lunes 16 de noviembre de 2026

Medioambiente

Anteproyecto del Código Minero autoriza la extracción de minerales en ríos y cuerpos de agua y promueve la reducción del uso de mercurio y las energías limpias

En el artículo 11, el anteproyecto permite la explotación de depósitos aluviales, fluviales y otros de naturaleza similar; mientras que en el artículo 82 dispone que la proximidad a un cuerpo de agua no determinará, por sí misma, la prohibición de la actividad minera.
Explotación de oro en el norte de La Paz. Foto: Fundación Solón
Explotación de oro en el norte de La Paz. Foto: Fundación Solón

El anteproyecto del Código Minero propone, por un lado, la extracción de recursos mineralógicos en ríos y cerca de cuerpos de agua y, por el otro, promueve la reducción del uso de mercurio, bonos tributarios, financieros y de carbono para promover la transición hacia energías limpias.

El artículo 11, referido a Yacimientos Minerales Detríticos, define que son el resultado de la concentración natural de minerales de interés económico, formada por la meteorización, erosión, transporte y acumulación de materiales provenientes de rocas o yacimientos preexistentes, depositados por acción de agentes naturales. Comprende depósitos aluviales, fluviales, coluviales, eluviales y otros de naturaleza similar.

La ejecución de la cadena productiva de dichos yacimientos deberá considerar y lograr la mejora permanente y eficiente en los sistemas de extracción y recuperación de los minerales, especialmente de finos, mediante la implementación de tecnologías limpias y técnicas ambientalmente eficientes, sin vulnerar el uso del agua, en el marco de la normativa vigente, sostiene el parágrafo II.

Mientras que el parágrafo I del artículo 82, referido a la Protección Hídrica en Actividades Mineras, dispone que, otorgado el derecho, las actividades mineras que se desarrollen en proximidad de cuerpos de agua o puedan generar impactos sobre ellos deberán cumplir la normativa ambiental, adoptando las medidas de prevención, mitigación, control y monitoreo que resulten técnicamente aplicables. “La proximidad a un cuerpo de agua no determinará por sí misma la prohibición de la actividad minera”.

En caso de identificarse áreas de protección hídrica y zonas de restricción o exclusión, sus alcances serán contemplados para la emisión de la licencia ambiental correspondiente. Estas áreas deberán estar identificadas y delimitadas en el marco de la planificación sectorial de recursos hídricos de la autoridad competente nacional, sostiene el acápite II.

El artículo 90, que habla de la Reducción Progresiva del Mercurio, plantea que, en el marco de los convenios internacionales, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia, en coordinación con la Autoridad Ambiental Competente Nacional y las entidades que correspondan, promoverá la reducción progresiva del uso del mercurio en las actividades mineras, con énfasis en la minería artesanal y de pequeña escala y en las operaciones cooperativizadas, mediante políticas, programas y acciones orientados a la adopción de alternativas técnica, ambiental y económicamente viables.

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Las entidades competentes promoverán el desarrollo y la adopción de tecnologías limpias, métodos de recuperación de oro sin mercurio, cuando sean técnica y económicamente viables, así como buenas prácticas ambientales, capacitación y asistencia técnica, a fin de prevenir y reducir los riesgos para la salud humana y los impactos sobre el medio ambiente, dice el parágrafo II.

El III dispone que el Estado promoverá mecanismos de incentivo financiero y no financiero que faciliten la transición hacia tecnologías y prácticas de menor impacto ambiental, incluida la Certificación Verde para las actividades mineras que cumplan los criterios y requisitos que se establezcan mediante reglamentación.

El artículo 110, referido al Fomento a la Minería Verde y el Uso de Tecnologías Limpias, en su acápite I define que el Estado, a través de las autoridades competentes en materia minera y ambiental, promoverá la transición de los actores productivos mineros hacia la minería verde de manera progresiva, incentivando la adopción de tecnologías limpias, la eficiencia energética y la reducción de la huella ecológica en sus operaciones.

Se reconoce y autoriza la certificación de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación de pasivos ambientales generados por la reconversión tecnológica de las cooperativas mineras como bonos o créditos de carbono, bajo los mecanismos nacionales e internacionales de mercado de carbono aplicables, dispone el parágrafo II.

El Estado facilitará el registro y el acceso de las cooperativas mineras a los mercados voluntarios y regulados de carbono, garantizando que los recursos económicos obtenidos sean canalizados prioritariamente hacia fondos de inversión destinados a su modernización tecnológica, seguridad industrial y desarrollo sostenible, plantea el III.

El artículo 111, referido a Incentivos para el Cumplimiento de los Convenios Internacionales, habla de la Reconversión Tecnológica y Fomento a la Minería Responsable. El Estado, a través de las entidades competentes en materia minera y ambiental, establecerá un régimen progresivo de incentivos técnicos, tributarios y financieros dirigido a las cooperativas mineras y a la minería chica que eliminen de manera progresiva el uso de mercurio en sus procesos de amalgamación, en cumplimiento de los compromisos asumidos en los convenios internacionales, promoviendo la adopción de tecnologías limpias de recuperación.