¿Hasta cuándo?

En marzo de este año, los 36 días de paro por el Censo en Santa Cruz causaron al país una pérdida económica de aproximadamente 1.200 millones de dólares, según proyecciones que entonces realizó el Gobierno. En noviembre de 2022, una medida similar, aunque solo de 14 días, dejó una pérdida de  503,7 millones de dólares, calculada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En enero de este año, sectores afines al ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron un bloqueo de caminos en la ruta Santa Cruz–Cochabamba en rechazo a la prórroga de mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y causaron una pérdida, calculada por el Ejecutivo, de más 100 millones de dólares por jornada. La medida se prolongó por 16 días y, al final de la protesta, se informó que el perjuicio superó los mil millones de dólares.

Entre el 1 y 7 de julio de este año, un bloqueo de caminos en Caracollo, que interrumpió la doble vía La Paz-Oruro, dejó pérdidas por 1.700.000 bolivianos en recaudaciones por cobro de peajes y afectó la infraestructura vial, según informó Vías Bolivia. En este caso, comunarios del municipio de Caracollo bloquearon la carretera en demanda del asfaltado del tramo a Cañohuma.

Un mes después, en agosto, un bloqueo de 12 días en San Julián generó pérdidas por 10.058.174 bolivianos por concepto de cobro de peaje en Vías Bolivia, precisó entonces el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño. Dijo que este era un dinero destinado al mantenimiento de las carreteras que ya no se podría recuperar. Lo mismo en los otros casos, millones y millones perdidos.

Y resulta que ahora, camino a octubre, que es un mes en el que  se recuerdan muchas tragedias para el país, nuevamente se presentan amenazas de medidas de protesta que incluyen marchas, paros y bloqueos que, de concretarse, asfixiarán aún más la ya deteriorada economía y violarán, una vez más, los derechos de libre circulación de los bolivianos que necesitan trabajar.

Ya el viernes los cívicos cruceños promovieron un paro de 24 horas por el descontento con los resultados del Censo y para el 17 de este mes el ala “evista” del MAS prepara una marcha de Caracollo a La Paz que, de no conseguir atención del Gobierno, derivará en un bloqueo nacional indefinido de caminos. Y sabemos lo que puede ocurrir en estos casos, sabemos que hay dirigentes que, cegados por sus intereses personales y sectoriales, pueden atentar sin ningún remordimiento contra los derechos de otros bolivianos por el tiempo que consideren necesario. 

“Es que es nuestro derecho a la protesta”, dirán ellos. ¿Pero los efectos para la economía del país?, ¿para el aparato productivo?, ¿el derecho a la libre circulación?, ¿la imagen de Bolivia?, ¿el turismo?

La Asociación de Líneas Aéreas, mediante su presidente, Jorge Augusto Valle, advirtió que, sumados los efectos económicos de los bloqueos a la crisis por la falta de divisas, hay nueve líneas aéreas que corren el riesgo de dejar de operar en el país si las cosas no cambian. Entonces nos preguntamos ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo los bolivianos tendremos que vivir en medio de marchas, paros y bloqueos que atentan contra nuestra economía?

En nuestro editorial del 11 de febrero, en referencia a los 16 días de bloqueo que soportó Bolivia a inicios del año, demandamos: “Basta de asfixiar al país con este tipo de medidas, basta de que se vulneren nuestros derechos, basta de destruir las carreteras”. 

Dijimos que “ante esto, el país necesita, más que denuncias expresadas en conferencias de prensa o voces de condena desde el Estado, sanciones para quienes causan semejante daño al país, porque si bien se respeta el derecho a la protesta, no puede quedar impune la violación al derecho a la libre circulación, reconocido en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE)”. Hoy, ratificamos este pedido.