Delitos de violencia familiar y contra la propiedad: la inseguridad subió en 2024

En 2024, la inseguridad ciudadana en el país mostró una tendencia al alza. La cantidad de denuncias por delitos de alta connotación fue un 0,47% mayor que la registrada en 2023. Los delitos más comunes fueron la violencia familiar y los delitos contra la propiedad, mientras que se reportó un aumento preocupante en los delitos contra la libertad sexual.

Los datos fueron tomados del Informe de Resultados, presentado por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, el Viceministerio de Régimen Interior y los datos públicos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD).

“La seguridad ciudadana enfrenta desafíos complejos que requieren una respuesta integral de la política pública y la implementación de estrategias que aborden la violencia, los robos, los secuestros y las mafias organizadas en nuestro país y otro tipo de delitos”, aseguró el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

De acuerdo con lo detallado por la autoridad, entre enero y octubre de 2024, a nivel nacional, se recibieron 66.279 denuncias por delitos de alta connotación. La cifras, que aún no son totales, toman en cuenta a la violencia familiar, la trata de personas, los avasallamientos;  los delitos contra la propiedad, contra las personas, contra la libertad sexual, contra la vida, contra la libertad y los relacionados con armas de fuego.

Aunque tampoco son cifras anuales, los datos del OBSCD alertan sobre un aumento en los casos de alta connotación social. Mientras que de enero a septiembre de 2023 se registraron 58.905 denuncias, en el mismo periodo de 2024 las cifras llegaron a 59.184, lo que representa un incremento del 0,47%.

“Solo a través de un esfuerzo coordinado y continuo se puede alcanzar una disminución de la violencia y la criminalidad significativa”, sostuvo Ríos.

Violencia familiar en la punta

La semana pasada, en El Alto, un hombre trató de matar, a martillazos, a su esposa e hijos. No era la primera vez que la agredía. Meses atrás, una escena similar se vivió en Cochabamba; entonces fue el hijo de la víctima quien hizo la denuncia,  la madre callaba por temor.

“Es importante tomar conciencia sobre los problemas que actualmente estamos  afrontando y el primero tiene que ver con la violencia familiar o doméstica. Este delito no se está realizando en la calle, sino dentro de los hogares”, señaló Rios.

El reporte de datos muestra que, del total de denuncias que recibió la Policía durante el 2024, el 43,3% corresponde a denuncias por violencia familiar. Aunque desde 2022 las cifras han ido en descenso, este grupo aún predomina entre los delitos de alta connotación social.

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Según el OBSCD, al interior de los delitos de violencia familiar, el 68,67% corresponde a los delitos por violencia física, el 30,72% a violencia psicológica y el 0,61% a otro tipo de violencias. Mientras que la primera muestra un descenso en comparación con 2023, la segunda va en aumento.

En cuanto al sexo de las víctimas, el 92,37% eran mujeres y el 7,63%, varones. En el caso de los agresores, el 87,05% de los sindicados eran varones y el 12,95%, mujeres. Y aunque hay una disminución de casos, del -1,30%, las cifras aún son muy altas.

“Esto tiene que ver con la violencia machista, del patriarcado, de esos roles de género con los que hemos crecido. Eso es lo que nos está generando este tipo de problemas. Por eso, es importante trabajar no solo  en la educación, sino en la deconstrucción de los imaginarios sociales para quitar ese pensamiento a las personas”, explicó Ríos.

Si se revisan las cifras por departamento, Santa Cruz es el que concentra la mayor cantidad de casos, con un 36,90%. Le sigue La Paz, con un 21,12%, y luego Cochabamba, con un 15,18%.

Pero estas no son las únicas cifras que muestran que la violencia está presente en el hogar. Bolivia cerró el 2024 con 38 infanticidios, según la base de datos de la Fiscalía General del Estado. Este dato supera el registrado en 2023, cuando hubo 25.

Un estudio de estos casos, realizado por el OBSCD, revela que en el 74% de los casos el autor del asesinato fue un familiar, ya sea la madre, el padre, los hermanos o los padrastros. La cifra puede ser mayor, puesto que en el 18,42% de los casos no pudo determinarse quién era el autor, y solo en un 7% no había conexión familiar.

Propiedad y personas

“En segundo lugar tenemos los delitos contra la propiedad,  con un 26,6%”, detalló Ríos.

Los delitos contra la propiedad son acciones que afectan el patrimonio de las personas. En Bolivia, estos contemplan hurto, robo, extorsión, secuestro, estafa y otras defraudaciones; usurpación, abigeato, apropiación indebida, daños y delitos informáticos, entre otros. El más frecuente es el robo simple y agravado.

Pero este porcentaje, aunque es el segundo más alto, podría ser en realidad mucho mayor. Y es que cada vez son más violentos, pero también menos denunciados.

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Por ejemplo, durante el primer semestre de 2024, Visión 360 identificó 40 casos de los denominados “jaladores”, cuyas víctimas sufrieron serios daños físicos y psicológicos. Sin embargo, las denuncias formales apenas fueron cuatro.  La desconfianza en las autoridades y en la justicia hace que gran parte de las víctimas no denuncien.

Lo mismo ocurre con las estafas, que también son muy comunes, pero no siempre se denuncian. Esto se suma a que los modus operandi de los delincuentes van cambiando debido al uso de las tecnologías, lo que implica nuevas tipificaciones que aún no existen.

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Del total de víctimas de ciberdelitos, solo el 8,9% realiza una denuncia, mientras que el 91,1% no la hizo. Las mujeres tienen mayor reticencia a denunciar (51,6%) que los hombres (39,5%).

El dato corresponde al “Estudio Nacional de Victimización y Percepción en Seguridad Ciudadana”, del OBSCD.

“El tipo de ciberdelito más recurrente fue el hackeo de cuentas (68,5%), seguido de ciberacoso (29,3%) y, por último, suplantación de identidad (28,9%)”, detalla el documento.

Trata y violencia sexual

El 23 de febrero de 2024, una adolescente salió de su colegio y se encontró con un amigo. Le pidió ayuda para conseguir trabajo y él la contactó con Fuji N.V.Z., quien le ofreció trabajo en un restaurante. Sin embargo, la mujer, con ayuda de su pareja Erick J.V.R., llevaron a la víctima a una vivienda de la zona Sur de la ciudad de La Paz, donde la explotaron sexualmente y buscaban clientes mediante redes sociales.

Para evitar ser encontrados, los agresores trasladaron a la víctima a un edificio de la zona San Jorge, donde le hacían consumir bebidas alcohólicas para que atendiera clientes circunstanciales. El 28 de febrero del mismo año, la adolescente logró realizar una transmisión en vivo para pedir ayuda,  que fue vista por su tía quien denunció el hecho ante la Policía.

El pasado 5 de febrero, casi un año después, en audiencia de juicio oral, se demostró con pruebas contundentes que se cometió el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Ambos agresores recibieron una pena de 10 años.

Según indicó Ríos, entre enero y octubre de 2024, se registraron 719 denuncias por trata de personas, delitos conexos y tráfico de personas. “Hemos ido reduciendo estos delitos, pero aún debemos trabajar”, afirmó.

“Se generó un manual y protocolo para la investigación policial en fuentes digitales abiertas, para la detección de posibles crímenes como trata. El uso masivo de redes sociales hace que los criminales aprovechen esta situación para cometer delitos, no solo de trata; por eso es importante que nuestra Policía esté capacitada”, explicó.

Como parte de este trabajo se elaboró un anteproyecto de Ley Contra la Trata de Personas  y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Esto permitirá adecuar la normativa actual a los estándares internacionales, porque la norma vigente está desactualizada.

“También se trabajó en la actualización de nuevos tipos penales a partir del uso  intensivo de plataformas digitales”, dijo.

Dentro de los datos brindados por Ríos, llama la atención que haya un incremento en los delitos contra la libertad sexual. Este grupo de delitos contempla:  violación, estupro, abuso deshonesto, corrupción de menores y  proxenetismo.

Según Ríos, en los primeros 10 meses de 2024 hubo 8.097 denuncias. La cifra, según el OBSCD, subió un 1,83% en comparación con las cifras de 2023.

Los delitos con armas de fuego bajan, la Policía identificó tráfico

De enero a octubre de 2024, la Policía Boliviana registró 193 delitos por arma de fuego, es decir por tenencia ilegal, tenencia de armas no convencionales y tráfico. Estos no solo están ligados a robos agravados, sino a sicariato, secuestros, asesinatos y especialmente al narcotráfico, de acuerdo con  las autoridades.

“Hemos registrado los delitos de armas que, de enero a octubre de 2024, representan el 0,29% de los delitos de alta connotación en todo el país”, dijo el titular de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas muestran que este año hay una tendencia a la baja en estos delitos. Las cifras publicadas señalan que de enero a septiembre de 2023 se registraron 221 casos, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 170 casos. La diferencia muestra una disminución del 23,08%.

Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, las armas vienen de un tráfico que tiene conexión directa con el narcotráfico y las organizaciones criminales. Sostuvo que durante 2024 se desmantelaron varias redes de traficantes.

“A través de (la unidad de) Inteligencia, hemos logrado el secuestro de estas armas, a  las que se les borra la parte de identificación para evitar la trazabilidad de su origen. La interrupción del ingreso de estas armas pudo prevenir que se cometieran varios hechos”, indicó Aguilera.

Explicó que para ingresar las armas al país, lo primero que hacen los traficantes es impedir  la identificación del arma. Para ello, le sacan una de las partes -la que tiene código numérico- y  la reemplazan por otra hechiza que ya no tiene el código de identificación. Pero no solo quitan esta pieza, sino que las desarman completamente, para transportarlas por piezas, y luego -una vez en el destino-  armarlas como si fueran un rompecabezas.

“Las armas no solo son para cometer delitos, sino para que las estructuras criminales puedan mantener la disciplina interna”, aseveró.

Ejecución presupuestaria para seguridad ciudadana pasó el 80%

“Hemos tenido una importante ejecución presupuestaria en cuanto se refiere a la inversión en seguridad ciudadana”, dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Afirmó que la de 2024 fue mejor que la de 2023, no solo a nivel de la cartera de Estado que dirige, sino de las gobernaciones.

“En la gestión 2023, las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS), en este caso las Gobernaciones, ejecutaron el 84% de su presupuesto. Sin embargo, para 2024, alcanzaron el 87%. Esto es muy importante, porque se vienen  ejecutando  los recursos provenientes del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos). Pero será bueno que no solo utilicen esa fuente de recursos”, indicó la autoridad.

Manifestó que algunas ETAS tienen una “idea errónea de la normativa”, porque consideran que lo único que tienen que  asignar es el 10%. Sin embargo, a su parecer, esta no es una restricción sino que esa cifra es el mínimo.

“Es del 10% para arriba lo que deberían asignar y también gestionar otro tipo de fuentes de ingreso, porque sabemos que en el caso del IDH estamos pasando por problemas. Es por  eso que se debe analizar otro tipo de fuentes de recursos”, dijo.

En cuanto a la ejecución de los recursos del Viceministerio, dijo que en 2023 se realizó una ejecución de 77% y en 2024 se alcanzó el 86%.

“Pero más allá de la ejecución, lo que es importante resaltar es el incremento de recursos que hemos tenido. En 2023 teníamos 49 millones de bolivianos inscritos, para 2024 hemos incrementado a 74 millones de bolivianos, es decir 30 millones más”, detalló la autoridad.

Personas desaparecidas, tema pendiente que apunta a una ley

De acuerdo con los datos de la Dirección de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, en 2023 se presentaron 3.409 denuncias sobre personas desaparecidas. De ese total, según el reporte oficial, 2.853 fueron encontradas, lo que significa que aún se desconoce el paradero de 556.

Para 2024, el dato no es muy diferente. En el primer semestre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) registró, a nivel nacional, 1.807 denuncias, de las cuales más del 80% fueron resueltas.

“Actualmente no tenemos una normativa en el país que nos marque un procedimiento con el que las instituciones puedan responder de manera inmediata. Una vez que se conoce que la persona está desaparecida y se presenta la denuncia, el Ministerio Público tiene 72 horas  para aperturar el caso”, señaló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Aunque la Policía Boliviana  realice el afiche lo más antes posible, sin un caso abierto son muy limitadas las acciones que los uniformados pueden realizar. Esta tardanza evita recolectar información crucial.

Por ejemplo, para realizar una triangulación de llamadas de la persona desaparecida, acceder a los últimos números con los que tuvo contacto, obtener imágenes de cámaras de seguridad, entre otras acciones, se requiere un requerimiento del Ministerio Público.

Actualmente, al no haber una normativa para personas extraviadas o desaparecidas, estos casos se realizan bajo la norma de trata y tráfico de personas.

Por eso, se ha trabajado un “Anteproyecto de Ley de búsqueda y localización de personas desaparecidas y extraviadas”. El objetivo de la propuesta es que se hagan acciones de búsqueda, investigación y localización de manera efectiva, imparcial y seria.

“Hemos trabajado para cambiar esto. Sabemos que las primeras 72 horas son cruciales para poder dar con el paradero de una persona desaparecida. Dentro de esto está el procedimiento para la denuncia, los mecanismos de búsqueda, la participación y las obligaciones de las instituciones del Estado”, sostuvo Ríos.