TCP suspende la aplicación del Decreto 5143 de DDRR hasta que se resuelva el recurso presentado

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió la aplicación del Decreto Supremo 5143 de funcionamiento de Derechos Reales (DDRR) hasta que se resuelva el recurso que presentó el diputado del ala “arcista”, Juan José Jáuregui.

“A lugar la medida cautelar impetrada conforme a los argumentos expuestos en el fundamento jurídico de este fallo constitucional disponiendo la suspensión temporal de la aplicación del Decreto Supremo 5143 en tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta, es decir hasta que se emita la correspondiente sentencia constitucional plurinacional”, establece parte de la resolución del TCP.

Ayer, Jáuregui presentó un recurso de inconstitucionalidad para pedir un control de constitucionalidad del decreto, luego de los diversos reclamos que surgieron sobre la norma.

“El recurso abstracto que se presentó está solicitando que tenga que someter a un test de constitucionalidad el proceso mediante el cual se ha aprobado dicho decreto supremo; se ha solicitado la medida cautelar que va a permitir que se pueda paralizar los efectos jurídicos de este referido decreto”, dijo el legislador en conferencia de prensa.

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El presidente Luis Arce también se pronunció sobre las observaciones del decreto aprobado el pasado 10 de abril, y negó que el contenido del decreto busque “afectar la propiedad de la gente” o “expropiar” las casas de las familias bolivianas, como algunos políticos, entre ellos los seguidores de Evo Morales y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), denunciaron para movilizar a la población.

“Hemos visto que se han presentado algunos recursos (contra el Decreto 5143) para que sea el Tribunal Constitucional quien pueda manifestarse al respecto, esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional”, afirmó en ayer en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

Hasta este jueves, ya estaban planificadas movilizaciones como la de los gremiales que anunciaron que saldrán a las calles el próximo lunes para pedir la abrogación de la norma.

Similar demanda expresaron los profesionales y legisladores, quienes observaron, entre otros puntos, que el decreto le da tuición al Órgano Ejecutivo para administrar el registro de los bienes patrimoniales de la población, mediante la Agetic, con el argumento de crear un sistema único.