Defensoría alerta sobre riesgo inminente al derecho a la alimentación en centros de acogida y hospitales públicos

La Defensoría del Pueblo alertó sobre un riesgo inminente para la garantía del derecho humano a una alimentación adecuada de personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran bajo tutela o atención del Estado, debido principalmente a las restricciones presupuestarias y al incremento de los precios de los alimentos.

El hallazgo surge de una verificación defensorial de alcance nacional realizada en 54 establecimientos de las nueve capitales departamentales y el municipio de El Alto. La supervisión comprendió 18 centros de acogida para niñas, niños y adolescentes (NNA), 15 centros para personas adultas mayores (PAM) y 21 hospitales públicos de segundo y tercer nivel.

El reporte, presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, advierte que la situación presupuestaria compromete la provisión continua, oportuna y pertinente de alimentos. Entre los factores identificados se encuentra el incremento generalizado de los precios en el mercado, asociado a la eliminación de la subvención al diésel, además de la volatilidad de los precios de la canasta básica.

Ante este escenario, la Defensoría recomendó al Ministerio de Salud y Deportes evaluar un incremento sustancial del presupuesto destinado a la alimentación hospitalaria en los establecimientos de tercer nivel. También exhortó a los gobiernos autónomos departamentales y municipales a adoptar medidas financieras y administrativas inmediatas para garantizar los recursos necesarios, atender las necesidades específicas de cada establecimiento y asegurar la cantidad, variedad y calidad nutricional de los alimentos.

Centros de acogida

En los centros de acogida para niñas, niños y adolescentes, la falta de presupuesto constituye el principal factor de riesgo identificado para el ejercicio pleno del derecho a una alimentación adecuada e integral.

La verificación estableció que en 10 de los 18 centros supervisados, equivalentes al 56%, los recursos asignados son insuficientes para mantener la misma cantidad y variedad de insumos alimentarios. A ello se suma que el 17% de los proveedores reportó un incremento en los precios de los productos.

La Defensoría también constató que el 22% de los centros verificados presenta un desabastecimiento parcial de verduras, carnes y frutas. Entre estos establecimientos se encuentran Aldeas Infantiles SOS de El Alto, el Hogar Penny de Oruro, el Hogar de Niñas y el Centro Educativo Integral Chetequije, ambos en Trinidad. Además, el 17% de las instituciones no cuenta con reservas suficientes de alimentos frescos.

Según el reporte, esta situación ya se refleja en una reducción de la variedad de alimentos suministrados a niñas, niños y adolescentes, lo que puede afectar el cumplimiento de sus requerimientos nutricionales durante una etapa clave de su desarrollo biológico y psicosocial.

Para enfrentar la falta de recursos, los centros adoptaron distintas medidas de contención. Entre ellas están la sustitución de productos, aplicada en el 28% de los establecimientos; la solicitud de donaciones o aportes externos, en el 22%; la compra de insumos de menor costo, en el 17%; la reducción directa de gastos destinados a alimentación, en el 11%; y la disminución del volumen de las compras, en el 6%.

La Defensoría advirtió que estas medidas permiten responder de manera coyuntural a las restricciones presupuestarias, pero no resuelven el problema estructural de garantizar una alimentación suficiente, variada y nutricionalmente adecuada para las poblaciones bajo tutela y atención estatal.