Análisis
CEDLA alerta que anteproyecto de Código Minero encubre una privatización por 60 años y vulnera la Constitución y reservas naturales
Contratos mineros de hasta 60 años, el retorno de las asociaciones entre cooperativas mineras con actores privados, la consulta previa sin derecho a veto y la autorización para operar en áreas protegidas y ríos, son los riesgos que afectan a los territorios, al medioambiente y van en contra de la Constitución Política del Estado, son algunos de los riesgos identificados en el anteproyecto del Código Minero, de acuerdo con un análisis del investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta.
En el documento titulado “¿Modernizar o regalar?: El trasfondo del proyecto de Código Minero boliviano”, el experto compara la propuesta del Gobierno del presidente Rodrigo Paz con la Ley de Minería vigente desde el año 2014.
Advierte que el documento redactado por un equipo de expertos, en base a propuestas de algunos sectores recogidas por el Ministerio de Minería, consolida un esquema de privatización territorial que restituye, en los hechos, las garantías y privilegios del antiguo sistema concesionario.
“Aunque el texto legislativo evita cuidadosamente el uso de la palabra ‘concesión’ para no colisionar formalmente con los mandatos de la Constitución Política del Estado de 2009, la arquitectura jurídica diseñada mediante los ‘Contratos de Otorgación de Derechos Mineros’ otorga a los operadores privados y cooperativos el dominio efectivo sobre vastas extensiones del territorio nacional, advierte el investigador.
Explica que, mediante estos contratos administrativos, el Estado “cede el control exclusivo de los yacimientos por un plazo de hasta 30 años, prorrogable de manera automática por un periodo adicional de otros 30 años, alcanzando una duración total de 60 años”.
Aunque el articulado prohíbe formalmente la cesión, venta, arrendamiento o gravamen del área minera, sostiene que la propuesta otorga al titular del derecho la libre disposición sobre la totalidad del mineral extraído, así como la propiedad inalienable sobre los campamentos, plantas de beneficio, maquinarias e infraestructura instalada.
“En la práctica operativa de los mercados internacionales, las empresas privadas continuarán utilizando la información geológica y cuantitativa de las cuadrículas adjudicadas para cotizar e incrementar su valor en las bolsas de valores del extranjero, reproduciendo el esquema especulativo de las antiguas concesiones”, revela el análisis presentado por el experto.
Zaconeta sostiene que el proyecto decreta en su artículo 6 que las actividades productivas mineras son estratégicas, de prioridad nacional, de necesidad estatal y de "aplicación preferente" sobre cualquier otra actividad productiva.
“Esta disposición se complementa con la determinación de que el derecho propietario, posesorio o de uso sobre el suelo superficial no otorga facultades sobre los recursos del subsuelo ni puede ser invocado por agricultores, ganaderos o comunidades indígenas para impedir, suspender o desconocer el ejercicio de los derechos mineros otorgados”, advierte.
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La norma “impone una hegemonía territorial de la minería sobre la seguridad alimentaria, la producción agropecuaria, la forestería y la conservación ambiental, subordinando de forma permanente el uso del suelo al extractivismo mineral”, manifiesta el análisis.
Considera que una de las modificaciones más “regresivas e impactantes” del proyecto normativo se encuentra en el artículo 140, el cual autoriza la suscripción de "Contratos de Asociación Productiva Minera" entre cooperativas mineras y empresas privadas, sean estas nacionales o extranjeras.
“Esta disposición destruye el principio de prohibición estricta establecido en el artículo 151 de la actual Ley 535, norma que fue ratificada y blindada tras los trágicos conflictos sociales de agosto de 2016 que costaron la vida del viceministro Rodolfo Illanes y de varios trabajadores cooperativistas”, afirma en relación a la movilización de ese sector en contra de la reforma de la Ley de Cooperativas, que fue aprobada en 2016.
La legalización de estas asociaciones crea una brecha constitucional de gran magnitud. Bajo la narrativa de facilitar el acceso a capital, tecnología y mejores estándares productivos, el proyecto legaliza la figura de los "palos blancos" corporativos, permitiendo que grandes inversionistas y multinacionales operen en los yacimientos escudados bajo el régimen preferencial, tributario y laboral del sistema cooperativo.
Esta apertura a las asociaciones contrasta severamente con la omisión de los sectores más vulnerables de la cadena productiva minera. La propuesta regulatoria se circunscribe a revalidar la estructura tripartita tradicional —integrada por los actores estatal, privado y cooperativo— conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado, manifiesta.
Con ello, advierte que se soslaya la complejidad sociolaboral de la Minería en Pequeña Escala y Artesanal (MAPE), la cual prescinde de una categorización y un marco legal específicos. Asimismo, se mantiene la exclusión normativa de otros actores clave en la economía regional, tales como las palliris, los poceros, los barranquilleros y los agromineros.
“A su vez, el proyecto perpetúa la falta de reconocimiento jurídico de los trabajadores asalariados de las cooperativas mineras — denominados jornaleros, maquipuras o segundas manos—, lo que priva a este colectivo de la debida tutela laboral y expone sus derechos a constantes vulneraciones”, advierte.
Con relación a la minería ilegal, expresa que frente al avance descontrolado de la minería ilegal en las cuencas amazónicas y los ríos del país, impulsado por estructuras criminales armadas, tráfico de combustibles y explotación ilícita de oro, “el proyecto de Código responde con una respuesta puramente burocrática e ineficaz”, en referencia a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad y Protección Minera (AGEPROMIN) como entidad descentralizada encargada de formular estrategias, emitir resoluciones de suspensión de actividades y coordinar planes de intervención con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Zaconeta sostiene que, bajo este esquema, los acopiadores e intermediarios comerciales podrán registrar compras de mineral -como ocurre ahora-, utilizando formularios digitales sin que la autoridad verifique el origen real del oro en la bocamina o en el río.
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“De este modo, la plataforma estatal terminará sirviendo como un mecanismo burocrático para blanquear el oro extraído ilegalmente en áreas protegidas o cuencas prohibidas, introduciéndolo legalmente al circuito comercial y a la exportación formal ante la inoperancia e incompetencia del aparato estatal”, señala el estudio.
En el plano ambiental y de derechos de los pueblos indígenas, el investigador advierte que el anteproyecto de Código de Minería representa “un retroceso histórico” que vulnera los principios constitucionales de protección al medioambiente y los convenios internacionales ratificados por Bolivia. “La gestión ambiental es tratada como un trámite administrativo acelerado orientado a viabilizar operaciones extractivas sin importar el costo ecológico”, concluye el análisis.
El derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) consagrado en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT “queda degradado a un procedimiento administrativo sumario”. El artículo 144 establece de forma explícita que la consulta "no constituye un mecanismo de negociación de derechos mineros, tampoco implica un derecho de veto".
Mientras que, el artículo 148 fija un plazo fatal de únicamente tres meses para la realización de todo el proceso deliberativo. Si al cabo de este periodo no se alcanza un acuerdo entre la empresa y las comunidades, la Autoridad Nacional Minera (ANM) asume la potestad unilateral de emitir una Resolución Administrativa imponiendo la ejecución del proyecto minero.
“El retroceso alcanza su punto culminante en el artículo 146, el cual suprime por completo el derecho a la consulta previa cuando el área minera solicitada se sobreponga a tierras fiscales o propiedades privadas, despojando a los pueblos indígenas de todo mecanismo de defensa territorial”, precisa.
En el ámbito ecológico, la desregulación es agresiva y explícita, asegura. El artículo 154 autoriza el desarrollo de actividades mineras y la conservación de derechos dentro de Áreas Protegidas, estableciendo que la creación o existencia de un área protegida no es causal para la extinción de un derecho minero preexistente o adquirido.
Para las nuevas solicitudes dentro de estas reservas ecológicas, la norma exige apenas un Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU) emitido por el SERNAP, convirtiendo la protección ambiental en una simple certificación burocrática. Peor aún, el artículo 156 legaliza la realización de operaciones mineras dentro de Sitios RAMSAR y humedales de importancia internacional, bastando una certificación técnica de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sostiene el documento.
En cuanto a la protección hídrica, el artículo 152 dispone que la proximidad de una operación minera a un cuerpo de agua o río "no determinará por sí misma la prohibición de la actividad minera", permitiendo el vertido de efluentes y la intervención de cauces bajo compromisos generales de mitigación.
En materia de sustancias tóxicas, la norma evita prohibir el uso del mercurio en la minería aurífera, limitándose en el artículo 162 a proponer una "reducción progresiva" sin fijar metas obligatorias, plazos ni penalizaciones. Esta omisión ignora la grave crisis de salud pública que enfrentan las comunidades indígenas de la Amazonía, como el pueblo Esse Ejja en la cuenca del río Beni, cuyos miembros presentan niveles críticos de envenenamiento por metilmercurio en la sangre a causa del consumo de peces contaminados, advierte.