Defensa de los acusados del caso Senkata denuncia nuevo acto de presión del Gobierno contra el Tribunal

Los abogados de los acusados en el caso Senkata denunciaron que los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto fueron recusados por la parte acusadora. El hecho es calificado como un nuevo acto de presión del Gobierno contra los miembros de este tribunal, quienes fueron obligados a proseguir con el juicio, luego de que estos observaran la falta de fundamentos en las acusaciones de la Fiscalía, la Procuraduría, Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia.

Los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto, a quienes los abogados del Gobierno recusaron son: Pedro Canaza, David Kasa Quispe y Wendy Rojas.

“Vemos que esto se constituye en un nuevo mecanismo de presión ante el tribunal que en una anterior ocasión se declaró incompetente y luego emitió una resolución que consideramos correcta (observó la falta de fundamentos de las acusaciones), pero luego fueron obligados a obedecer un recurso de apelación que no correspondía, pero que resolvió de forma arbitraria que la incompetencia de este tribunal no correspondía y los obligaron a llevar adelante este juicio”, explicó en contacto con Visión 360 el abogado Luis Guillén, defensa de unos de los militares detenidos.

Por su lado, el abogado y activista de derechos humanos Jorge Valda denunció que, en la audiencia del miércoles, cuando tenía que reiniciar el juicio, luego de una espera de más de dos horas, el secretario del Tribunal Cuarto de Sentencia les informó que no notificó a ninguno de los procesados detenidos. Además, se limitó a señalar que “los acusadores”, sin detallar los nombres, presentaron la recusación contra los miembros del tribunal.

“Habrá que ver si los miembros del tribunal se excusan, se apartan del proceso y remiten el caso al siguiente juzgado, producto de las acciones intimidatorias que están realizando las distintas carteras de estado en contra de este tribunal, que tendría que ser independiente e imparcial, pero que de ninguna manera puede obrar de ese modo, por la acción de libertad que presentaron los abogados del Ministerio de Justicia, a título de actuar por las supuestas víctimas”, aseveró Valda.

En el juicio del caso Senkata, el Gobierno pretende que se condene a los presuntos responsables de las muertes que se dieron el 17 de noviembre de 2019, cuando las fuerzas del orden reprimieron a un grupo violento de manifestantes, quienes por varios días impidieron la salida de combustible y gas licuado de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de la cual robaron productos y derrumbaron uno de los muros.

Entre los 19 acusados figuran los exmiembros del Comando de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como los exministros de Defensa y Gobierno y la expresidenta Jeanine Añez, quien renunció a sus abogados con el fin no convalidar un juicio que considera ilegal.

Valda denunció que, en la audiencia de acción de libertad que se realizó el domingo contra los miembros del tribunal, por medio de la cual el juez René Foronda los obligó a proseguir con el juicio, no permitieron la participación de los acusados y sus abogados. Fue después de lograr ese fallo que los acusadores y las supuestas víctimas decidieron recusar a los jueces.

Guillén también cuestionó que hasta esta mañana no se notificó con una copia de la recusación a ninguno de los acusados o sus abogados, por lo cual se desconoce los motivos que el Gobierno y las supuestas víctimas plantearon para apartar a los jueces.

Acusaciones mal hechas

“Todo esto se constituye en un conjunto de presión contra este tribunal, que afectan la independencia e imparcialidad que debe tener un tribunal al momento de actuar en un determinado proceso”, manifestó Guillén.

No obstante, el abogado manifestó que no compartía la decisión que los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia asumieron antes, quienes luego de observar la falta de fundamentos de las acusaciones, devolvieron los documentos a sus autores y les dieron un plazo de 10 días para que las subsanen. En criterio de Guillén, los jueces debieron anular el documento y cerrar el caso, al contrario, ahora son sujeto de persecución judicial.