En río revuelto, ganancia de corruptos

Existe en la legislación boliviana una suficiente normatividad relacionada con el uso y destino de los bienes incautados al narcotráfico o que bien tengan conexión con ese grave ilícito.

La ley 913, de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, por ejemplo, hace prevención del destino legal de los bienes y recursos monetarios incautados al narcotráfico. Si uno se toma la molestia de leer su articulado, es muy probable que termine satisfecho con los objetivos edificantes que deben cumplir esos bienes. Sin embargo, la realidad de los escándalos de corrupción de las últimas semanas hace imposible no dudar de que esos bienes van a cumplir un fin social o institucional, porque es un secreto a voces que, en todos los gobiernos, las autoridades vinculadas al control, investigación y sanción del tráfico ilícito de drogas y que, dentro de nuestras fronteras, abundan, reciben sus participaciones, por lo que en este flagelo, la corrupción pone en tela de juicio el control efectivo de esos activos.

Cuando el Ministerio Público y/o la Policía incautan dinero en efectivo, como sucedió en reiteradas veces, la flagrancia o el allanamiento en dichos operativos obliga a que el dinero tenga que quedar inicialmente bajo resguardo institucional en cuentas oficiales, mientras se determina la situación jurídica de quién ha sido sorprendido en posesión de esos recursos. De tal manera, solo una sentencia condenatoria ejecutoriada autoriza al Estado a la disposición de esos bienes a través de procedimientos y porcentajes que la misma norma prevé.

DIRCABI tiene la potestad de administrar, durante la substanciación del proceso penal, los bienes a través de custodias institucionales y de subasta pública, si los bienes corren el riesgo de deteriorarse, perder valor tecnológico u otras causas justificables. Eso, es lo que el derecho positivo contempla.

Pero los caudales nada despreciables que en ciertos operativos contra el narcotráfico se incautan, en la ciudadanía tienen una percepción tal, que esos recursos, en gran parte de sus montos y sin distinción de gobiernos, de doctrinas ni ideologías, terminan en el patrimonio privado.

Y no obstante el principio de presunción de inocencia incorporado con acierto en nuestra legislación penal, existen, pues, casos de alto perfil institucional, como los recientes e impactantes operativos que involucraron la aprehensión del propio ex fiscal general de Estado, Roger Mariaca, investigado por supuestos vínculos con redes del narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas; las circunstancias en que grandes sumas de dinero fueron incautadas de la multiplicidad de domicilios que le pertenecían hacen inferir casi una flagrancia en la comisión de esos tipos penales, de manera que en casos como ese se torna muy difícil que una autoridad del rango que ostentaba el sindicado, con un salario muy por debajo de su jerarquía, pueda justificar la posesión de tanto dinero en su casa; antecedentes que, por supuesto, no le privan del derecho a un debido proceso en el que el Ministerio Público tenga que probar la procedencia ilícita de esos dineros. Con todo, la tenencia de ese efectivo fuera de los canales financieros formales por altas autoridades que tienen tuición sobre delitos como el narcotráfico, ilustra la porosidad frente al dinero sucio.

Esas consideraciones que no involucran a nadie con exclusividad, pero que es estéril negar que son un comportamiento habitual en nuestras altas autoridades, hacen inevitable que la ciudadanía medianamente pensante o los hombres y mujeres que todavía tienen en su formación códigos de moralidad, tengan la certeza de que los recursos incautados tengan un desfase entre lo que dicta la Ley 913, esto es financiar la salud, la fiscalía y los propios operativos antidroga, y el destino verdadero que sufren los bienes debido al desvío por corrupción institucional, la falta de transparencia de quienes circunstancialmente están al frente de los organismos competentes y que no están dispuestos a desperdiciar la oportunidad de resolver su vida y de los suyos, en algunos meses de ejercicio.

Así, en esos pomposos operativos televisados, donde la Policía incauta millones en efectivo, inmuebles de lujo y flotas de vehículos de astronómicos precios, nuestras autoridades acuden a una narrativa que la venden como un golpe al crimen organizado, cuando todos sabemos que los bienes incautados han dejado de ser instrumentos de resarcimiento social para transformarse en botines políticos y en no pocos casos en vehículos de uso privado de la misma burocracia que debería combatirlos. Y para colmo, ocasionando accidentes en estados cuestionables. El rol de custodio de DIRCABI está lejos de asumirse como una conservación honesta de lo incautado, atribuyendo la ciudadanía al Estado un mensaje demoledor: el de promotor de apropiaciones indebidas.

*La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.