Defensoría del Pueblo insta al Estado a solucionar conflicto en Ocurí donde se obligó a concejalas a renunciar

Visión 360 / La Paz

La Defensoría del Pueblo, mediante un pronunciamiento, instó este jueves a las instituciones del Estado a solucionar el conflicto en el municipio de Ocurí, departamento de Potosí, donde se obligó a concejalas a renunciar a sus cargos.

“La Defensoría del Pueblo insta a las instancias competentes del Estado a dar solución al conflicto, activando las acciones correspondientes que salvaguarden la seguridad e integridad de las concejalas como lo establecen los estándares internacionales de Derechos Humanos”, señala parte del pronunciamiento.

De acuerdo con el documento, la institución exhortó también a la población a denunciar todo acto de agresión y vulneración de derechos humanos y coadyuvar en la construcción de la convivencia pacífica, donde el odio, la discriminación, el racismo y la violencia no tienen lugar.

El 8 de marzo, un grupo de comunarios habría tomado de forma violenta la infraestructura de la Alcaldía Municipal y exigió la renuncia de concejalas.

La Defensoría del Pueblo intervino en el caso, donde se tendrían identificados actos de acoso y violencia política contra las concejalas, a quienes se les habría presionado y llevado en contra de su voluntad a la comunidad de Maragua para exigirles dejar sus cargos.

Así también a través de la delegación de Potosí y la Coordinación Regional de Llallagua, impulsa espacios de diálogo, e insta a los actores involucrados (dirigentes y autoridades municipales) a optar por la concertación y la búsqueda de soluciones, a través del diálogo sobre la base las normas vigentes, haciendo énfasis en que los acuerdos de gestión compartida que habrían firmado ambas partes.

La Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, que fue redactada a raíz de la violenta muerte que sufrió la exconcejala Juana Quispe Apaza del municipio de Ancoraimes, La Paz, hace 12 años, cuyo caso fue reconocido como "emblemático e histórico", garantiza el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y sanciona penalmente todo acto de acoso y violencia política hacia ellas.

Se recuerda que acoso político es todo "acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometido por una persona o grupo de personas, militantes o no, contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o contra sus familias".