Johnny Fernández exige explicaciones por su orden de aprehensión y cuestiona la gestión municipal de Santa Cruz

A través de un pronunciamiento público, el exalcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, demandó explicaciones respecto a decisiones asumidas por la justicia dentro del proceso en su contra; además, denunció presuntas irregularidades de la nueva administración edil, horas después de que se anunciaran operativos para su aprehensión.

El documento, titulado “Mi libertad y el debido proceso están en riesgo: exijo justicia independiente e imparcial”, fechado el 27 de octubre de este año, plantea que una jueza tiene el deber de actuar con independencia, objetividad e imparcialidad y que ninguna persona debe enfrentar un proceso en el que existan dudas razonables sobre esas garantías.

Sostiene que “un riesgo inminente para mi libertad personal y para el ejercicio pleno de mis derechos procesales”. Asegura que no pide privilegios ni un trato especial, pero exige que se cumpla la ley y que se respeten las garantías que corresponden a toda persona.

Fernández solicita públicamente que se expliquen y fundamenten las razones y el sustento legal del cambio de fecha, de la declaratoria de rebeldía y del mandamiento de aprehensión librado en su contra, y que las instancias competentes revisen las actuaciones cuestionadas. También demanda que se garantice un proceso libre de presiones, con pleno respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.

Este pronunciamiento fue difundido horas después de que la Policía activara operativos para dar cumplimiento a la orden de aprehensión emitida contra Fernández, luego de que fuera declarado en rebeldía por no presentarse a una audiencia de medidas cautelares.

La exautoridad enfrenta una investigación por el presunto delito de malversación de recursos públicos durante su gestión como alcalde de ese municipio.

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“Siempre he sido respetuoso de la ley y de las instituciones. Precisamente por eso, no puedo guardar silencio ante una serie de actuaciones judiciales que considero graves y que ponen en cuestión mis garantías constitucionales”, sostiene el documento.

Considera que en este proceso percibe “una presión política del actual alcalde y de funcionarios municipales que, a mi juicio, podría estar influyendo en decisiones que afectan mi libertad personal y mi derecho a una defensa efectiva”.

Asegura que, en la audiencia del 22 de octubre de 2026, la jueza Ana Gloria Rojas señaló que la siguiente audiencia se realizaría el 9 de noviembre. Posteriormente, la misma autoridad emitió un auto interlocutorio que fijó la audiencia para el 27 de noviembre de 2026, a horas 12:00, decisión que fue notificada a las partes. Sin embargo, después se dictó de oficio un decreto que volvió a modificar la fecha y la adelantó al 27 de octubre, también a horas 12:00.

El exalcalde sostiene que estas decisiones no son un asunto menor y plantea interrogantes que deben ser respondidos con fundamentos jurídicos claros, transparencia y respeto estricto a las reglas del procedimiento.

“Me preocupa que estas actuaciones puedan conducir a mi aprehensión en el marco de una audiencia cautelar y que no se esté garantizando la imparcialidad que exige la función judicial”, advierte.

También hace algunas apreciaciones respecto a la gestión municipal del nuevo alcalde. Entre ellas, menciona el incumplimiento de reducir el pasaje del transporte público; denuncia que se habrían recaudado más de Bs 2.000 millones sin que se haya concretado una obra de impacto para la ciudad; también critica que no se haya hecho la entrega de paquetes escolares para estudiantes de primaria y secundaria, así como de computadoras y de un bono de Bs 400 que estaba programado en el POA 2026.