Decreto 5143 de DDRR enciende las alarmas, cívicos se reunirán en Potosí para definir medidas

El Decreto 5143 de funcionamiento de Derechos Reales (DDRR) encendió las alarmas, pese a la explicación del ministro de Justicia, Iván Lima, quien trató de hacer ver que las observaciones tienen la intención de convulsionar el país. Este jueves, los cívicos de los nueve departamentos se reunirán en la ciudad de Potosí, para analizar este tema y otros más, y definir acciones.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, citado por la televisora DTV, informó que los cívicos de los nueve departamentos del país fueron convocados a ese encuentro, en el que se analizarán cinco temas que preocupan al pueblo boliviano.

Uno de esos asuntos es el decreto de funcionamiento de DDRR, que ya fue cuestionado por varios sectores, desde organizaciones sociales, profesionales y legisladores.

De acuerdo con el analista cruceño José Luis Santiesteban la principal observación es la inseguridad jurídica que plantea el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 10 de abril, al plantear la intervención del Órgano Ejecutivo, a través de la Agetic, en la administración de los registros de propiedad.

Precisamente, para evitar la “manipulación e instrumentalización” de esta información es que la administración de DDRR está en el Órgano Judicial, a través del Consejo de la Magistratura, indicó Santiesteban.

“En Bolivia no hay seguridad jurídica porque la justicia está politizada y se concentran las funciones en el Órgano Ejecutivo, ahora está bloqueada la Asamblea y el TSE”, dijo el analista.

Consideró que el titular de Justicia “está desubicado” cuando cita la Constitución Política del Estado y asegura que se garantiza la propiedad privada porque se salta parte del artículo 56 que señala “siempre y cuando se cumpla la función económica social”, lo que funciona para el agro, pero que bien se puede aplicar en predios urbanos, “igual se puede dar”.

Quienes cuestionan este decreto anunciaron que están en emergencia y determinarán medidas de presión hasta que se abrogue la norma, que calificaron de “inconstitucional”.

No obstante, anoche, Lima dijo: “La mala información que se genera tiene objetivos políticos, no tiene como fin buscar la seguridad jurídica de las familias (…) busca generar miedo, incertidumbre y convulsionar el país”.

Según indicó la autoridad, el único objetivo del Decreto 5143 es evitar la corrupción con los pagos en los bancos, de manera de transparentar el trabajo, además, agilizar los procesos porque la población podrá obtener sus documentos en línea, además simplificar los procedimientos burocráticos.