Algo huele mal en el Legislativo

La tarde del miércoles, legisladoras chocaron en la testera de la Cámara de Diputados a empujones, golpes y arañazos por su desacuerdo en torno a una solicitud de modificación del orden del día. Un día después, el senador Hilarión Mamani forcejeó con la diputada Miriam Martínez en ese mismo espacio; el primero intentaba quitar las listas de los aprobados para las elecciones judiciales.

Estas escenas, lastimosamente, ya no son ninguna novedad y, por el contrario, caracterizan a una Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) devaluada desde ya hace bastante tiempo por la calidad de algunos de sus miembros y funcionarios.

Los pugilatos que surgen de la incapacidad de defender argumentos con la razón ya no son una excepción, cada vez son más los legisladores y legisladoras que, con una vergonzosa falta de respeto a sus electores y al país, quieren hacer valer sus puntos de vista a gritos o, lo que es peor, utilizando la fuerza física. 

Pero no es sólo eso lo que devalúa a la ALP. Hay otros legisladores sobre los que pesan graves denuncias. Y, claro, los funcionarios, gran parte de los cuales llegan al cargo munidos de avales políticos y no de títulos profesionales, no se quedan atrás.

Antes de estos episodios de pugilato en el hemiciclo, el martes, la diputada Gabriela Ferrel (CC) denunció, con fotografías y videos de respaldo, que las oficinas de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados habían sido utilizadas por mucho tiempo para festejos que incluyeron el consumo de bebidas alcohólicas. Presentó registros de distintas fechas, en los que se ve a personal de esa repartición, incluido el director, en estado de ebriedad. 

Lo hizo un día después de que el senador Gilmar Harachi protagonizara una extraña e incoherente intervención en el plenario, lo que abrió sospechas de que se encontraba ebrio. De inmediato su colega Daly Santa María se acercó para ver lo que le pasaba y luego confirmó que se encontraba con fuerte aliento alcohólico. Ahora el legislador es investigado por la Comisión de Ética.

Una semana antes, la justicia dictó detención preventiva por cinco meses en la cárcel de San Pedro para el director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Omar M., imputado por el delito de violación. La funcionaria que lo denunció, dijo que fue vejada en ocho ocasiones.

El 11 de julio, el ahora exjefe de la Unidad de Compras y Contrataciones de la Cámara de Diputados, Joe A. S.P, fue detenido pidiendo una coima a un empresario a cambio de mantener un contrato de servicios. El hombre había sido contratado sin contar con título en Ciencias Económicas y Financieras ni tener ninguna experiencia laboral en ese ámbito.

Ambos funcionarios fueron vinculados con el presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari, sobre quien pesan, además, denuncias de legitimación de ganancias ilícitas y, recientemente, de haberse adjudicado mediante palos blancos cuatro camiones subastados por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

El diputado Pedro Francisco Coro dijo que constató que esos vehículos fueron llevados a un taller en Cochabamba, donde Huaytari se presenta regularmente para vigilar su compra. Presentó imágenes como pruebas de respaldo.

En mayo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación en contra del presidente de la Cámara de Diputados porque habría recibido 193 depósitos sospechosos valuados en más de 1.4 millones de bolivianos.

El legislador rechazó las acusaciones y aseguró que “esta presidencia jamás se metería en hechos de corrupción”. Recientemente, sobre las denuncias contra funcionarios, dijo que cada quien es responsable de sus actos y que él no puede estar detrás de los trabajadores del Legislativo.

Las investigaciones y la justicia dirán finalmente qué es lo que realmente ocurrió en todos estos casos y esperamos que en el trayecto no cedan a ningún tipo de presión; mientras, de algo estamos seguros: el Legislativo huele mal.