lunes 6 de abril de 2026

Medida

ACNUDH señala que tutela concedida a la Defensoría por los incendios es “un hito regional”

Una resolución judicial establece que las autoridades del nivel nacional, departamental y municipal accionadas deben ejecutar planes y políticas de restauración y prevención.
Bomberos forestales luchan contra un incendio en Santa Cruz. Foto: Gobernación de Santa Cruz
Bomberos forestales luchan contra un incendio en Santa Cruz. Foto: Gobernación de Santa Cruz

El representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, catalogó como un “hito regional” la tutela concedida por la justicia a la Defensoría del Pueblo, por los incendios forestales que azotan al país.

“La decisión judicial boliviana se constituye en un hito regional pues ofrece una respuesta basada en los derechos humanos”, dijo Jarab y destacó que “refleja el compromiso firme con la protección del derecho a un medio ambiente sano y los derechos de las comunidades más afectadas , en particular los pueblos indígenas y las zonas protegidas”.

Una nota de prensa de la Defensoría señala que Jarab se pronunció, mediante las redes sociales de la ACNUDH para América del Sur, así como en su página web, y saludó la decisión judicial que concedió la tutela a la acción popular presentada por el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.

Dicha resolución judicial, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, establece que las autoridades del nivel nacional, departamental y municipal accionadas deben ejecutar planes y políticas de restauración y prevención ante los incendios forestales, puesto que las medidas que ejecutaron hasta el momento no fueron suficientes para evitar la destrucción de la biodiversidad en Santa Cruz, Beni y Pando.

En ese contexto, la resolución judicial confiere a la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales, velar por el cumplimiento efectivo de dichos planes. Por ello, las instancias accionadas deben rendir cuentas dos veces al año y emitir informes a la Sala Constitucional Segundo cada trimestre.

“El fallo no solo establece la importancia de la reparación de los daños ambientales, de salud pública, y la adopción de medidas preventivas, sino también designa a la Defensoría del Pueblo como la institución coordinadora del monitoreo de las acciones del Estado en la materia” , acotó al representante de ACNUDH para América del Sur.

Jarab agregó que el fallo judicial pone de manifiesto el estrecho vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente, además de reivindicar el Acuerdo de Escazú como marco para el reconocimiento de los derechos de las personas, organizaciones sociales y sociedad en su conjunto sobre información. participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

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