Hubo 915 vulneraciones a libertades fundamentales el último año, un 19% más que en la gestión anterior

Durante 2024, se registraron 915 vulneraciones a las libertades fundamentales, de acuerdo al informe de Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024, elaborado por Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).

El documento revela que la cifra representó un incremento del 19% respecto a 2023, cuando se registraron 743 casos, y marca un promedio de 76 violaciones mensuales, o 2,5 diarias sobre violaciones a las libertades de expresión, prensa, asociación, reunión pacífica y protesta, además de la institucionalidad democrática y el derecho a defender los derechos.

La Policía Boliviana fue la entidad con más registros de vulneraciones en 2024: 212 casos. Le siguieron las autoridades del gobierno central (182), entidades desconcentradas del ejecutivo (66), autoridades del legislativo nacional (65), personas particulares (60), grupos de personas (58) y autoridades municipales (57). El 65% de las vulneraciones se concentró en los departamentos de La Paz (379 casos) y Santa Cruz (224 casos).

De las seis categorías monitoreadas, la más afectada en 2024 fue la institucionalidad democrática, con 525 casos, lo que representa el 57% del total de registros en el año. El principal tipo de vulneración fue la de actos o declaraciones contrarios al ejercicio de los derechos (282 casos), seguidos del acoso político (70), en su mayoría dirigidos contra las autoridades obligadas a renunciar por acuerdos de “gestión compartida”.

Otros puntos críticos en la categoría de institucionalidad fueron la corrupción de autoridades (48 casos) y los procedimientos no basados en la norma (48), estos últimos relacionados con autoridades que, por acción, omisión o aquiescencia, cometen vulneraciones que contradicen la normativa vigente. El Observatorio identificó un incremento sostenido en esta categoría desde 2022, cuando se reportaron 199 casos. En 2023 se registraron 379 actos.

Libertad de prensa y de expresión: se incrementa la criminalización La libertad de prensa es la más vulnerable de las libertades monitoreadas con 150 registros (17% del total). Las agresiones físicas y psicológicas a periodistas encabezaron la lista (42 casos), seguidas por el impedimento del acceso a la información (30) y las amenazas o amedrentamientos (24).

Destaca también el salto de 1 a 11 los casos de criminalización de periodistas entre 2023 y 2024. El informe desglosa estos hechos, entre los que se incluyen una sentencia constitucional que obliga a tres periodistas a eliminar imágenes de una agresión a una mujer en Santa Cruz (29/04/24), otra sentencia que ordena borrar imágenes del estado de gravedad del secretario de Finanzas de la Gobernación de Oruro, registrada el 28 de noviembre de 2024 o los casos de citación fiscal a periodistas para que declaren por conflictos sociales o coberturas realizadas principalmente en La Paz y Oruro.

De los 150 casos, el 50% son cometidos contra hombres periodistas (75 casos) y el 20% contra mujeres periodistas (30 casos). El 30% restante (45 casos) tiene como actores vulnerables a grupos de periodistas o medios de comunicación.

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Sobre la libertad de expresión, esta categoría acumuló 34 registros a lo largo de 2024, una disminución del 17% respecto al año anterior. Sin embargo, se triplicaron los casos de criminalización, que pasaron de tres en 2023 a 10 en 2024. Éstos tienen que ver con hechos en los que actores políticos o instituciones públicas instauraron procesos legales por declaraciones o actos de fiscalización contra actores políticos, organizaciones o personas particulares.

Libertad de reunión y protesta

En 2024 se documentaron 95 casos de vulneraciones a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la protesta, un aumento del 39% respecto a 2023. Más de la mitad de estos casos (53%) corresponden al uso desproporcionado de la fuerza pública, que dejó un saldo de 50 personas heridas en diferentes manifestaciones sociales. También se registraron 18 actos de represión directa y ochos casos de incumplimiento del deber de garantía de protestas pacíficas.

De acuerdo con el informe, el incremento de este último año se debe a dos factores. El primero, los casos de personas heridas en el uso desproporcionado de la fuerza pública en diferentes manifestaciones sociales, principalmente en el asalto al Palacio de Gobierno propiciado por agentes militares y, el segundo, los conflictos internos en la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari.

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Libertad de asociación

La libertad de asociación presentó una reducción del 70%. Se registraron 18 casos en 2024. No obstante, el informe advierte que estos datos pueden estar subestimados debido a la naturaleza no pública de muchas vulnerabilidades.

Los casos de suplantación o división de organizaciones y la obstrucción de su funcionamiento, por parte de las autoridades del Órgano Ejecutivo y otros grupos de personas, son los más relevantes en esta categoría.

Derecho a la defensa de los derechos

El informe revela un incremento del 82% en las vulnerabilidades al derecho a la defensa de los derechos, que pasaron de 51 casos en 2023 a 93 en 2024. Más de la mitad de los casos (53) implican la criminalización de personas defensoras, especialmente aquellas que luchan por el territorio y el medio ambiente

Sobresale la denuncia penal instaurada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra más de 20 personas defensoras de la tierra y el territorio en Tariquía, Tarija, donde la petrolera estatal junto con Petrobras ha buscado ingresar a esta reserva nacional para actividades de exploración petrolera, pese a la resistencia de los comunarios que impiden su ingreso a través de una vigilancia.

De los 93 registros, el 58% de las vulneraciones (54) se cometen contra hombres, frente al 18% (17) de casos en los que son mujeres los actores vulnerados. El 24% restante (22) se comete contra organizaciones o grupos de personas defensoras de derechos.