Comisión anuncia reinicio de exámenes para las judiciales y rechaza que no levanten medida cautelar en Beni

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, informó que el lunes reiniciarán con el proceso de exámenes orales a postulantes a magistrados del Órgano Judicial, pese a que la Sala Constitucional Segunda de Beni no levantó la última medida cautelar que paralizó la preselección de aspirantes a las Elecciones Judiciales.

“Nosotros ya hemos resuelto lo que ha presentado (el vocal y postulante de Beni) Charles Mejía, cumpliendo lo que decía la Sala Constitucional de Beni. Lamentablemente la justicia está administrada por esas personas que no cumplen la constitución y las leyes, por eso no descartamos presentar acciones penales para que ellos cumplan. Pero más allá de eso, tomamos la decisión que a partir del día lunes vamos a continuar con la etapa de examen oral”, declaró Padilla.

El lunes, la Sala Constitucional Segunda del Beni, compuesta por los vocales Patricia Quinteros y Marco Antonio Justiniano (postulante a magistrado) determinó paralizar la toma de exámenes a postulantes a las elecciones judiciales, a solicitud del candidato y colega suyo, Charles Mejía, quien fue inhabilitado por supuesto incumplimiento de requisitos.

Quinteros y Justiniano favorecieron a Mejía al dictar la medida cautelar solo horas después de que su colega presentó el recurso. Determinaciones que los administradores de justicia, de manera general, suelen emitir incluso meses después de que se solicitaron.

Sin embargo, Padilla denunció que los dos vocales no asumieron la misma celeridad para levantar la medida cautelar, pese a que se resolvió la demanda de Mejía con la emisión de una nueva resolución.

En ese sentido, Padilla anunció que el lunes retomarán los exámenes orales a los 401 postulantes que estaban habilitados hasta el 22 de abril y a quienes hayan logrado revertir esa situación por medio de un amparo constitucional.

Los datos de la Cámara de Senadores señalan que postulantes a magistrados y actores políticos presentaron 39 acciones constitucionales, entre amparos y acciones populares, porque, supuestamente, las comisiones encargadas de la preselección vulneraron derechos e incumplieron parámetros de equidad de género y representación indígena.