un derrumbe de un tercio (30%), catastrófico para cualquier negocio.

Hay otros dos datos que retratan la situación desastrosa en la que están dejando a las empresas públicas: el ahogamiento de las transferencias corrientes y el crecimiento estratosférico de la deuda flotante —compras ya realizadas y registradas, pero que aún no se han pagado—, que se multiplicó por 60: pasó de Bs 22 millones en 2025 a la increíble suma de Bs 1.333 millones.

Por si fuera poco, el gasto en sueldos y salarios, excluyendo a los trabajadores de las empresas públicas, creció en Bs 1.271 millones y superó los Bs 25.000 millones a julio. ¡Qué contradicción!

Considerando que la publicación de los datos lleva más de un mes de retraso y que el gasto estatal suele precipitarse hacia fin de año para cerrar la gestión fiscal, urge pasar del eslogan a los resultados, empezando por garantizar la transparencia de la información económica.

Se vieron buenos avances en esta materia con el Presupuesto Abierto y el Contador de Pagos Públicos y, siguiendo esta línea, es crítico para el Gobierno mejorarla, sobre todo en el marco de las condiciones asumidas ante el FMI y la credibilidad de su programa.

Mientras tanto, la inflación vuelve a acelerarse, la economía pasa de la recesión a la depresión, la desocupación crece, los ingresos familiares se evaporan, la deuda externa se expande brutalmente y las Reservas Internacionales vuelven a estancarse.

Así, los augurios de octubre ya no se sienten en las calles, sino en el bolsillo y el estómago de la gente. Mientras los bolivianos enfrentan una realidad cada vez más brutal, los altos funcionarios del Gobierno parecen estar cada vez más distantes de ella.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.