lunes 6 de abril de 2026

Propuesta

CC oficializa su planteamiento de conformar una comisión especial para investigar la revuelta militar

La alianza naranja dio a conocer la misiva y propuesta de resolución que enviaron los jefes de bancada al Vicepresidente.
El grupo de militares que tomó la plaza Murillo, el 26 de junio. Foto: APG
El grupo de militares que tomó la plaza Murillo, el 26 de junio. Foto: APG

Comunidad Ciudadana (CC) oficializó su planteamiento de conformar una comisión especial mixta para indagar la revuelta militar que se produjo el pasado 26 de junio. La alianza naranja propone la creación de esa entidad orientada a alcanzar seis objetivos, entre el que está el de esclarecer los motivos y responsabilidades detrás de la asonada.  

Desde esa fuerza, este jueves, se dio a conocer la misiva que los jefes de bancada de esa alianza, el senador Guillermo Seoane y el diputado Enrique Urquidi, enviaron al vicepresidente David Choquehuanca. En ese documento remiten la propuesta de resolución para la conformación de dicha comisión.  

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“La gravedad de los acontecimientos ocurridos el 26 de junio de 2024, que implicaron el desplazamiento irregular e inconsulto de un contingente del Ejército de Bolivia a la Plaza Murillo y al Palacio de Gobierno del Estado, con la presunta intención de subvertir el orden constitucional y deponer el gobierno democráticamente elegido, justifica la conformación de una comisión especial mixta de investigación”, indican en el documento.  

Según la propuesta, el periodo de trabajo de la comisión durará 90 días, y después de ese tiempo la entidad emitirá un “informe conclusivo” ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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En el documento remitido al vicepresidente Choquehuanca se da cuenta que la comisión estará orientada a alcanzar seis objetivos, los cuales se detallan a continuación:

1) Esclarecer los motivos y responsabilidades detrás de la revuelta.

2) Que la ciudadanía conozca las circunstancias y las razones que llevaron la asonada.

3) Identificar y corregir las debilidades en la cadena de mando y control de las Fuerzas Armadas para evitar futuros incidentes similares.

4) Determinar si hubo infracciones a las normas constitucionales y legales de las autoridades militares y políticas.

5) Garantizar que las violaciones de los derechos humanos no queden impunes.

6) Mantener informados a los organismos internacionales sobre la situación y las medidas adoptadas.

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