Recursos
Restitución del 12%: expresidente del Concejo paceño dice que representa “un alivio financiero importante” para los municipios
El lunes, representantes de nueve gobiernos municipales y de El Alto firmaron un acuerdo con el Gobierno, mediante el cual este se comprometió a restituir a las alcaldías el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), monto que fue descontado durante 2026. El expresidente del Concejo Municipal de La Paz y experto en gestión municipal, Jorge Dulon, sostuvo que esa medida ayudará a las regiones a pagar sus deudas, comprar combustible, reactivar las inversiones y garantizar el funcionamiento institucional.
En contacto con Visión 360, Dulon manifestó que la devolución de ese 12%, que representa más de Bs 300 millones, constituye para los municipios “un alivio financiero importante”, dado el contexto vigente de “restricciones presupuestarias, incremento de costos operativos, obligaciones pendientes y paralización de proyectos de inversión pública”.
Además, sostuvo que ese monto, que será de libre disponibilidad según lo acordado en la reunión entre los municipios y el Gobierno, podrá utilizarse para atender diferentes “necesidades inmediatas” dentro de las alcaldías.
“Esos recursos permitirían a las alcaldías atender necesidades inmediatas como: el pago de obligaciones y deudas que ayudarán a reducir compromisos pendientes con proveedores y contratistas, evitando que se acumulen mayores pasivos. Ayudará al funcionamiento institucional, con el que se garantizará los servicios básicos, mantenimiento de infraestructura y gastos indispensables para mantener operativas las administraciones municipales”, explicó Dulon.
Otras acciones que podrían financiarse con la devolución de ese 12% son la compra de combustibles para atender las necesidades de diésel de la maquinaria y los vehículos municipales, la recolección de residuos y otros servicios públicos. Además, Dulon indicó que el monto contribuirá a reactivar las inversiones, porque complementaría “a los recursos necesarios para dar continuidad a proyectos que se encuentran paralizados por el incremento de los costos de materiales, transporte y mano de obra”.
El expresidente del Concejo paceño explicó que el 12% quedó retenido durante esta gestión para alimentar el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, creado mediante la Ley 767, de diciembre de 2015.
“Hay que hacer una precisión jurídica y financiera para entender correctamente esta medida. La Ley 767, de diciembre de 2015, estableció que el 12% de los recursos provenientes del IDH se destinaría al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera. Lo relevante es que ese descuento se realizaba antes de distribuir los recursos entre las entidades territoriales autónomas, las universidades públicas y los demás beneficiarios previstos en la normativa”, sostuvo Dulon.
Sin embargo, criticó que esa retención no haya sido utilizada para el propósito inicialmente previsto: “la recuperación de la producción y de reservas de gas y petróleo en el país”.
“La pregunta que corresponde hacerse hoy es si ese mecanismo cumplió efectivamente su propósito y si los resultados justifican el costo fiscal que asumieron las entidades territoriales autónomas. Bolivia enfrenta una declinación de su capacidad productiva hidrocarburífera y una reducción de los ingresos provenientes de este sector. Por eso, resulta legítimo revisar la efectividad de los instrumentos de política pública que se diseñaron para revertir esa situación”, declaró Dulon.
Asimismo, indicó que la devolución del 12% del IDH debe alcanzar a todos los gobiernos autónomos municipales del país, “es decir, a los 335 municipios, y no exclusivamente a las nueve capitales departamentales y El Alto”.
“El alcance de la medida responde a un mecanismo de distribución de recursos fiscales que involucra al sistema municipal en su conjunto. No sería técnica ni políticamente razonable que una decisión relacionada con recursos municipales termine beneficiando únicamente a los municipios que participaron directamente en la reunión. La autonomía municipal es un régimen reconocido constitucionalmente y no puede depender de la capacidad de interlocución política o de la presencia de determinadas autoridades en una mesa de negociación”, indicó Dulon.