Comunicado
Cancillería pide información oficial a México sobre el asilo político otorgado a Álvaro García Linera
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia solicitó oficialmente al Gobierno de México información sobre la concesión de asilo político al exvicepresidente Álvaro García Linera, quien confirmó que recibió esa protección internacional, después de que se activaran investigaciones en su contra por el caso Hotel Las Américas.
La exautoridad confirmó a la red Unitel que obtuvo asilo político en México, país al que llegó después de viajar inicialmente a Argentina por compromisos académicos. García Linera decidió trasladarse a territorio mexicano y solicitar protección después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) diera curso a un proceso relacionado con los hechos ocurridos en abril de 2009, en Santa Cruz.
El exvicepresidente salió de Bolivia el 31 de octubre con destino a Buenos Aires, según los registros migratorios comunicados anteriormente por el Gobierno. Posteriormente, se trasladó a México, donde confirmó que obtuvo el asilo político.
La situación se produce después de que legisladores de la alianza Libre, del expresidente Jorge Tuto Quiroga, presentaran una proposición acusatoria para iniciar un juicio de responsabilidades contra García Linera y el expresidente Evo Morales por el operativo policial realizado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz.
La intervención policial terminó con la muerte de tres extranjeros: Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. Otras dos personas, Elöd Tóásó y Mario Tadic, sobrevivieron al operativo.
En un comunicado difundido este jueves, la Cancillería informó que solicitó, por los canales diplomáticos correspondientes, información oficial que permita establecer la decisión de concesión de asilo político y, de ser el caso, conocer su naturaleza jurídica y alcance.
El Gobierno señaló que reconoce y respeta las decisiones soberanas de otros Estados en materia de protección internacional, en el marco de las normas y principios del derecho internacional.
Sin embargo, aclaró que una eventual concesión de asilo político no implica, por sí misma, la suspensión de las investigaciones fiscales ni de los procesos judiciales iniciados en Bolivia.
“Las autoridades nacionales competentes mantienen sus atribuciones para desarrollar las actuaciones que correspondan, con pleno respeto a la Constitución Política del Estado, la legislación nacional y las garantías del debido proceso”, señala el comunicado.
En ese contexto, la Cancillería recordó que Bolivia y México cuentan con un Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, vigente desde 2010, que establece mecanismos de asistencia entre ambos Estados para la realización de determinadas actuaciones judiciales y fiscales.
Asimismo, precisó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su calidad de Autoridad Central, conforme a la Ley N° 465, tiene la responsabilidad de canalizar las solicitudes de cooperación internacional que formulen las autoridades competentes, de acuerdo con los instrumentos internacionales y la normativa aplicable.
La institución reafirmó que el respeto a las decisiones soberanas de otros Estados en materia de protección internacional es compatible con el ejercicio de las competencias de las autoridades judiciales y fiscales bolivianas.
En consecuencia, anunció que continuará facilitando y canalizando la cooperación jurídica internacional que corresponda legalmente, con respeto a la soberanía de los Estados, la independencia de la justicia y las garantías del debido proceso.