Denuncias

AISEM, que maneja un presupuesto de Bs 324 millones, enfrentó tres escándalos por denuncias de corrupción este año

Asambleístas de la oposición anuncian que fiscalizarán a la AISEM porque maneja mucho dinero en el plan de hospitales y la compra de equipos; solicitarán una intervención y un informe oral para revisar las contrataciones de personal.

La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), que maneja un presupuesto anual de Bs 324 millones, enfrentó este año tres escándalos de corrupción: el primero se registró en marzo, sobre cobros a una empresa que ganó una licitación; el segundo, el 21 de octubre, por denuncias de cobros a funcionarios para mantener sus cargos; y el último, sobre los audios de dos diputados oficialistas que presionan a la exdirectora Mary Daniela Quiroga para contratar a personas recomendadas por ellos.

Esta entidad descentralizada del Ministerio de Salud maneja un presupuesto de Bs 324 millones para este 2026. De ese total, apenas ejecutó el 11% en el primer semestre, según informes oficiales. Asambleístas de la oposición anuncian la fiscalización a esta institución y piden auditorías sobre los contratos de personal.

A raíz de esta última denuncia, asambleístas de la oposición anuncian que fiscalizarán a la entidad descentralizada del Ministerio de Salud, que fue intervenida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público a raíz de denuncias sobre cobros irregulares a funcionarios para conservar su fuente laboral, de hasta el 50% de su sueldo.

A esto se suma la difusión de los audios en los que se escucha a los diputados por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, exigiendo a la exdirectora Mary Daniela Quiroga que contrate a personas recomendadas por ellos.

El 27 de octubre, una semana después de la intervención a esa institución, el Ministerio de Salud publicó una nota de prensa en la que se informa que la ministra de Salud, Marcela Flores, posesionó en el cargo al ingeniero Carlos Eduardo Audivert Cors como nuevo director ejecutivo de esa institución.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 32584, firmada por el presidente Rodrigo Paz Pereira y la titular de la cartera de Salud, con el propósito de dar un “paso firme” en el compromiso del Gobierno por fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar el acceso a equipamiento médico de calidad en todo el territorio nacional, sostiene la publicación oficial.

Otro escándalo que enfrentó la AISEM fue el 5 de marzo de 2026, cuando la ministra informó que se procedió a la desvinculación de las directoras de la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (AISEM), Verónica Casablanca, y de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), Melisa Bress, tras denuncias por presuntos hechos irregulares.

“Se ha desvinculado a las encargadas de AISEM y ASUSS por denuncias y el Estado será parte del proceso para que siga su curso. Este Gobierno no va a tolerar actos de corrupción”, afirmó la autoridad.

En el primer caso de la AISEM, la ministra explicó que la denuncia fue por solicitar dinero a una empresa que ganó una licitación, presuntamente pidiendo el 10% del monto total del proyecto a cambio de adjudicarle la obra.

Respecto a la ASUSS, la autoridad señaló que en esa institución se exigían montos de dinero a funcionarios para permitirles permanecer en sus cargos. Según la información preliminar, los montos solicitados variaban de acuerdo con el salario de cada trabajador y los cobros se realizaban mensualmente. Se cuenta con la primera hoja de la planilla de un total de diez funcionarios. Complementó que las investigaciones continuarán y que el caso ya se encuentra en instancias de la Fiscalía.

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La AISEM es la institución encargada de ejecutar programas y proyectos integrales y multidisciplinarios de establecimientos de salud hospitalarios en toda Bolivia; ejecuta proyectos para dotar de equipamiento, tecnología y conocimiento y/o capacidad de gestión al Sistema Único de Salud (SUS); además, participa en el planeamiento y diseño de nuevos hospitales, así como en la ampliación y remodelación de establecimientos de salud que están en funcionamiento para mejorar la infraestructura del SUS, informa su página institucional.

Esta entidad fue creada en agosto de 2017 a través del Decreto Supremo 3293, durante la gestión del expresidente Evo Morales.

Cuando estalló el escándalo sobre el cobro a los funcionarios, la diputada por la Alianza Libre Cecilia Vargas, quien informó sobre la intervención de la FELCC, advirtió que estos hechos de corrupción debían ser investigados a fondo.

“Se tiene que llegar al fondo del asunto, porque esto es corrupción, considerando que la AISEM maneja mucho dinero, en el plan de hospitales, compra de equipos y con estas denuncias se ve que no hay transparencia", manifestó.

Ante la falta de avances en las investigaciones, la asambleísta anunció que recurrirá a la fiscalización legislativa y solicitará los informes sobre este caso.

Este miércoles, la jefa de bancada de Libre, Lissa Claros, anunció que procederá con la fiscalización a la institución, después de la difusión de los audios en los que se escucha a los diputados oficialistas Bilbao y Medinaceli.

Claros dijo que solicitará una intervención y una petición de informe oral para revisar las contrataciones en la entidad, luego de las denuncias que involucran a los dos parlamentarios del PDC.

Cuestionó que ambos parlamentarios intervengan en la asignación de cargos públicos y sostuvo que estas prácticas afectan la independencia de las instituciones estatales.

"Yo hace muchísimo tiempo ya denuncié que precisamente el aparato del Estado estaba siendo sujeto de clanes, en este caso, de parlamentarios donde pedían cargos sin incluso cumplir el perfil", afirmó a Red Uno.

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La diputada anunció que su bancada solicitará una auditoría de los funcionarios contratados en la entidad para establecer si cumplen con los perfiles profesionales requeridos.

"Lo que nosotros vamos a solicitar es la intervención de las citadas correspondencias para una auditoría en todos los funcionarios que se han ido contratando durante todo este tiempo, si cumplen o no cumplen el perfil profesional", manifestó.

Claros también cuestionó que la ministra de Salud deslinde responsabilidades sobre lo ocurrido en la AISEM bajo el argumento de que se trata de una institución descentralizada y autónoma en su administración.

A criterio de la legisladora, la autoridad debe solicitar una investigación, una auditoría y la revisión de las contrataciones para determinar si existieron irregularidades.

A esa posición se sumó el senador por Libre Abdón Porcel, quien demandó al primer mandatario y a la ministra Flores una explicación sobre el alcance de los audios y sobre la salida de la institución de Quiroga.

El asambleísta calificó estos actos como “actitudes delincuenciales” al comprometer recursos del Estado y enfatizó que el hecho configura un delito tipificado en el artículo 46 del Código Penal, con penas previstas de tres a ocho años de cárcel. Asimismo, señaló que el caso podría encuadrarse en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y recordó que los parlamentarios ya no cuentan con inmunidad, por lo que el Ministerio Público debe activar una investigación de oficio.

Como medida fiscalizadora, el legislador confirmó la presentación de una petición de informe oral dirigida al Ministerio de Salud para que esclarezca las causas del apartamiento de Quiroga, informó El Potosí.

Además de estas denuncias, informes oficiales revelan que la AISEM ejecutó apenas el 11,88 % de su presupuesto de Bs 324,2 millones durante la gestión 2026.

Según el reporte de ejecución presupuestaria al 30 de junio, los fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alcanzaron un devengado de Bs 27.736.238,52 sobre un total de Bs 138.257.941,00, lo que representa un avance del 20,06 %. Mientras que no se registró ejecución alguna de los Bs 5.070.519,30 asignados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Por otro lado, los recursos destinados al Gasto Corriente tuvieron una ejecución del 33,26 % sobre un monto de Bs 17.112.744,00, mientras que los fondos del Tesoro General de la Nación (TGN) para inversión apenas llegaron al 3,10 % de los Bs 163.761.395,00 presupuestados. Del presupuesto total general de Bs 324.202.599,30, la entidad solo logró ejecutar el 11,88 % al cierre del primer semestre.

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