Encuentro
Alcaldes exigen participar en el debate de coparticipación tributaria y plantean redistribución 50-50 hasta 2030
Los alcaldes de las nueve capitales departamentales del país y de El Alto acordaron impulsar una agenda conjunta para exigir al Gobierno central una nueva distribución de los recursos económicos bajo el esquema 50-50, además de su incorporación formal al debate de la ley de coparticipación tributaria y la construcción de un nuevo pacto fiscal.
Las autoridades se reunieron este lunes en la ciudad de La Paz, en un encuentro convocado por la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), para analizar la situación financiera de los gobiernos autónomos municipales y consensuar una serie de demandas destinadas a fortalecer la gestión local.
Entre los principales planteamientos está alcanzar una redistribución gradual de los recursos hasta 2030, además de implementar un programa de readecuación financiera que permita aliviar las obligaciones económicas que actualmente enfrentan las alcaldías.
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, explicó que los municipios deben tener una participación protagónica en las mesas de diálogo y negociación, junto con las gobernaciones y universidades, para definir una nueva distribución de los ingresos públicos.
En ese marco, presentó una propuesta que contempla que, hasta 2030, los gobiernos municipales reciban el 36% de los recursos, las gobernaciones el 6,7% y las universidades el 7,3%, dentro del 50% que se plantea redistribuir entre estas instancias. El otro 50% permanecería en manos del Gobierno nacional.
“Nuestra propuesta sugiere que lleguemos al año 2030 en cuatro etapas a que los gobiernos municipales reciban de ese 50%, 36%, que los gobiernos departamentales tengan el 6.7% y que las universidades lleguen a alcanzar un 7.3%, lo cual sería una distribución del 50% que da el otro 50% en manos del gobierno nacional o gobierno central”, sostuvo Dockweiler en conferencia de prensa.
Exigen participar en la ley de coparticipación tributaria
La vicepresidenta de la AMB y alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, informó que otro de los acuerdos consiste en exigir la participación de los gobiernos municipales en el debate del anteproyecto de ley especial de coparticipación tributaria, cuya propuesta todavía no llegó a concretarse.
“Resulta importante para nosotros la participación en la ley de coparticipación, ante el anuncio del anteproyecto de ley especial de coparticipación tributaria que no llegó a un buen puerto hasta el momento. Vamos a exigir que nosotros, al igual que otros actores, seamos parte del debate en un altísimo nivel democrático y de participación en el diálogo”, manifestó Tardío, según Unitel.
La representante municipal explicó que los alcaldes también plantean revisar las responsabilidades financieras que actualmente asumen las administraciones locales y que, a su criterio, corresponden al nivel central del Estado.
Entre las propuestas figura que el Tesoro General de la Nación (TGN) asuma el pago del bono de discapacidad y que se revise el 10% del presupuesto destinado a seguridad ciudadana. Asimismo, solicitaron elaborar un inventario técnico-jurídico de las obligaciones nacionales que actualmente son financiadas por los municipios.
“Es decir, en palabras sencillas y rápidas, que los municipios ya no asuman algunas cargas que le competen estrictamente al nivel central. Por supuesto, estos recursos volverían a los ciudadanos en obras, en inversión y en suplir todas las necesidades o gran parte de ellas, de todos los ciudadanos y ciudadanas”, señaló Tardío.
Piden la restitución del 12% del IDH
Otro de los puntos incluidos en la agenda municipal es la restitución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), cuyos recursos fueron retenidos durante 2025.
Los alcaldes solicitaron la devolución de los montos retenidos y la suspensión de esta retención para 2027. Sobre este tema, el presidente de la AMB, Mauricio Barba, planteó tres alternativas: suspender la retención durante 2027, devolver los recursos retenidos en 2025 o aplicar un descuento progresivo.
La asociación también trabaja en lineamientos técnicos y una matriz de recopilación de datos para formular una propuesta de reforma del régimen laboral municipal, con el propósito de brindar seguridad jurídica y evitar que las obligaciones salariales comprometan la sostenibilidad financiera de las administraciones locales.
Dan plazo hasta el 13 de noviembre para actualizar precios
Las autoridades municipales también exigieron al Gobierno nacional la emisión de un Decreto Supremo de actualización de precios que permita garantizar la continuidad y conclusión de las obras públicas, además de la prestación de servicios municipales.
El pedido responde al incremento del precio del diésel, que pasó de Bs 9 a Bs 18, situación que genera mayores costos para las empresas contratistas y las administraciones municipales, especialmente en proyectos de infraestructura, recojo de residuos sólidos y aseo urbano.
Tardío informó que se estableció como plazo el viernes 13 de noviembre para la emisión de esta normativa, considerada necesaria para adecuar los costos de ejecución de las obras a las condiciones económicas actuales.
Asimismo, los alcaldes plantearon la implementación de un programa de readecuación financiera que permita revisar las condiciones de los préstamos y las deudas municipales, además de establecer mecanismos de compensación para atender las necesidades operativas de los gobiernos locales.
Salud, régimen laboral y fortalecimiento municipal
Durante el encuentro también se abordó la necesidad de garantizar mayores recursos para el funcionamiento de los servicios de salud, incluidos los insumos, el mantenimiento y las condiciones adecuadas de atención a la población.
Otro de los temas fue el inicio de un análisis jurídico, constitucional, técnico y financiero del régimen laboral municipal, con acciones relacionadas con la Ley 321.
Entre otras demandas, los alcaldes plantearon el retorno de la inspección técnica vehicular, la simplificación administrativa y el fortalecimiento de los mecanismos de recaudación propia para reducir la dependencia de las transferencias del Gobierno central.
Alcaldes preparan una agenda conjunta
Como resultado de la reunión, las autoridades acordaron elaborar un documento único que consolide la posición de los gobiernos municipales sobre la redistribución de recursos, la coparticipación tributaria y las medidas urgentes para enfrentar la situación financiera de las alcaldías.
Dockweiler aclaró que la unidad de los alcaldes de las capitales no busca excluir a otros sectores ni a los demás municipios del país, sino ampliar la participación en un debate que considera fundamental para el futuro económico de Bolivia.
Además, las autoridades municipales prevén reunirse nuevamente el 16 de noviembre e incluir en ese encuentro a representantes del Gobierno nacional, con el propósito de avanzar en el diálogo sobre sus demandas.
La agenda conjunta busca que los municipios sean incorporados formalmente a las negociaciones sobre el 50-50 y el nuevo pacto fiscal, en un escenario en el que también las gobernaciones solicitaron retomar el diálogo con el Ejecutivo sobre la distribución de los recursos públicos.