lunes 16 de marzo de 2026

La Paz, ciudad acorralada

El Estado no debe permitir que en el ejercicio del derecho a la protesta social se vulneren los derechos del conjunto de los ciudadanos.

En los últimos días movimientos sociales repiten la vieja práctica de sitiar la ciudad de La Paz con bloqueos, manifestaciones y hostigamiento a la ciudadanía, se atenta contra sus derechos fundamentales a la libre circulación, tránsito y movimiento que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y la propia Constitución Política del Estado, CPE, en su artículo 21.7.

El derecho a la protesta social, también consagrado en la CPE y leyes internacionales, está vinculado al de libre expresión y de reunión pacífica, debiendo estar fundado en fines legítimos en el ejercicio democrático y el respeto al Estado de Derecho. Por tanto, están fuera de la ley las protestas con agresiones, hostilidad, discriminación, incitación y despliegue de la violencia, sin respeto a terceros que no participan en las movilizaciones, pero que también tienen derechos y deberes.

La Policía Boliviana tiene la obligación de garantizar el derecho a la protesta, protegiendo la integridad de la ciudadanía y de los manifestantes, actuando con absoluta imparcialidad. En el entendido que el diálogo es el principal instrumento de resolución de conflictos, dentro del marco de la tolerancia, respeto y convivencia pacífica sin dar lugar a la violencia.

Empero resulta que zonas, avenidas, plazas y calles de La Paz se convierten de manera recurrente en áreas cautivas por bloqueos y en campo de intensa batalla entre manifestantes y policías, con afectación a ciudadanos que se desplazan por espacios públicos por motivos de trabajo, estudio, servicios de salud y otras necesidades. No es extraño ver que estos últimos sean víctimas de gasificaciones, golpes, heridas y hasta pérdida de vidas, derivadas de confrontaciones violentas. Los niños, personas discapacitadas y adultos mayores sufren con mayor rigor las consecuencias.

A los perjuicios económicos y sociales irreparables causados a los habitantes de la ciudad se suman los recurrentes destrozos de bienes y ornato público, de los que no se hacen responsables los autores. Los bloqueadores, como somos testigos estos días, se instalan en las vías donde comen, derraman basura y eliminan sus desechos corporales a la vista del público­; hace poco ingerían bebidas alcohólicas sin rubor. El empleo de explosivos peligrosos como petardos y cachorros de dinamita por los manifestantes, que siembra terror, es usual y conmovedor.

El Estado no debe permitir que en el ejercicio del derecho a la protesta social se vulneren los derechos del conjunto de los ciudadanos, que son parte de los Derechos Humanos en el sistema democrático y están protegidos por el mismo Estado, aunque esto quede en el papel.  A título de protesta social se efectivizan atentados frecuentes contra el orden público y la seguridad ciudadana, ya tan afectada por la delincuencia.

Es imprescindible un marco legal que regule el ejercicio de la protesta social, estableciendo que la misma sea pacífica y no cause daños a terceros. Se deben prohibir bloqueos de vías públicas o de infraestructuras. Hubo un intento fallido de disposición legal en ese sentido. Marchas, concentraciones, paros, huelgas, vigilias, piquetes y otros deben ser regulados en función del orden público y la convivencia social hacia la paz, la justicia el bienestar y el desarrollo de la comunidad.

Amigos de la Ciudad, institución cívica centenaria, propuso que nuestra ciudad, víctima de tan grande afectación por tantas décadas, debido ser Sede de Gobierno, sea compensada económicamente por el gobierno central como aconteció en Buenos Aires y Lima, para reparar así sea parcialmente los inmensos daños sufridos. La propuesta es digna de consideración.

La ciudad de La Paz merece un mejor futuro. El día en que tengamos autoridades dignas de ser tales, contemos con institución del orden respetable, ciudadanía tan consciente como participativa, instituciones paceñas sólidas y unidas, así como profesionales muy comprometidos con el desarrollo metropolitano, el panorama puede cambiar. Soñemos en grande, luchemos día a día y no perdamos la esperanza de tener una mejor ciudad.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360