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Cancillería afirma que no recibió ninguna solicitud oficial de asilo de Álvaro García Linera en México
El Gobierno nacional aseguró que no recibió ninguna solicitud ni comunicación oficial relacionada con un eventual pedido de asilo político en México por parte del exvicepresidente Álvaro García Linera, según informó el canciller Héctor Huanca al ser consultado sobre la situación de la exautoridad.
“Hasta el presente no tenemos ninguna solicitud, ni información oficial que se refiera a la pregunta que me ha realizado. No tenemos en Cancillería esa información oficial o la solicitud que se hubiera hecho”, respondió el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, al señalar que tampoco existen registros sobre los pedidos que fueron difundidos a través de los medios de comunicación.
La declaración se conoce después de que surgieran versiones sobre el posible traslado de García Linera a México y una eventual solicitud de protección internacional en ese país.
Horas antes, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, manifestó que el Gobierno tampoco cuenta con información oficial sobre un eventual asilo del exvicepresidente. Explicó que, según los datos conocidos por el Ejecutivo, García Linera habría salido inicialmente hacia Argentina y posteriormente habría llegado a México, aunque aclaró que no existe una comunicación oficial del Gobierno mexicano que confirme la concesión de asilo.
Por otra parte, Gálvez sostuvo que la posición del Gobierno respecto al caso Hotel Las Américas es que se debe cumplir la ley y garantizar justicia por los hechos ocurridos el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz. “No importa dónde estén los responsables”, afirmó.
El caso está relacionado con la intervención policial al Hotel Las Américas, donde un grupo de élite de la Policía desarticuló a un supuesto grupo irregular. El operativo dejó tres personas fallecidas, de las cinco que integraban el grupo, todas de nacionalidad extranjera.
Álvaro García Linera y el expresidente Evo Morales fueron incluidos en una demanda para un juicio de responsabilidades por estos hechos, impulsada por legisladores de la alianza del expresidente Jorge Tuto Quiroga. La acción se sustenta en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que durante el operativo se registraron ejecuciones extrajudiciales.
La Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de activar las investigaciones contra ambos exmandatarios y, en caso de encontrar elementos suficientes, solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que gestione ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la autorización correspondiente para un juicio de responsabilidades.