Proceso
Johnny Fernández exige explicaciones por su orden de aprehensión y cuestiona la gestión municipal de Santa Cruz
A través de un pronunciamiento público, el exalcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, demandó explicaciones respecto a decisiones asumidas por la justicia dentro del proceso en su contra; además, denunció presuntas irregularidades de la nueva administración edil, horas después de que se anunciaran operativos para su aprehensión.
El documento, titulado “Mi libertad y el debido proceso están en riesgo: exijo justicia independiente e imparcial”, fechado el 27 de octubre de este año, plantea que una jueza tiene el deber de actuar con independencia, objetividad e imparcialidad y que ninguna persona debe enfrentar un proceso en el que existan dudas razonables sobre esas garantías.
Sostiene que “un riesgo inminente para mi libertad personal y para el ejercicio pleno de mis derechos procesales”. Asegura que no pide privilegios ni un trato especial, pero exige que se cumpla la ley y que se respeten las garantías que corresponden a toda persona.
Fernández solicita públicamente que se expliquen y fundamenten las razones y el sustento legal del cambio de fecha, de la declaratoria de rebeldía y del mandamiento de aprehensión librado en su contra, y que las instancias competentes revisen las actuaciones cuestionadas. También demanda que se garantice un proceso libre de presiones, con pleno respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.
Este pronunciamiento fue difundido horas después de que la Policía activara operativos para dar cumplimiento a la orden de aprehensión emitida contra Fernández, luego de que fuera declarado en rebeldía por no presentarse a una audiencia de medidas cautelares.
La exautoridad enfrenta una investigación por el presunto delito de malversación de recursos públicos durante su gestión como alcalde de ese municipio.
“Siempre he sido respetuoso de la ley y de las instituciones. Precisamente por eso, no puedo guardar silencio ante una serie de actuaciones judiciales que considero graves y que ponen en cuestión mis garantías constitucionales”, sostiene el documento.
Considera que en este proceso percibe “una presión política del actual alcalde y de funcionarios municipales que, a mi juicio, podría estar influyendo en decisiones que afectan mi libertad personal y mi derecho a una defensa efectiva”.
Asegura que, en la audiencia del 22 de octubre de 2026, la jueza Ana Gloria Rojas señaló que la siguiente audiencia se realizaría el 9 de noviembre. Posteriormente, la misma autoridad emitió un auto interlocutorio que fijó la audiencia para el 27 de noviembre de 2026, a horas 12:00, decisión que fue notificada a las partes. Sin embargo, después se dictó de oficio un decreto que volvió a modificar la fecha y la adelantó al 27 de octubre, también a horas 12:00.
El exalcalde sostiene que estas decisiones no son un asunto menor y plantea interrogantes que deben ser respondidos con fundamentos jurídicos claros, transparencia y respeto estricto a las reglas del procedimiento.
“Me preocupa que estas actuaciones puedan conducir a mi aprehensión en el marco de una audiencia cautelar y que no se esté garantizando la imparcialidad que exige la función judicial”, advierte.
También hace algunas apreciaciones respecto a la gestión municipal del nuevo alcalde. Entre ellas, menciona el incumplimiento de reducir el pasaje del transporte público; denuncia que se habrían recaudado más de Bs 2.000 millones sin que se haya concretado una obra de impacto para la ciudad; también critica que no se haya hecho la entrega de paquetes escolares para estudiantes de primaria y secundaria, así como de computadoras y de un bono de Bs 400 que estaba programado en el POA 2026.