Potosí: Comunarios denuncian que un ingenio minero contamina su territorio y persigue a dirigentes indígenas

“Ahí cerca hay ríos. Como no tiene geomembrana estos diques de cola, hay venas de agua que llegan a los ríos y lagunas, y estaba claro que estaba filtrando los residuos a las aguas de los comunarios”, describió la abogada Angela Uzuna, quien denunció que desde 2021 los comunarios de Alcko Tambo, del ayllu Jesús de Machaca de Potosí, soportan abusos de una empresa minera. 

En una nota de prensa de Unitas, la jurista contó que la empresa minera La Estrella SRL. no sólo está contaminando las fuentes de agua del territorio que habitan, sino que también se ha encargado de iniciar procesos legales en contra de dirigentes y comunarios de la zona por oponerse a su actividad minera.

La principal observación de los comunarios y autoridades indígenas de Alcko Tambo es el manejo de residuos, dado que la empresa no cuenta con licencia ambiental ni con medidas de mitigación ambiental.

En febrero de este año, los diques de cola de la empresa colapsaron y empezaron a contaminar las aguas del territorio y la atmósfera.

En más de una ocasión, los comunarios pusieron en evidencia que los diques de cola (depósitos de desechos) del ingenio minero no tienen geomembrana, unas láminas cuya función es impedir la filtración de los residuos líquidos a la tierra y a las fuentes de agua.

El ingenio minero ha sido observado no sólo por los comunarios de la zona. En 2023, la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Potosí estableció que los diques de cola de la empresa no tenían licencia ambiental, ni un buen manejo y operación, además que la empresa no cumplía con las medidas de mitigación ambiental.

“Hay tres resoluciones administrativas de Madre Tierra que confirman que hay contaminación y se ha recomendado que se paralicen esas actividades, pero no se ha ejecutado esas resoluciones, no se han paralizado (las actividades de la empresa minera)”, señaló la abogada, citada por Unitas. 

Es así que los comunarios empezaron una serie de medidas de presión en contra de la empresa para que acate estas resoluciones y evite contaminar el medioambiente. El año pasado y en febrero de este año, en el ejercicio de su derecho a la protesta, los comunarios bloquearon la vía de acceso al ingenio, pero esas acciones les valieron procesos legales y agresiones.

Uzuna mencionó que, a raíz de esta defensa de su territorio, la empresa minera denunció a tres dirigentes indígenas por “atentados al derecho al trabajo”.

Pero no sólo eso, en 2023, en el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, el ayllu Jesús de Machaca decidió emitir una resolución de desalojo del ingenio minero, dado que no cumplió con su compromiso de instalar geomembranas a sus diques de colas. A raíz de esa determinación, contó la abogada, la empresa inició un proceso penal por usurpación de funciones y uso de documento falsificado en contra de ocho autoridades indígenas, entre ellas cuatro hombres y cuatro mujeres.

La tercera y última acción judicial emprendida por la empresa se suscitó en febrero de este año.

Cuando los indígenas estaban bloqueando el camino hacia el ingenio, los trabajadores de la empresa los enfrentaron y golpearon a varios de los indígenas, a uno de ellos, de 14 años, le fracturaron la nariz. Bajo el patrocinio de la empresa, se activó una acción de libertad, bajo la figura de que los comunarios estaban coartando la libre locomoción de los mineros al retenerlos.

Frente a esta arremetida, la respuesta de los comunarios fue iniciar, también, un proceso legal contra la empresa ante el Ministerio Público, por el delito de daño medioambiental, pero “la Fiscalía no ha iniciado ni ha activado ningún proceso” hasta la fecha, comentó Uzuna.

Proceso en contra de la abogada En la acción de libertad, no sólo se procesó a los dirigentes y comunarios, sino también a la abogada Uzuna, a quien la vincularon con los bloqueos e impidieron que ejerza su derecho a la defensa técnica de los comunarios.

“Me vinculan a mí porque sostienen que yo estaría encabezando esto con los dirigentes y se ha admitido la acción de libertad. Me han obligado a que tenga que contratar a otro abogado para que me defienda y se contrate a otro para que defienda a los dirigentes”, deploró.

El juez que abordó la acción de libertad le concedió la tutela a la empresa minera, comentó Uzuna, quien lamentó esta forma de amedrentamiento que, ahora, también le toca sufrir a ella como abogada de la comunidad.