domingo 5 de abril de 2026

Ilegal

Diputado “evista” denuncia que la ley que respalda los contratos del litio carece de informe de la Procuraduría

El diputado Ángelo Céspedes mencionó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que todo contrato que tiene que ver con los recursos naturales del país debe contar con un informe de la PGE para que sea válido.
El diputado "evista" del MAS, Ángelo Céspedes. Foto: captura
El diputado "evista" del MAS, Ángelo Céspedes. Foto: captura

La norma que respalda a los contratos que firmó el Gobierno con empresas de Rusia y China carece del informe de la Procuraduría General del Estado (PGE), lo que significa que deben ser rechazados, aseguró este miércoles el diputado del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ángelo Céspedes.

Hasta el momento, la Procuraduría General del Estado no ha emitido una respuesta ni un comunicado sobre el tema.

Según el legislador, esta es una prueba de que el presidente Luis Arce no goza del respaldo ni de su Procurador ni de sus funcionarios, y pretende “hacernos aprobar un contrato que goza de ilegalidad”.

Céspedes mencionó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que todo contrato que tiene que ver con los recursos naturales del país debe contar con un informe de la PGE para que sea válido, el cual establece si debe continuar su curso o debe ser paralizado.

“Lo denunciamos públicamente para que la población cruceña, potosina defendamos el litio. Si hay que salir a las calles, no debemos tener miedo”, indicó el diputado “evista”.

El 7 de febrero, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó el Contrato de Servicios para la Producción de Carbonato de Litio en el Salar de Uyuni del departamento de Potosí, firmado entre la Empresa Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Empresa Hong Kong CBC Investment Limited, Sucursal Bolivia.

Sin embargo, luego de esa aprobación, comenzaron a salir las voces que cuestionan dichos contratos y piden no darles curso porque ponen en riesgo los intereses del Estado.