Defensor reacciona ante instructivo del TSJ y recuerda que el 58% de los privados de libertad son detenidos preventivos

Ante el instructivo que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  para que todos los tribunales departamentales de justicia verifiquen el cumplimiento de plazos de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y del dirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, el defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, recordó que el 58% de los privados de libertad son también detenidos preventivos.

“A junio de 2025 el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”, escribió en su cuenta en la red social X, post que acompañó con una captura del instructivo del TSJ.

“Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, complementó.

Tras la instructiva del TSE, el viernes, su presidente, Romer Saucedo, explicó que la revisión debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde que los jueces reciban la orden. Dijo que la finalidad es verificar si se están respetando los plazos legales para mantener la detención preventiva de estos tres exlíderes políticos, que con la instrucción podrían recuperar su libertad.

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La resolución expone como argumento el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3, numerales 2, 3, 4 y 12 y en marco de las atribuciones legales conferidas en el art. 40 numeral 4 de la Ley 025 (ley del Órgano Judicial), siendo una facultad privativa de la Presidencia del TSJ el “velar por la correcta y pronta administración de justicia en todos los Tribunales Departamentales y juzgados públicos del Estado Plurinacional”.

La acción se fundamenta en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos que garantizan que las personas detenidas tengan un juicio justo y que no se prolongue innecesariamente la prisión preventiva.

Dicha instrucción determina que, para efectos de su materialización, a través de los jueces que ejercen control jurisdiccional en cada uno de los procesos citados, “realicen inclusive de oficio la verificación de lo ahora dispuesto, procediendo a resolver lo que en derecho corresponda”.

El abogado del gobernador cruceño, Martín Camacho, dijo se ha tomado “con alegría” la disposición por el TSJ porque “permite que se restituya el estado de derecho”, que ahora “actúa de manera independiente y razonable”.