Bloqueos, Estado débil, permisivo y cómplice

La implementación de bloqueos en las carreteras de Bolivia, tiene impactos profundos y generalizados en diversos sectores de la economía, afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos y a menudo, implica violaciones a las leyes del país. Estos bloqueos generan una serie de consecuencias que el Gobierno y la Fiscalía tienen la responsabilidad de abordar conforme a sus atribuciones constitucionales.

Las afectaciones han llegado a toda la población, pero más dramáticamente al sector productivo y agrícola, que depende en gran medida del transporte terrestre para movilizar su producción hacia los mercados nacionales e internacionales. Los bloqueos impiden la distribución de productos como granos, frutas, vegetales, carne, lácteos, flores, etc., generando pérdidas para los productores y el aumento de precios para los consumidores debido a la escasez.

Esta medida de grupos minoritarios, está arrinconando a las empresas de transporte de pasajeros, camioneros, empresas de logística y transporte de carga, que ven paralizadas sus actividades, lo que deriva en pérdidas económicas y genera incertidumbre en la cadena de suministro.

El sector de la industria boliviana, dependiente de insumos nacionales e importados, enfrenta problemas para recibir materias primas y enviar productos terminados. Esto merma la producción y el abastecimiento de bienes en el mercado nacional, lo que inmediatamente impacta en los precios al consumidor.

En general, el comercio entre municipios, departamentos y con países vecinos se ve afectado, generando retrasos en las exportaciones e importaciones, impactando negativamente la economía del país y fortaleciendo la idea de que somos un país poco confiable, daño que es difícil de revertir en el corto y mediano plazo.

Esta medida irracional, que inviabiliza económicamente regiones enteras y al país respecto al mundo, infringe además varias normativas, entre ellas a las siguientes:

Constitución Política del Estado que garantiza la libertad de circulación como un derecho fundamental de todos los ciudadanos (Art. 21). Los bloqueos violan este derecho al restringir el tránsito libre de personas y bienes, lo que afecta también la libertad de comercio y trabajo.

Viola el Código Penal pues el bloqueo de carreteras puede ser catalogado como un delito de obstrucción a la libertad de tránsito y por tanto al derecho al trabajo, lo cual es penado con sanciones que incluyen multas e incluso prisión en casos de reincidencia o daño a terceros.

Infringe también la Ley de Seguridad Ciudadana que establece que el Estado debe garantizar el orden y la paz social, así como la libre circulación de personas y bienes. Los bloqueos violan estas disposiciones al crear un estado de inseguridad que afecta el desarrollo económico y social del país.

Dado el contexto de crisis e inestabilidad que provocan los bloqueos, el Gobierno y la Fiscalía tienen la obligación de actuar conforme a sus atribuciones para restaurar el orden y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos. No lo están haciendo, demostrando la debilidad del Estado y una actitud incompetente o cómplice con los infractores, esto porque definitivamente están privilegiando sus intereses electorales.

El gobierno tiene el deber de hacer cumplir la Ley, recurriendo, si es necesario, a las fuerzas del orden para liberar las vías. Así lo hacen contra los médicos, los estudiantes o los movimientos cívicos que tienen reivindicaciones más nobles, pero que no son afines al gobierno. Su responsabilidad es actuar por igual ante cualquier acción de que ponga en riesgo la seguridad pública, de manera decidida y oportuna para restablecer el orden y asegurar el abastecimiento de bienes esenciales.

La fiscalía, como parte del sistema judicial, y cuya independencia está en entredicho, tiene la responsabilidad de actuar para proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos, en especial el derecho a la libre circulación y el acceso a bienes y servicios esenciales. Por tanto, tiene la obligación de intervenir los bloqueos, ante la flagrancia de los delitos, iniciar procesos a los responsables, que públicamente han hecho declaraciones que los inculpan. Las investigaciones deben basarse en las pruebas de obstrucción a las investigaciones en contra del presidente del MAS IPSP, la instigación al delito, la conculcación a la libertad de tránsito y en la afectación a derechos fundamentales.

Queda claro que esta medida de presión, desarrollada en carreteras y vías urbanas, afectan a sectores clave de la economía boliviana y violan derechos fundamentales y normativas legales. Frente a esta situación, el Gobierno debe actuar en dos frentes: buscar el diálogo y, en caso de fracaso, aplicar la ley de manera firme. La fiscalía, por su parte, tiene la obligación de investigar y procesar a los responsables para asegurar que los derechos de circulación, educación, trabajo, salud y libre comercio de los ciudadanos, se restituyan y que los responsables sean sancionados de acuerdo a la ley.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360