Polémica
Vocero presidencial sostiene que el Gobierno no realizará comentarios sobre audios sin fuente
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó hoy que el Gobierno nacional no realizará comentarios sobre audios que no tienen fuente, de los que no se sabe quién los filtra ni con qué intención, pero, sobre todo, porque no saben si son reales o no.
El funcionario respondió a una pregunta de un periodista que le planteó que el Viceministerio de Transparencia debía iniciar una investigación sobre los audios, en los que se habla de negociaciones de contratos, pugnas por el control de instituciones públicas y tráfico de influencias.
En el material difundido por redes sociales estarían involucrados el exasesor presidencial Fernando Cerimedo, que guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro por los presuntos delitos de enriquecimiento de particulares con afectación al Estado, contemplado en la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz; la primera dama, María Elena Urquidi; la hija mayor del presidente Rodrigo Paz, Catalina; y ministros de Estado, entre ellos, el de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
“La política, ya expresada anteriormente por el señor presidente, a la cual vuelvo a referirme, es que nosotros no comentamos audios que no tienen fuente, que no sabemos quién los filtra, cuál es su intención, pero, sobre todo, no sabemos si son reales o no”, afirmó.
Esta declaración se da un día después de que el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, pusiera en duda la autenticidad de este material, así como el trabajo de verificadoras independientes que confirmaron que los audios no tienen rastros de haber sido generados por inteligencia artificial.
Si bien la autoridad anunció la creación de una Dirección Nacional de Cibercrimen para realizar una investigación seria, precisó que, a la fecha, no hay una denuncia y que el Ministerio Público tiene limitaciones tecnológicas para realizar las pericias.
Sostuvo que se podía acudir a organismos internacionales o a consultoras internacionales para que colaboren en ese tema. “Hemos averiguado cuánto costaría un software y la capacitación de un perito, y el software está alrededor de $us 450 mil”, dijo, a tiempo de anunciar que el próximo año podría hacerse la adquisición.
Esta noche, Gálvez dijo que el Gobierno no se referirá a audios que “no estén con fuente referida y que además sean verificados por la justicia, de eso se trata, entiendo yo, la estructura que han creado del cibercrimen, para poder dar respuesta en esa dirección”.
“Hacer mención y hacer debate sobre esos temas sin esas verificaciones probablemente es entrar en especulaciones y cumplir el propósito de aquellos que quieren justamente generar confusión al respecto”, afirmó.
Hay nuevas autoridades en el Ministerio Público, se han tomado decisiones al respecto que ustedes mencionan y hacemos votos para que realmente recuperemos institucionalidad y podamos realmente ofrecer un servicio de justicia apropiado a la población.
Y, en específico, sobre el cibercrimen, consideró que “hay una inundación de audios que no tienen fuente, que hay que preguntarse cuál es el propósito con el cual se comparte, quién los comparte y ver si son reales o no y que se verifiquen porque es importante al tiempo de estar inundados por este tipo de acciones”.
Urioste, sobre ese tema, sostuvo que los audios difundidos están generando una expectativa que debe ser investigada. Sin embargo, la valoración probatoria es lo que a nosotros nos genera el problema. “¿Qué crímenes están generando, encubriendo, protegiendo a través de estos audios? ¿Son audios verdaderos, no son audios verdaderos?”, preguntó.
Mientras que el vocero manifestó que el tema debe dejarse en manos de la justicia. No hay mucho que nosotros como Ejecutivo podamos hacer para colaborar, salvo lo que hemos dicho desde siempre: respetamos la independencia de poderes y hacemos votos para que la justicia funcione como debe funcionar.
Sin embargo, afirmó que la difusión de ese material se da ante una decisión fundamental e invariable por parte de este Gobierno, que lo demostramos con hechos y resultados. “Hemos decidido afrontar de manera directa y sin ambas de alguno, de manera directa a las estructuras criminales, al narcoterrorismo. Hemos decidido, entre todos los bolivianos, sanear nuestra justicia”, afirmó.
Hemos tomado decisiones referentes a autoridades que estaban colaborando, protegiendo a estas estructuras criminales, dijo en alusión al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, y a los exfiscales departamentales Alberto Zeballos y Luis Torrez, así como al fiscal superior Martín Irusta, que enfrentan un proceso por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.