Interventor de Epsas recomienda al Gobierno analizar responsabilidades por daño económico

El interventor de la Empresta Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS), Alfredo Ayala, reconoce que el juicio ganado por 401 trabajadores pone en riesgo las finanzas de la empresa intervenida y recomienda analizar el caso e iniciar un proceso contra los responsables del daño económico. Se apunta, principalmente, al exinterventor designado en la gestión del expresidente Evo Morales, Humberto Claure, actual titular de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“Por todo lo acontecido pongo en conocimiento a su autoridad, ya que dicha situación que afectará en lo financiero a Epsas S.A. Intervenida, ya que este aspecto no fue provisionado por las anteriores autoridades”, señala parte de la nota a la que Visión 360 tuvo acceso.

El documento, firmado por Ayala está dirigido al director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Rubén Méndez, quien fue ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) hasta el 3 de marzo.

El informe fue enviado el 9 de abril y tiene como referencia: “Proceso laboral de bono de antigüedad seguido por el Sutas (Sindicato de Trabajadores de Agua y Saneamiento de La Paz)”. De acuerdo a los antecedentes, la nota sería una respuesta a las consultas que la APSS hizo a Epsas S.A. por dicho fallo.

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Proceso al presidente de la ABC

“Asimismo, se recomienda que, por la unidad que corresponda, se analice sobre los indicios de responsabilidad que existiera de las anteriores autoridades ejecutivas de la empresa, tal es el caso del exinterventor, ingeniero Humberto Claure Quezada, designado por la AAPS mediante resolución Nº 346/2016”, señala otra parte de la nota.

Actualmente, Claure desempeña funciones como presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), cargo que asumió en octubre de 2023.

En el texto, Ayala detalla que los 401 trabajadores, así como Epsas S.A. fueron notificados con la sentencia ejecutoriada el 29 de enero. Asimismo, se menciona que la jueza de Partido de Trabajo y Seguro Social 5to de La Paz, Claudia Contreras, instruyó, el 14 de febrero, que la empresa intervenida tenía un plazo de tres días para presentar las planillas de los trabajadores, con el fin de hacer el cálculo real de la deuda a pagar.

Desde hace una semana, Visión 360 buscó la versión de todas las autoridades involucradas. Ayala y Claure quienes entonces no atendieron las consultas. Desde la AAPS, por medio de su Unidad de Comunicación, Méndez solo hizo conocer que se había solicitado información al interventor de Epsas sobre el fallo judicial.

De acuerdo a las denuncias hechas por el investigador y consultor en temas de saneamiento, José María Herbas, el juicio ganado por los trabajadores genera una deuda aproximada de 114 millones de bolivianos, que Epsas no puede negarse a pagar, lo cual representaría una virtual quiebra técnica, debido a que los ingresos anuales de la empresa intervenida son sólo de 340 millones de bolivianos al año.

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En su gestión, para disminuir costos de administrativos, Claure instruyó disminuir el monto del bono de antigüedad que los trabajadores ganaban hasta noviembre de 2016 y era pagado cada mes junto a sus salarios. La justicia resolvió que esa decisión fue ilegal, pues dicho bono se pagaba con base en un cálculo hecho sobre nueve salarios mínimos, según un acuerdo reconocido por el Estado y citado como una “conquista social”.

En esa línea, Claure emitió una resolución administrativa para que el bono de antigüedad disminuya y solo se pague con el promedio de tres salarios mínimos. Ante esto, 401 trabajadores afiliados al sindicato presentaron el proceso laboral que ganaron en junio de 2021, pero que recién fue ejecutoriado en enero de este año.