Detención preventiva, política y justicia

La detención preventiva es una modalidad excepcional en la administración de justicia, que sin embargo en el país se aplica de manera abusiva y con fines políticos en algunos casos. Esta semana se reabrió el debate sobre ello, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una instructiva para que se revise la situación de detención preventiva de tres personajes públicos en específico, cuando en el sistema penitenciario hay más de 19 mil privados de libertad en esa condición que abarrotan las cárceles, asfixiadas con un nivel de hacinamiento superior al 200% de su capacidad.

El máximo de la detención preventiva en Bolivia es de 12 meses sin acusación fiscal y 24 meses sin sentencia, excepto para delitos como corrupción, feminicidio, narcotráfico y otros relacionados con la seguridad del Estado y la criminalidad organizada, donde los plazos se pueden extender, y el plazo máximo es la duración de la pena establecida para el delito más grave.

La realidad es que son innumerables los casos en los que se excedieron estos plazos y no por meses, sino por años, muchos años, práctica que se hizo tan recurrente que pasó a formar parte de la “normalidad” en los penales. Un ejercicio de injusticia que hasta ahora no ha sido resuelto y cuya solución debería ser una de las prioridades del próximo Gobierno.

El viernes 22 de agosto, cinco días después de la primera vuelta de las elecciones nacionales que perdió el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y ganó el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el instructivo N°18/2025 del TSJ dispuso que, en un plazo de 24 horas, todas las autoridades jurisdiccionales procedan a la verificación del cumplimiento de medidas cautelares de detención preventiva en todos los procesos abiertos contra la expresidenta Jeanine Añez; el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho; y el ex cívico potosino Marco Pumari.

La medida selectiva fue cuestionada de inmediato por varios actores. ¿Cómo es que el TSJ se preocupa ahora por tres personas en específico cuando hay más de 19 mil en situación similar? El defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, fue uno de los que observaron el hecho, mediante un post que publicó en sus cuentas en redes sociales y en el que recordó que “a junio de 2025 el 58,2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”.

Afortunadamente la reacción del TSJ fue casi inmediata y el lunes 25 emitió el instructivo N°19/2025 para que todas las autoridades jurisdiccionales de todos los Tribunales Departamentales de Justicia procedan “de manera inmediata” a la realización de jornadas de verificación de cumplimiento de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los recintos penales del país.

Así se hizo y ahora miles de reclusos con prisión preventiva se encuentran esperanzados en que se abra alguna puerta para retornar a sus hogares y defenderse desde allí de los delitos por los que se los acusa; mientras Añez, Camacho y Pumari ya fueron atendidos y el tratamiento de sus casos avanzó veloz y significativamente, pese a la presión política y social que quiere imponerse por encima de la justicia y que en los últimos años fue utilizada abiertamente por el oficialismo en los casos aperturados justamente contra estas tres personas.

El principio de excepcionalidad de la detención preventiva establece que esta medida restrictiva de la libertad personal debe aplicarse como una excepción a la regla general, la cual es la libertad del procesado durante el proceso penal. Su aplicación solo es posible si se cumplen requisitos rigurosos, se demuestra su necesidad para garantizar el éxito del proceso y la sentencia, y se han agotado otras opciones menos restrictivas de la libertad.

Eso no es exactamente lo que ocurre en el país, por lo que es destacable que ahora se revisen todos esos 19 mil casos, aunque la decisión para hacerla haya sido activada por un asunto político.