Inseguridad

Abogado de Zeballos sospecha que el ataque fue por encargo y descarta que los internos actuaran por iniciativa propia

El abogado sostuvo que los controles en el penal de alta seguridad El Abra, de Cochabamba, son muy estrictos cuando va a visitar a su cliente, por lo que descartó que los internos que dispararon en contra del exfiscal departamental de Santa Cruz hayan podido ingresar armas, celulares y sustancias controladas, y presume que hay alguien detrás que pudo corromper el sistema de seguridad.

César Rojas, abogado del exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, consideró que se pretendió asesinar a su defendido por encargo y descartó que haya sido una iniciativa de los internos que se encuentran en el centro penitenciario El Abra, cumpliendo una sentencia.

“Desde un punto de vista muy personal, se ha pretendido asesinar a mi defendido por encargo. Esto no creo que haya sido iniciativa propia. ¿Por qué? Porque estas tres personas eran internos, estaban ahí y tengo entendido que estaban con sentencia. Entonces, no tenían ellos la facilidad de poder salir y conseguir e introducir al centro penitenciario celulares, meter sustancias controladas”, afirmó.

El día de ayer se produjo un ataque armado en el bloque C del penal de máxima seguridad El Abra, de Cochabamba, que redujo a varios internos de nacionalidad brasileña como presuntos responsables de disparar contra el exfiscal de Santa Cruz.

Los sospechosos del ataque fueron identificados por la Policía como Fabio Moreira Ormillo, Gabriel Silva Do Santos y Oscar Junior Tessa Díaz, de nacionalidad brasileña, y Adebaldo Gómez Freitas, boliviano, informó Asuntos Centrales.

Para el abogado, hay alguien detrás del ataque armado: “hay alguien de atrás, un autor intelectual el cual ha tenido incluso que manipular y burlar los sistemas de seguridad del propio centro penitenciario”.

Por ello, consideró que un sicario o alguien que tenga este tipo de detención y tenga los antecedentes que tienen los tres presos que dispararon en contra de Zeballos no podría tener ese tipo de facilidad, considerando los controles que existen en el penal.

Como ejemplo, relató que incluso él, cuando va a visitar a su defendido, tiene que pasar por un escáner. Además, le toman fotografías a él, a su credencial y al vehículo en el que llega y se retira del penal.

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“Imagínese que este control se haga al abogado de un interno que está detenido preventivamente. Se haga este control tan exquisito y, para otras personas que ya un poco más introducen hasta un FAL, fusiles. Por eso considero que alguien está por detrás y ha podido corromper el sistema de seguridad”, dijo en entrevista con Asuntos Centrales.

Rojas informó que después del ataque no tuvo contacto con su cliente y tiene entendido que está en el penal con un custodio policial. Aclaró que hoy tenían una audiencia de apelación en La Paz; por ello, no tuvo la posibilidad de reunirse con Zeballos.

Sin embargo, dijo que en las próximas horas se iba a constituir en la ciudad de Cochabamba para poder entrevistarse con él, aunque no quiso indicar el día en que se trasladaría a Cochabamba.

El abogado dijo desconocer que Zeballos se encontraba en una celda de aislamiento junto a miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, quienes intentaron asesinarle.

“Tengo entendido que en este bloque es de seguridad donde personas, en este caso, como exautoridad, tienen que guardar ahí la detención preventiva; desconozco si en este mismo bloque se encontraban los cabecillas de estas organizaciones criminales que hubieran puesto en riesgo en cualquier momento la vida de mi defendido, en caso contrario lo habríamos denunciado”, manifestó.

El abogado indicó que la pasada semana estuvo en el penal y su defendido no dijo nada sobre amenazas. Expresó su preocupación porque en el lugar donde se efectuó el ataque se encontró un arma de fuego de 9 mm, celulares y sustancias controladas.

“No hay ningún tipo de seguridad, esa es la preocupación que se tiene como defensa, porque no existen las garantías reales para que mi defendido pueda cumplir la detención preventiva, aunque es ilegal arbitraria, tenga el resguardo de su vida y su integridad”, sostuvo.

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Rojas dijo que tiene entendido que fueron entre seis y 10 disparos de arma de fuego en la puerta de un baño que se encontraría en la celda de su cliente, aunque aclaró que desconoce dónde está ubicado porque nunca se le permitió ingresar hasta su celda y desconoce dónde fueron los impactos de los proyectiles.

Dijo que se espera que ese informe lo proporcione el Ministerio Público a través de Régimen Penitenciario para determinar cómo se produjo el ataque.

Advirtió que existen responsabilidades por el ataque y mencionó que los encargados de la seguridad de los detenidos son los jefes de seguridad, personal policial que es el encargado de dar seguridad a los internos.

Sin embargo, sostuvo que este tema también es de responsabilidad de Régimen Penitenciario y que se tienen que determinar las responsabilidades administrativas y penales, que pueden afectar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), en este caso, al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

El abogado defensor informó que, a raíz del ataque a su defendido, la prioridad de la defensa es el resguardo de su vida y que se presentó un pedido de traslado de su cliente al penal de Palmasola, en Santa Cruz, y se está a la espera de una respuesta de las autoridades.

Dijo que la defensa pide el traslado de Zeballos a ese penal por motivos de salud y porque se encuentra más cercano a su familia, que reside en Santa Cruz.

Además, se refirió a los malos antecedentes del penal de El Abra, donde hace poco se cometió un feminicidio, a pesar de que es el penal de alta seguridad del país. Rojas justificó su pedido de traslado porque, además de El Abra, el penal de Chonchocoro, en San Pedro, tiene antecedentes funestos.

Zeballos fue imputado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, en el marco de la investigación del caso ROMA, por la supuesta protección a Marset, y fue remitido al penal de El Abra, en Cochabamba, donde debe cumplir la detención preventiva por seis meses.

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