Bolivia: En 46 cárceles para 15.598 personas habitan 32.035 reclusos

En Bolivia, desde el Censo Carcelario de 2018 hasta 2024, la capacidad de los recintos penitenciarios creció en un 268%. Esto logró disminuir el hacinamiento carcelario en un 120%; sin embargo, aún se tiene una sobrepoblación penitenciaria de 105%. Ello quiere decir que, en las 46 cárceles que hay en el país, con un espacio diseñado para albergar a 15.598 personas, se tienen recluidas en ambientes precarios a 32.035.

“El 65% de la población carcelaria es detenido preventivo, y solo el 35% cuenta con una sentencia ejecutoriada (…). Hemos crecido en infraestructura, se ha inaugurado el centro penitenciario en Riberalta, Beni, para 334 privados de libertad; luego se amplió el centro penitenciario de Montero, en Santa Cruz, que era el tercer centro carcelario más poblado de Bolivia”, fue parte de la respuesta que dio a Visión 360 el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

El funcionario confirmó que, de acuerdo con los datos de 2024, el hacinamiento carcelario es de 105% y aseguró que no solo se construyeron nuevos recintos penitenciarios, sino que en cada departamento se ampliaron los espacios. Incluso, las nuevas edificaciones se realizaron con aportes de los privados de libertad.

“El 65% de la población carcelaria es detenido preventivo, y solo el 35% cuenta con una sentencia ejecutoriada”, señaló Juan Carlos Limpias, director de la DGRP.

En La Paz, al interior del penal de San Pedro, en el centro de la ciudad, los internos han construido un edificio, todo debido a la sobrepoblación que se tiene. Los datos de Régimen Penitenciario de 2023 revelan que esa cárcel fue construida para 1.200 internos, pero ese año ya albergaba a 3.836 personas, lo que significaba un 220% de hacinamiento.

Sin embargo, Limpias señaló que la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP) está obligada a buscar soluciones a la falta de espacios en las cárceles, debido a los problemas que no son resueltos por los operadores de justicia, en especial el Órgano Judicial y la Fiscalía General del Estado, los cuales, según remarcó, abusan de la detención preventiva, cuando la norma establece que el encarcelamiento debe ser la excepción.

Similar criterio se tiene desde la Defensoría del Pueblo que, en diferentes informes, ha recomendado implementar una política criminal integral y ha cuestionado el trabajo de jueces y fiscales que, además de las diferentes falencias y vulneraciones que cometen en su trabajo, al tratar de esclarecer un hecho delictivo, estos incurren en retardación de justicia.

“A nivel mundial se ha establecido ya que una solución a largo plazo no es construir más cárceles; tiene que haber una política criminal coherente de persecución penal, que establezca criterios para saber en qué casos se debe aplicar la privación de libertad y en cuáles no. Eso no se da en Bolivia, la aplicación de la norma es mecánica; una persona que comete un delito tiene que entrar preso, sin valorar la gravedad del mismo”, explicó el jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Defensoría del Pueblo, Juan Ledezma, en entrevista con este medio.

Ledezma puso como ejemplo el caso de la detención preventiva de una mujer, sindicada por posesión de una mínima cantidad de sustancias controladas, presuntamente usadas para su consumo personal. Indicó que el encarcelamiento no soluciona el problema de fondo, la adicción; al contrario, se agrava un problema de exclusión.

“La problemática de las drogas, por ejemplo, ¿se la combate de esa manera? O solo creamos una bola de nieve, que aumenta la población de las cárceles, aumenta la exclusión social y no resuelve el problema principal del crimen organizado”, señaló Ledezma.

Los datos

Los datos históricos de la DGRP dicen que en 2015 se tenía una población carcelaria de 13.612 reclusos; para 2018 esa cifra se incrementó a 18.895, lo que representó un hacinamiento de 227%. Para 2020, año de la pandemia por el coronavirus, la cifra disminuyó a 17.305, pero desde esa gestión la población carcelaria se incrementó hasta sumar 28.838 en 2023 y 32.035, en 2024.

Los datos son cifras aproximadas, puesto que la cantidad de privados de libertad cambia a diario, debido a las salidas judiciales que se concretan para algunos y las nuevas detenciones que se registran. Ledezma citó como ejemplo el movimiento en los penales de San Pedro de La Paz y Palmasola de Santa Cruz.

Expresó que, en promedio, al recinto paceño ingresan por día entre siete y 15 personas, en cambio solo salen 10. “Siempre son más las que entran que las que salen”, aseveró.

El dato tiene base, al momento de revisar informes como el de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que revela que solo en 2024 se aprehendió a 3.356 personas, que infringieron la Ley 1008 de Control de Sustancias Controladas; además que en la misma gestión se logró 1.458 condenas por tráfico de drogas y delitos conexos.

En esa línea, Limpias remarcó que, según los registros por gestión, el incremento de privados de libertad está relacionado con delitos de narcotráfico y violencia sexual.

“Sobre todo hasta diciembre de 2021, teníamos 18.703 privados de libertad, y en dos años y unos meses, la cantidad ha subido de manera alarmante, más o menos unos 13.000 privados de libertad”, detalló Limpias.

El funcionario cuestionó también la presión de la opinión pública a la que están sometidos jueces y fiscales, quienes definen dictar resoluciones de encarcelamiento, que para la sociedad son sinónimo de justicia.

Tipos de delitos

El orden de los delitos más recurrentes, por los cuales las personas se encuentran privadas de libertad en los dos últimos años, no ha cambiado. En la gestión 2023, las personas que incurrieron en el tipo penal de violación a niña, niño y adolescente, sumaban 4.594, lo que equivale a un 15,93%, del total de ese año. En segundo lugar, se situaron los delitos relacionados con la Ley N° 1008 (traslado y tráfico de sustancias controladas), con 4.173 reclusos, equivalentes al 14,47%. En tercer lugar, se detuvo a quienes incurrieron en delitos de robo y robo agravado, que sumaron 3.792, lo que representó el 13,15%. La Defensoría del Pueblo remarca que los datos sobre delitos predominantes incluyen tanto a la población de varones y mujeres.

“A nivel mundial se ha establecido ya que una solución a largo plazo no es construir más cárceles”, dijo Juan Ledezma, jefe nacional del MNPT.

Precisamente, los datos de 2024, disgregados por género, revelan que, de los 32.035 privados de libertad, 29.673 son varones y 2.184 son mujeres, que representan un 6,82% del total de la población carcelaria. Asimismo, la DGRP tiene registradas 178 personas recluidas e identificadas como parte de la comunidad LGBTI.

En el caso específico de las mujeres, el 67% del total cuenta con una sentencia condenatoria. Pero un dato alarmante y tema de un análisis más profundo, según la postura de la Defensoría del Pueblo, es que el 62% de la población carcelaria femenina está procesada por delitos vinculados al narcotráfico, principalmente el microtráfico.

Personal escaso

Otro dato que fue observado por la Defensoría del Pueblo es el poco personal con el que cuenta la DGRP. Limpias informó que esa instancia cuenta con 1.600 policías para el resguardo de los penales. Esto quiere decir que un efectivo policial estaría a cargo de la vigilancia de 21 reclusos, en promedio, sin importar su grado de peligrosidad.

Por otra parte, Limpias también confirmó que solo cuenta con 200 profesionales de otras áreas como medicina general, psicología y trabajo social. Los datos proporcionados por la DGRP a la Defensoría del Pueblo revelan que, hasta 2023, esa instancia tenía 42 médicos, 19 odontólogos y 17 psicólogos, distribuidos de forma desigual en los 46 recintos carcelarios del país.