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Código Minero autoriza a cooperativas a firmar contratos con privados y operar en áreas de Comibol sin perder su carácter social

“La participación de cooperativas mineras y de la empresa minera privada en estas asociaciones preservará plenamente la autonomía y naturaleza jurídica de ambas partes, así como el carácter social sin fines de lucro de las cooperativas”, señala el parágrafo III del artículo 68 del documento.

El anteproyecto del Código Minero levanta la prohibición expresa para que las cooperativas mineras no puedan firmar contratos con empresas privadas y amplía esa posibilidad a las áreas mineras de titularidad de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), con el solo requisito de comunicar a la empresa estatal. Además, garantiza que no perderán su carácter social sin fines de lucro, su autonomía de gestión ni su régimen impositivo.

El documento se encuentra en etapa de socialización, a pesar del rechazo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que pidió la suspensión de ese proceso y se declaró en estado de emergencia.

El artículo 65 establece que el Contrato Cooperativo Minero es el instrumento mediante el cual Comibol acuerda con una cooperativa minera legalmente constituida el desarrollo de actividades de la cadena productiva minera en las áreas respecto de las cuales Comibol ejerce titularidad de derechos mineros, conforme a las condiciones técnicas, económicas, sociales y productivas establecidas en el contrato.

El Contrato Cooperativo Minero deberá considerar la naturaleza y el carácter social de las cooperativas mineras, así como las obligaciones de estas respecto del desarrollo de las actividades mineras, la generación de producción, el cumplimiento de las normas laborales, según corresponda, de seguridad social, ambientales, de seguridad industrial y demás disposiciones aplicables.

Ese documento establecerá los derechos y obligaciones de las partes, el área y las actividades comprendidas, el plazo, los mecanismos de control y seguimiento, la participación económica que corresponda a Comibol sobre el valor neto de venta (conforme al D.S. 3853) y las causales y procedimientos de conclusión, resolución o extinción.

El artículo 68, en su parágrafo III, establece que los contratos que sean suscritos entre cooperativas y empresas privadas se sustentarán en los principios de voluntariedad y temporalidad y que no constituirán sociedad entre las partes.

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“La participación de cooperativas mineras y de la empresa minera privada en estas asociaciones preservará plenamente la autonomía y naturaleza jurídica de ambas partes, así como el carácter social sin fines de lucro de las cooperativas”, sostiene.

El artículo 69, referido al Registro, Procedimiento y Autorización, establece en su parágrafo I que los Contratos de Asociación Productiva Minera se regirán por la ley comercial o la ley civil, según corresponda, y por el presente Código en lo pertinente.

Los Contratos de Asociación Productiva Minera constarán en escritura pública y deberán ser inscritos en el Registro Minero, así como en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), dispone el parágrafo II.

“Cuando las actividades de los Contratos de Asociación Productiva Minera se desarrollen sobre áreas mineras de titularidad de la Corporación Minera de Bolivia – Comibol, se comunicará a dicha instancia para su registro y seguimiento correspondiente”, sostiene el acápite III.

Las causales y el procedimiento de resolución del Contrato de Asociación Productiva Minera serán establecidos en el contrato. Su resolución no afectará el derecho minero que lo sustenta ni liberará a su titular de sus obligaciones legales y contractuales, define el parágrafo VI.

Para efectos impositivos, cada una de las partes del Contrato de Asociación Productiva Minera cumplirá las obligaciones tributarias de la asociación accidental de manera independiente, según la naturaleza jurídica de las partes, en el marco de la normativa tributaria vigente y en función de la participación de cada actor en el contrato, define el parágrafo IX.

El artículo 70, sobre el Requerimiento Ambiental, establece que la suscripción de Contratos de Asociación Productiva Minera procederá cuando el titular del derecho minero acredite que cuenta con Licencia Ambiental o documento que evidencie el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N.º 1333, de 27 de abril de 1992, sus reglamentos, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y otras normas legales vigentes.

El artículo 22, de Cooperativas Mineras, define a estas como organizaciones sociales de carácter asociativo, sin fines de lucro, constituidas voluntariamente y regidas por los principios y valores del cooperativismo, que desarrollan actividades mineras bajo un régimen de autonomía de gestión, orientadas al interés social que contribuye al desarrollo económico del pueblo boliviano.

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Su organización, naturaleza, funcionamiento y relaciones se regirán por la normativa que regula el sistema cooperativo, sus estatutos y reglamentos internos, y sus actividades mineras, por la presente ley y demás normativa aplicable, dice el parágrafo II.

Mientras que el parágrafo III establece que las cooperativas mineras podrán asociarse conforme al presente Código, preservando su naturaleza jurídica y autonomía, sin que dicha asociación implique la transferencia de la titularidad de sus derechos mineros.

El parágrafo IV aclara que la mecanización, incorporación de tecnología, inversión y escala de las operaciones no alterarán, por sí mismas, su naturaleza jurídica cooperativa.

“Los emprendimientos asociativos previstos en la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, se mantienen como una modalidad voluntaria, sin excluir otras formas de contratación y asociación legalmente permitidas”, dispone el parágrafo V del anteproyecto.

La aprobación de los contratos y asociaciones corresponderá a los órganos competentes de la cooperativa, conforme a la legislación cooperativa, sus estatutos y la modalidad contractual elegida, establece el parágrafo VI.

El parágrafo VII define que los actos sujetos a registro o autorización por disposición legal expresa cumplirán únicamente las formalidades y procedimientos correspondientes, evitando la duplicidad de trámites.

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