Presidente del TSJ afirma que la Asamblea “no tiene atribuciones” para cesar a los magistrados

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tiene atribuciones para cesar a los magistrados, cuya prórroga se fundamenta en la interpretación de la Constitución Política del Estado realizada por el Tribunal Constitucional.

“El Legislativo no tiene atribuciones para dejar cesantes los cargos de magistrados. La interpretación de la Constitución le corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”, declaró Jaimes al diario Correo del Sur de Sucre.

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La Declaración Constitucional 049/2023, del TCP, fue emitida el 11 de diciembre de 2023 y dispone “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.

Jaimes explicó que la continuidad de los magistrados en sus funciones está respaldada por el artículo 15 de la Ley 254 (Código Procesal Constitucional), que establece que “las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general".

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Consultado sobre si la interpretación constitucional que avala la continuidad de los magistrados prevalece sobre la decisión que tomó este jueves la Asamblea Legislativa, el magistrado respondió que “Jurídicamente sí, aunque políticamente quieran hacer ver lo contrario”.

El jueves, la Asamblea, presidida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aprobó en su estación en grande y detalle la ley antiprórroga 075, que busca dejar sin efecto la prórroga de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura, que -dice- cumplieron su mandato el 2 de enero, y por tanto, deben cesar en sus funciones.