Plantean al menos tres propuestas para reformular la asignación de escaños

A partir de la propuesta que lanzó el presidente Luis Arce el 6 de agosto, sobre un referendo para que la población defina cómo se daría la redistribución de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), expertos juristas y políticos hablan de respetar lo que dice el artículo 146 de la Constitución Política del Estado (CPE), con base en los resultados del censo 2024, o dar lugar al objetivo del Gobierno, de incrementar el número de legisladores, con el fin de evitar enfrentamientos entre regiones.

En ese marco hay al menos tres propuestas sobre modificar la composición de Diputados:

• 1) romper el candado de los 130 legisladores y que no pierda escaños ningún departamento;
• 2) eliminar diputados supranacionales y eliminar un escaño de senadores por departamento para incrementar curules a la Cámara Baja; y
• 3) aplicar el artículo 56 de la Ley de Régimen Electoral y proceder a modificar la composición de Diputados, sin necesidad de hacer una consulta o referendo. 

El ministro de Justicia, Iván Lima, observa el parágrafo I del artículo 146 de la CPE, que señala: “La Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros”, y afirma que este “límite” debe ser modificado.

Empadronadores del INE en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz, el día del censo. Foto: INE

Para Lima, esta norma “es un candado” que buscan romper y afirma que, al contrario de lo que pasa en Bolivia, en “todas las constituciones del mundo” estos parámetros se amplían debido al crecimiento de la población.

Para que esto se concrete en el país,  afirmó que el Poder Ejecutivo busca el “blindaje” de la propuesta presidencial, a través de una demanda de inconstitucionalidad planteada por el diputado “arcista” Juan José Jáuregui, para que el presidente Arce tenga el poder de convocar a referendo, sin tropezar con la fiscalización de la Asamblea Legislativa, en la que el oficialismo ha perdido la mayoría.

Romper el candado

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y otras entidades independientes, se prevé que los resultados del último censo confirmen un incremento de la población en departamentos del eje troncal, pero especialmente en Santa Cruz. La diputada María René Álvarez,  de Creemos, asegura que esa región supera los cuatro millones de habitantes y el discurso de Lima parece confirmar dichas proyecciones.

“Si Santa Cruz tiene derecho a más diputados (por la cantidad de habitantes que el censo registró) hay que darles esos diputados, pero no parece justo que (esos legisladores) los pierda otro departamento; (el límite de) los 130 escaños puede generar conflictividad y estamos adelantando la solución del problema; hay que romper ese candado de los 130 escaños para que tengamos una representación (legislativa) proporcional en el país”, declaró Lima, en Red Uno.

El Ministro detalló que, en criterio del Gobierno, si se levanta el límite de los 130 escaños y se incrementa el número de legisladores, luego de un posible referendo, serán los resultados del censo 2024 y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) las instancias que definan la nueva distribución de diputados, pero sin que existan reclamos por parte de los departamentos que hayan perdido población.

El diputado Jáuregui dijo lamentar que, en relación con los escaños, los responsables de la redacción de la nueva CPE no tomaron en cuenta el crecimiento de habitantes y el desplazamiento demográfico.

No obstante, para la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (Abec), “dedicada al estudio, conocimiento y cumplimiento del orden constitucional”, la propuesta de referendo hecha por el presidente Arce es “inconstitucional”, y lo exhorta a reconducir su iniciativa para la reforma parcial de la Constitución, además de observar y respetar los canales y mecanismos establecidos por la CPE.

La Abec descalificó los argumentos de Jáuregui en la demanda de inconstitucionalidad, quien aduce que el término “podrá”, que está contenido en el artículo 411, parágrafo II de la CPE, implica que no solo la población o la Asamblea Legislativa Plurinacional tienen el poder de llevar adelante la iniciativa de reforma constitucional, sino que también “podrán” otras autoridades, “lo que resulta falaz y es manifiestamente contrario a la norma fundamental, porque dicho término se refiere a que podrá ser iniciado por iniciativa ciudadana o por la Asamblea Plurinacional”, sostuvo.

Afirma que la vigencia y respeto a la Constitución se hallan resguardados en dos mecanismos constitucionales: “(1.) El principio de supremacía constitucional y (2.) la rigidez constitucional para la reforma, a través de los cuales el constitucionalismo coloca candados constitucionales para que los gobernantes de turno no violen el contenido de la Constitución; estos mecanismos se encuentran explícitamente contemplados en los artículos 410 y 411 de la CPE”, menciona un pronunciamiento emitido por la Abec.

Otras propuestas

En cuanto a la propuesta sobre la redistribución de escaños, los expertos afirmaron que “el contenido del artículo 146 (y el parágrafo V) de la Constitución es manifiesto y claro” al disponer que esa distribución (de escaños) “debe realizarse, de acuerdo al último censo nacional; por lo que, habiéndose realizado el censo el año 2024, corresponde la aplicación de esos datos”, dice otra parte del comunicado.

Una de las primeras figuras políticas en pronunciarse contra la redistribución de escaños y otros aspectos del referendo propuesto por el Presidente, fue la expresidenta Jeanine Añez. “Pido a los líderes de la oposición democrática hacer respetar el 21F y la distribución de escaños conforme al censo 2024. Luis Arce fue tan parte del fraude del MAS junto a Evo Morales en 2019, como de la política de la subvención a la gasolina: Que asuma y no sea cobarde”, publicó en sus redes sociales la exmandataria, quien está detenida en el penal de Miraflores.

No obstante, pese a las advertencias legales y las limitaciones de tiempo para que el TSE fije una fecha para lanzar la convocatoria, y que aún no se conoce la pregunta que plantearía el Gobierno en dicho referendo, algunos políticos ya han lanzado propuestas sobre la redistribución.

Uno de ellos es el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien incluso va más allá de lo planteado por Arce y Lima. Luego de realizar el foro “Para una Bolivia en paz”, con supuestos representantes paceños de vecinos, gremiales, choferes y el sector empresarial, se planteó incrementar el número de diputados a los departamentos que crecieron en población y mantener la cantidad actual de legisladores para los que decrecieron en habitantes.

“Financiar el incremento de escaños: Se propone eliminar las diputaciones supranacionales y eliminar un escaño de senadores por departamento. Con esta apuesta se eliminaría un total de 18 escaños, suficientes para incrementar el número total de diputados”, dijo Arias.

La diputada Álvarez explicó que el artículo 56 de la Ley 026, de Régimen Electoral, ya establece la composición de la Cámara de Diputados y que, después de conocerse los resultados del censo, de todas formas debe ser  modificada a través de una ley, sin necesidad de un referendo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios de Pando (Amdepando), Gary Vonboeck, expresó su respaldo a la idea del incremento de legisladores, para que no disminuya la representatividad de otras regiones que hayan sufrido decremento de población.

“Hay temas que nos están llevando a la confrontación, al abismo; entonces, para que no se culpe a nuestro Presidente, que tiene la mejor voluntad, traslademos esa pregunta a la población”, aseveró Vonboeck.

La bancada del MAS afín al expresidente Evo Morales expresó su rechazo al referendo, pero no precisó su postura sobre el tema de los escaños. Liderada por el diputado Gualberto Arispe, acusó al presidente Arce de pretender evadir su responsabilidad política para que la sociedad asuma las consecuencias de una posible pérdida de escaños en departamentos como Pando, Oruro y Potosí.

De la misma forma, para la oposición, la propuesta del referendo para tratar el tema de los escaños es otra manera de evadir las consecuencias por una falta de políticas de crecimiento.

“El Gobierno solo pretende dilatar, posponer y sabotear el cumplimiento del compromiso que hicimos cuando se aprobó por más de dos tercios la ley del censo. En septiembre, el TSE ya debería tener en su poder los resultados del censo del INE, para elaborar y enviar (ante el Legislativo) el proyecto de ley para la redistribución de escaños, para que se aplique en las elecciones”, dijo el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC).

Diputada pide aplicar fórmula del censo 2012

La diputada María René Álvarez,  de Creemos, afirma que la propuesta del presidente Luis Arce, sobre un referendo para la reasignación de escaños, no es seria ni viable y va contra la Constitución Política del Estado (CPE).

Señala que el artículo 56, de la Ley 026 de Régimen Electoral, establece la composición de la Cámara de Diputados y cita: “Esta composición será modificada por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, después de un nuevo Censo Nacional de Población”.

En ese sentido, asegura que este procedimiento está establecido en la CPE y no se habla de ninguna consulta o referendo para su aplicación. “Así sucedió en 2013 con la Ley de Distribución de Escaños, que se elaboró luego del censo 2012. Santa Cruz, por su crecimiento poblacional, pasó de tener 25 escaños en 2009 a 28 para 2014, aunque nuestro departamento debía tener 29 como se planteó en aquella oportunidad”, aseveró la legisladora.

Álvarez recordó que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), se comprometió a entregar los resultados globales del censo de población del pasado 23 de marzo.

A eso también se sumó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que espera que esos datos sean entregados a finales de agosto, para analizar el caso, elaborar un proyecto y enviarlo a la Asamblea Legislativa, la que deberá aprobar la reasignación por ley, tal como manda la CPE.

“El Gobierno quiere manipular a la opinión pública bajo el pretexto de democratizar esa decisión. Pero ese referendo no puede estar por encima de la CPE. Además, le recordamos a Arce y a sus asesores que la representación democrática del pueblo descansa en sus diputados y senadores. Por tanto, no hay nada más democrático que cumplir la Constitución a través de sus legisladores”, manifestó la diputada.

Remarcó que Santa Cruz es el departamento con mayor población y sostuvo que “los cruceños y los bolivianos que radican en esta tierra” superan los cuatro millones. En su criterio, ese hecho no debe generar ningún conflicto entre los departamentos, como afirma el ministro de Justicia, Iván Lima, “pues acá viven personas de todo el país. Bolivia no debe caer en el engaño; se tiene que cumplir la CPE y modificar el mapa electoral para 2025, sin ningún referendo de por medio”, concluyó.

La Asamblea Legislativa está conformada por 36 senadores (cuatro por departamento) y 130 diputados, que se dividen en 60 plurinominales, 63 uninominales y siete de circunscripción especial, destinados a las representaciones indígenas.

Los diferentes escaños del Legislativo se asignan bajo los “principios de igualdad territorial, equidad poblacional departamental, proporcionalidad y plurinacionalidad”.

Según el censo 2012, más del 70% de la población se concentra en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Con esos datos, si se aplicara el principio de repartición de escaños de manera proporcional, estos tendrían 90 legisladores.

Por este factor, el TSE aplica el principio de equidad y se asigna un mínimo de cuatro escaños a las regiones con menos población.