Gobierno recomienda procesar al exinterventor de Epsas por el caso "tuberías chinas" y pide auditorías

El Gobierno “recomendó” iniciar procesos administrativos contra el exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, Epsas S. A., Jaime Gutiérrez, por las denuncias de irregularidades en la compra con sobreprecio de 252 tuberías defectuosas, por un monto de 14 millones de bolivianos. El proceso de licitación será auditado para aclarar el daño económico causado al proyecto que debía concluir con la restitución de la conexión en el sector del megadeslizamiento, que transporta agua a la zona Sur.

De acuerdo a los documentos a los que Visión 360 tuvo acceso, otro caso que también será sometido a auditoria, es el proceso laboral que Epsas S. A. perdió ante 401 trabajadores del sindicato, que significa una pérdida de 142 millones de bolivianos. El principal responsable de ese caso sería el exinterventor de esa empresa, Marcelo Claure, quien asumió una determinación ilegal en la gestión del expresidente Evo Morales.

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“Habiendo concluido la gestión de denuncia, se determinó recomendar a la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el inicio de procesos Administrativos, contra Jaime Gutiérrez Quevedo, gerente interventor de la Epsas S. A.”, señala el informe firmado por la viceministra de Transparencia, Susana Ríos.

La carta, fecha el 19 de agosto, está dirigida al consultor en temas de agua y saneamiento, José María Herbas, quien presentó las denuncias en el mes de abril.

El informe del viceministerio de Transparencia, también menciona: “Asimismo (el MMAyA) instruya la realización de una auditoria de cumplimiento al proceso de contratación y ejecución de la “Adquisición de tuberías de acero para la obra nueva de conducción en el sector Valle de las Flores y Callapa, LIC-006/2021 (Excepción)”.

Millonaria pérdida

El tercer punto sobre el cual Transparencia recomendó una auditoria, es el proceso laboral NUREJ: 20112626, relacionado al juicio que Epsas S. A. perdió ante 401 miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas), que le costaría 142 millones de bolivianos, según los cálculos del “Informe técnico y legal” de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS).

“Consideramos que es un gran avance respecto a la lucha contra la impunidad ejercida en Epsas y la negligencia de los ejecutivos de la AAPS, sobre el seguimiento y control al proceso de intervención que data desde la gestión 2013”, mencionó Hérbas en contacto con Visión 360.