lunes 23 de febrero de 2026

Bloqueos

Gobierno presenta denuncia formal contra Morales por terrorismo y otros delitos

El expresidente es acusado, entre otros delitos, por instigación pública para delinquir, atentado contra los servicios públicos y desobediencia a resoluciones constitucionales.
César Siles, ministro de Justicia. FOTO: ABI
César Siles, ministro de Justicia. FOTO: ABI

El Gobierno, a través del ministro de Justicia César Siles, presentó una denuncia contra Evo Morales por Terrorismo y otros siete delitos. Según la demanda, el expresidente dio instrucciones directas para que sus seguidores cometan esos hechos delincuenciales.

"Hemos presentado una denuncia por los delitos de acción pública, atribuibles, en primera instancia, al señor Evo Morales Ayma, a la señora Suseth Rodrígues y a quienes resulten encubridores de los hechos. Entre los principales delitos se encuentran Terrorismo, Instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y desobediencia a resoluciones constitucionales", informó Siles en puertas del Ministerio Público de La Paz.

El lunes 2 de junio, seguidores de Evo Morales iniciaron un bloqueo en las distintas carreteras, en especial en Cochabamba, porque exigen que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registre a su candidato presidencial, pese a distintas resoluciones y un referéndum que lo impiden.

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Siles explicó que esta medida de presión es un hecho delincuencial. Por eso, según la autoridad, "la denuncia también involucra un delito electoral, previsto en la Ley 026 del Régimen Electoral. Esto explica la decisión que tuvo Evo Morales de cercar La Paz y bloquear otras ciudades". "El delito es la obstaculización de los procesos electorales", agregó.

Esta norma establece que la persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referéndums o revocatorias de mandato o que las autoridades o sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos, será sancionado con una pena privativa de libertad de dos a cinco años.

La autoridad agregó que se pidió que al Ministerio Público que actúe con celeridad, que arme una comisión de fiscales.